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Editorial: Gobernador tras las rejas

Editorial: Gobernador tras las rejas

El país –mejor decir, la sociedad– no deja de sorprenderse por los repetidos escándalos del contubernio entre políticos y las organizaciones ilegales. Ahora el turno le ha tocado a La Guajira.

En un accidentado operativo que revela la precaria institucionalidad que aún existe en esa zona del país –se habla de que habitantes del municipio de Barrancas y la misma Policía se enfrentaron al CTI de la Fiscalía–, el polémico gobernador Francisco ‘Kiko’ Gómez fue detenido este fin de semana por su supuesta responsabilidad en tres homicidios y otros crímenes cometidos por los grupos paramilitares y las bandas criminales.

Se trata de un desenlace anunciado, dado el alcance de los cuestionamientos que pesaban y pesan sobre Gómez desde hace varios años. Investigado por tráfico de armas, su aspiración a la Gobernación hace dos años generó numerosos reparos y alertas que, sin embargo, no le impidieron tener un holgado triunfo en las urnas.

Terminó elegido por Cambio Radical, partido que hace apenas unos días había decidido expulsarlo tras un lento proceso –desde la misma época de la campaña ha habido fuertes controversias internas sobre el aval dado al candidato– que determinó que Gómez no cumplía con sus estándares éticos.

El escandaloso caso –además con desarrollo poco menos que tenebroso, como el que viene teniendo– obliga a hacer un nuevo llamado a los partidos para que, más allá de los cálculos políticos, cumplan con su deber de respaldar solo a los mejores y estudiar minuciosamente las hojas de vida de quienes aspiran a ser avalados. Es una forma de depurar la política.

La Procuraduría también acaba de llamar al Gobernador a juicio disciplinario por varios contratos, que superan los 50.000 millones de pesos y en los que hay graves indicios de corrupción. Gómez, ahora desde una cárcel, deberá dar sus explicaciones ante la Fiscalía y la Procuraduría.

Lo que el país espera, entonces, son investigaciones prontas, en las que, a la par de todas las garantías para la defensa, se proteja también el derecho de los guajiros a tener un mandatario libre de toda sospecha. Las sombras que rondan a Gómez desde hace más de 15 años no permiten tener hoy esa certeza.

En el expediente que lo tiene preso hay serios señalamientos sobre supuestos arreglos con los paramilitares de Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’. Pero no son menores las dudas acerca de su comentada cercanía con alias ‘Marquitos’ Figueroa, un oscuro poder criminal que aparece detrás del narcotráfico, el contrabando y varios de los más graves crímenes cometidos en ese departamento en los últimos años y que también estuvo largo tiempo a salvo de la mano de la justicia. Incluso, se investiga la responsabilidad de Figueroa en las amenazas contra varios periodistas e investigadores sociales que desde Bogotá venían cuestionando la situación de alta injerencia criminal en la administración pública que se vive en el extremo norte de la nación.

El caso de La Guajira es particular. A diferencia de lo que pasó en el resto del país, especialmente en la costa atlántica, las investigaciones de la ‘parapolítica’ no avanzaron allí hasta donde debían. Ese departamento, durante años uno de los más olvidados por el gobierno central, también lo ha sido para la justicia, que tiene con los guajiros una deuda pendiente, sin cuyo cumplimiento difícilmente empezará a romperse la cultura de lo ilegal que ha imperado allí por décadas. Pero nunca es tarde.

EDITORIAL

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