Secreto

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01 de octubre 2013 , 07:32 p.m.

La Cancillería mantiene bajo reserva el acuerdo Colombia-Ecuador sobre fumigaciones. La razón resulta evidente: la publicidad del documento no haría más que agudizar las críticas al uso aéreo del glifosato.

La solución amistosa constituyó un logro que le ahorró al país una probable derrota jurídica ante la Corte Internacional de Justicia. Pero la Cancillería debe asumir el texto negociado de cara al país como lo que es: un tratado internacional sujeto a aprobación del Congreso y a control oficioso de constitucionalidad.

Se ha pretendido presentar esta negociación como un acuerdo simplificado mediante el cual Colombia entrega a Ecuador 15 millones de dólares a cambio del retiro de la demanda. Pero esto va mucho más allá de una simple transacción económica.

El acuerdo y sus dos anexos imponen a Colombia obligaciones que restringen su capacidad de acción en su propio territorio y, por sensatos que los compromisos parezcan, no pueden ser decididos por el Ejecutivo en solitario y menos en secreto.

Ellos incluyen la creación de una franja territorial colombiana de 10 kilómetros libre de aspersión aérea durante el primer año que, dependiendo de la revisión de los efectos sobre Ecuador, se podrá reducir a 5 kilómetros el segundo y a 2 kilómetros a partir del tercero.

Colombia acepta usar una fórmula específica de mezcla, solicitar el consentimiento previo de Ecuador en caso de cambio, comunicar líneas de aspersión, coordenadas y fechas con tres a diez días de antelación, limitar el tipo de las avionetas, la altitud de los vuelos y demás parámetros logísticos, así como conformar un grupo binacional de monitoreo.

En caso de una controversia no resuelta por vía diplomática en tres meses, se convino el establecimiento de un tribunal de arbitramento compuesto de un árbitro nombrado por cada una de las partes y un tercero elegido por la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

La Corte Constitucional ha señalado “con claridad, de manera consolidada y cada vez con mayor rigor, que los acuerdos simplificados solo tendrán validez si la norma habilitante reúne los requisitos establecidos en la Constitución y si se trata, materialmente, de un convenio de ejecución y no de un nuevo tratado internacional”. Así lo dictaminó en referencia al acuerdo complementario con Estados Unidos sobre bases militares (Auto 288/10).

¿Cuál sería la norma habilitante aquí? ¿Puede el país quedar sometido a un mecanismo de solución de controversias vinculante pero secreto?

Para colmo de males, el acuerdo podría generar un trato discriminatorio contra los colombianos. “A efectos de facilitar su acceso a nacionales de Ecuador, las partes convendrán un protocolo especial de quejas, expedito y sencillo para la atención de quejas en la frontera”, reza el texto firmado.

Bien se sabe que poco efecto han surtido las protestas de los compatriotas en la frontera y lejos están sus reclamos de obtener un tratamiento “expedito y sencillo”. ¿Resultará ahora que los ecuatorianos sí serán escuchados y los colombianos ignorados? A pesar del cuidado en la redacción, el acuerdo constituye un reconocimiento de culpa. Colombia “lamenta que las aspersiones hayan llegado ocasionalmente a territorio ecuatoriano” y “entiende el reclamo de la República de Ecuador que en dichas circunstancias hubieran podido generar un efecto nocivo”.

El desafío del Gobierno está en explicar por qué continúa fumigando de manera aérea con glifosato, único país en el mundo que aún lo hace. El camino no está en el silenciamiento del debate público.

Laura Gil

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