¿Otra vez paro agrario?

¿Otra vez paro agrario?

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30 de septiembre 2013 , 09:20 p.m.

El Gobierno se está exponiendo a un nuevo paro agrario. Los acuerdos a los que había llegado hace más de tres semanas con los distintos sectores para poner fin a la protesta no se están cumpliendo. Las medidas que se había comprometido a tomar siguen pendientes. El diálogo que se había propuesto en las mesas de trabajo no se está dando.

Eso es lo que se deduce de los comunicados a la opinión pública que está emitiendo Dignidad Agropecuaria Colombiana, que reúne a los sectores duros de la movilización agraria que hace varias semanas bloqueó al país. En su texto se revela que los constantes llamados de sus representantes para que el Gobierno cumpla con los compromisos pactados no encuentran respuesta. Hasta hoy no han recibido las explicaciones que justifican la demora en las decisiones acordadas o los cambios en las reglas de juego establecidas. Además, los altos funcionarios encargados de resolver los problemas o hacer entender las limitaciones que tienen para tomar esas decisiones inmediatamente, cuando no cumplen las citas, envían a subalternos sin representatividad ni capacidad de decisión.

El problema está en que, al firmar los acuerdos, el Gobierno no tuvo el suficiente rigor para pactar cosas que se pudieran cumplir, ni tampoco ha sido lo suficientemente cuidadoso como para evitar que las expectativas generadas llevaran a malentendidos.

Veamos dos ejemplos. 1) En el acuerdo suscrito el 6 de septiembre, se comprometió a expedir los decretos que establecen salvaguardias por dos años, para las importaciones provenientes de los países andinos y de Mercosur, en productos como papa (fresca y congelada), fríjol, arveja, tomate y leche en polvo, entre otros. Las salvaguardias son mecanismos fijados en los acuerdos comerciales, que se aplican cuando las importaciones de un país afectan de manera sensible a los productores nacionales. Los agricultores entendieron que la expedición de los decretos era inmediata. Y ningún alto funcionario se ha tomado el trabajo de ir a explicar que estas decisiones están sometidas a rígidos protocolos, lo que ha impedido que se puedan tomar de un día para otro.

2) El Gobierno se comprometió a crear una comisión intersectorial con el objetivo de “regular los precios de los insumos agrícolas y pecuarios”, sin considerar las limitaciones que tiene su operación. Es decir, no puede ser una comisión reguladora. Cuando más realizará estudios y recomendaciones en estas materias. Incluso, allí haría muy poco, pues tampoco podrá influir en la reducción de los precios de plaguicidas, fertilizantes y drogas veterinarias. Bien porque no puede actuar sobre los costos provenientes de la insuficiente infraestructura de vías, o bien porque el Gobierno no estará dispuesto a darse el lapo de afectar los beneficios de las grandes multinacionales o nacionales.

Quizá ante la magnitud del paro agrario, el Ejecutivo se vio obligado a ofrecer medidas imposibles, pero que garantizaran el levantamiento de los bloqueos y la protesta. Pero esta es una solución temporal. Más cuando los compromisos son manejados con alguna ligereza. Si se comprometió con decisiones que no puede cumplir, le va a tocar asumir los costos de haberlo hecho. Y la misma celeridad que demostró en la presentación de un proyecto de ley que criminaliza la protesta social debería utilizarla para cumplir con reorientar las cosas que aseguren la palabra empeñada.

La paciencia de los productores comienza a agotarse. En algunos sectores ya se está hablando de establecer una hora cero para retomar la protesta. Y ese es un lujo que el Gobierno no puede permitirse. Ya no por razones reeleccionistas. Lo que está en juego es la supervivencia de un sector crucial para la economía y la estabilidad política y social del país.

Pedro Medellín

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