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A la finca Luna Roja trasladarían a los Jiw

A la finca Luna Roja trasladarían a los Jiw

Comité de Justicia Tansicional en Puerto Concordia generó nuevos compromisos.

En manos de la comunidad Jiw, en principio, quedó la decisión que deben tomar para reubicarse en un terreno como lo dispuso la Auto 173 de la Corte Constitucional que protege los derechos de esta población indígena.

Así quedó establecido en los compromisos adquiridos este jueves en el Comité de Justicia Transicional Municipal que se cumplió en Puerto Concordia.

Las 200 familias que actualmente se encuentran en el predio Kikelandia quedaron con el compromiso de evaluar si la finca Luna Roja cumple con las condiciones para que puedan vivir y desarrollar proyectos productivos agrícolas, contó el padre José Crisanto Ramos, secretario de Víctimas y Derechos Humanos del Meta.

El compromiso se hizo, contó otra fuente que estuvo en el Comité, por la dificultad que se ha presentado para que los Jiw se pongan de acuerdo sobre el terreno donde los puedan reubicar.

En principio señalaron que les gustaba la finca Las Águilas y después que no, luego que se inclinaban por el predio El Porvenir y ahora dicen que tampoco les conviene.

El 3 de octubre se cumplirá una nueva reunión, en el que ya debe estar definido el tema con el propósito de que el Incoder y la Unidad Nacional de Víctimas se encarguen de adelantar los trámites de la compra del predio.

La Gobernación del Meta, adquirió el compromiso de continuar pagando el arriendo del predio Kikelandia, donde actualmente están, hasta el 31 de diciembre del presente año, como lo ha venido haciendo en los últimos cinco años, dijo el padre Ramos.

Cómo 16 de las familias de la comunidad Jiw, que actualmente viven en el área urbana de Puerto Concordia, no quieren regresar al área rural, el alcalde de ese municipio Arnaldo Celedón, se comprometió a incluirlas en un proyecto de vivienda en el que se van a construir 480 casas que se adelanta a través de una Asociación Público Privada (APP).

Ese proyecto de vivienda lo aprobó la Financiera de Desarrollo Territoral (Findeter), pero hacen falta algunos recursos para los que se pidió el apoyo de la Gobernación del Meta.

La comunidad indígena Jiw también pidió que se suscriba un documento escrito donde se les garantice la seguridad para su traslado.

REDACCIÓN LLANO SIETE DÍAS

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