Campesinos de Las Pavas denuncian quema de 'rancho' comunal

Campesinos de Las Pavas denuncian quema de 'rancho' comunal

Labriegos que disputan con palmera terrenos en sur de Bolívar culpan a empresa de seguridad.

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30 de septiembre 2013 , 10:52 a.m.

Campesinos que disputan la posesión de la Hacienda Las Pavas, en Peñón (sur de Bolívar), con una empresa palmicultora, denunciaron que varias personas lanzaron “bolas de fuego” e incineraron una choza que habían construido con madera y paja en los terrenos que se encuentran en proceso de extinción de dominio en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

Misael Payares, representante legal de la asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asobac), denunció que a la 1:00 p.m. de ayer domingo fue destruido el rancho donde almacenaban arroz, ropa, toldillos, hamacas y láminas de cinc.

“Responsabilizamos a la empresa de seguridad contratada por los palmicultores, pues esos hombres nos venían amenazando desde hace tres meses con que nos iban a quemar todo”, dijo el representante de las 120 familias que llegaron en 1997 a La Hacienda, que pertenecía a un tío del extinto capo Pablo Escobar.

Jiseth Banessa Estrada, abogada de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, dijo que hace dos meses la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada emitió un concepto donde no avalaba la presencia de esa empresa de seguridad.

Los terrenos, cerca de 3.000 hectáreas, pertenecían a Jesús Emilio Escobar Fernández, quien abandonó las tierras en 1993. Cuatro años más tarde, cerca de 120 familias ocuparon la hacienda (1.225 hectáreas) pero en el 2003 fueron desterradas por los paramilitares.

Entre diciembre del 2005 y enero del 2006, los desplazados regresaron paulatinamente a las parcelas y le solicitaron al Incoder que expropiara las tierras en un proceso que comenzó en junio del 2006, un año antes de que Escobar Fernández vendiera a palmicultores las 3.000 hectáreas del lugar.

Entre julio y agosto del 2006, los campesinos fueron desplazados de nuevo por hombres armados y en enero del 2009 retornaron a las parcelas.

La empresa palmicultora inició un proceso policivo y por fallo de un juez de Mompóx (Bolívar), que hizo efectiva Inspección de Policía del Peñón, el 14 de julio del 2009 fueron desalojados de los terrenos.

Los cultivadores regresaron el 4 de abril del 2011 y el 8 de abril de ese año la Corte Constitucional emitió un fallo en el que ordenó reabrir el proceso de extinción de dominio, reconoció a la comunidad como víctima y declaró ilegal el desalojo.

BUCARAMANGA

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