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La guerra que no ven

La guerra que no ven

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Nueva York. Los habitantes del pueblo de Los Reyes, en el estado mexicano de Michoacán, se horrorizaron el jueves con el hallazgo de tres cabezas humanas que narcotraficantes de la zona dejaron como advertencia para quienes apoyan a los grupos locales de defensa.

Ese fue el mismo día en que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, demandaba en las Naciones Unidas una nueva estrategia global contra las drogas. “No podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes”, dijo el mandatario centroamericano.

Hablando en el mismo escenario, el presidente Santos y su colega de Costa Rica, Laura Chinchilla, reforzaron la urgente necesidad de cambiar una política que, como todos sabemos, ha servido sobre todo para que los narcotraficantes se enriquezcan.

Por importantes que nos parezcan estas intervenciones, creo que no deben haber causado el más mínimo efecto en el seno de la ONU y mucho menos en el gobierno de Estados Unidos, principal promotor de la política antidrogas que se implementa a escala global. Tres cabezas más o tres cabezas menos no hacen ninguna diferencia cuando el mundo tiene vidas mucho más importantes que salvar en Siria o en Pakistán.

El coro de quienes demuestran con amplia evidencia que el combate antinarcóticos no ha avanzado un milímetro en los últimos 40 años no ha hecho sino aumentar, pero, a pesar de ello, eso que llamamos la “comunidad internacional” sigue inamovible, con lo cual la única conclusión es que los países que están a favor de la despenalización y la legalización tienen que actuar –y ya lo están haciendo– de manera coordinada entre sí, pero independiente de las naciones que siguen insistiendo en la represión como la única vía.

No es tarea fácil, porque tal como lo describe la Alianza de la Política sobre Drogas, una ONG con sede en Nueva York que busca que se reforme el modelo de la prohibición, mientras el fracaso de la actual política es “dolorosamente obvio” en términos de desperdicio de vidas, dinero y oportunidades, la solución es menos clara porque lo que funciona para un país no necesariamente funciona para todos.

Lo que ha conseguido esa insistencia en aplicar una única política de represión en todo el planeta ha sido precisamente convertir el narcotráfico en una franquicia que, en donde se instala, tiene garantizados los márgenes, y por lo tanto, el éxito.

Aunque la urgencia de trabajar para reducir no solo los efectos dañinos de la droga, sino también los de la guerra contra las drogas es indiscutible, no logra llegar a los oídos adecuados. Por eso, el movimiento está viniendo de países como Uruguay, que está experimentando alternativas a la prohibición, e, inclusive, de estados norteamericanos como Washington y Colorado, que, en contra de disposiciones de las Naciones Unidas, de las cuales Estados Unidos es país signatario, ya legalizaron la producción, distribución y venta de marihuana para los adultos.

También viene de la propia Organización de Estados Americanos, que en mayo pasado produjo un reporte a pedido de varios jefes de Estado, en el que estudia la legalización de la marihuana como posible alternativa. Eso es mucho más realista que esperar que el gobierno federal de Estados Unidos, que tiene 80 oficinas de la DEA en más de 60 países, acceda siquiera a sentarse a discutir si debe haber un cambio de estrategia.

La guerra contra las drogas compite en horrores con lo que pasa en Siria o Pakistán, pero pasa tan lejos de las vidas de la mayoría de los norteamericanos que ni siquiera la ven. Ya es hora de dejar de esperar que el tema entre en su agenda, o de esperar que asuman la responsabilidad moral que les corresponde por su papel como consumidores. Esa tarea, como muchas otras, nos va a tocar hacerla a nosotros.

Adriana La Rotta

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