Editorial: Legalizar los bicitaxis

Editorial: Legalizar los bicitaxis

13 de octubre 2013 , 07:57 p.m.

Hace ya una década que por las calles y ciclorrutas del país circulan vehículos de tracción humana como alternativa de movilidad para quienes quieren recorrer trayectos cortos o se encuentran en sectores sin cobertura de los servicios de transporte público autorizados.

Su auge es evidente. No más en la capital se pasó de 450 que había en el 2004 a los alrededor de 5.000 triciclos de este tipo que, según los gremios, existen hoy. La anterior cifra, no obstante, es motivo de controversia: expertos la consideran exagerada. Difícil saber quién tiene la razón, en tanto su informalidad no permite llevar registros oficiales.

Puestas en la balanza ventajas y desventajas de los bicitaxis, son más las primeras: no contaminan, son económicos e ideales para cubrir distancias cortas, además de fuente de ingresos que no demanda mayor capital. Y están en sintonía con los nuevos paradigmas urbanos, entre ellos el del POT que acaba de expedir la administración de Gustavo Petro.

Es, por lo tanto, muy reprochable el desinterés sistemático del Estado, sea a nivel local o nacional, por incorporarlos a la legalidad. Ante esta situación ha ocurrido lo inevitable en casos así, y es la aparición de oscuras mafias que entran a sustituir, y de la peor forma, al Gobierno. Tantos años sin que se le preste atención al tema terminan por darles la razón a quienes le atribuyen esta desidia a la capacidad de cabildeo de otros gremios del transporte. Es innegable que las autoridades han mostrado un rigor contra los bicitaxis que muchos ciudadanos quisieran ver contra los abusos de algunos taxistas.

Hay que legalizarlos. Tiene razón José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, cuando asegura que ya se incorporaron a la ciudad, refiriéndose a Bogotá, y que no hay marcha atrás. Y no debería haberla. El camino debe ser formalizarlos para que se regule su oferta y se garantice la seguridad de conductores y usuarios.

Ya en la legalidad, lo siguiente sería su incorporación a los sistemas de transporte masivo. No puede ser que este servicio, que en otro contexto sería un ejemplo de innovación, reciba en Colombia, como única respuesta del Estado, su persecución.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com.co

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