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¿Por qué fallo de Corte golpea bolsillos de altos cargos del Estado?

¿Por qué fallo de Corte golpea bolsillos de altos cargos del Estado?

Los caminos que tiene el Gobierno para enfrentar impacto de sentencia que quita primas a empleados.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
18 de septiembre 2013 , 08:43 a. m.

La decisión tomada por el Consejo de Estado, que elimina el pago indiscriminado de dos primas -de vivienda y de salud- que aumentaban los ingresos mensuales de los congresistas en 7,9 millones de pesos no solo va a afectar a senadores y representantes, podría afectar a altos cargos del Estado. (Lea también: Altos funcionarios del Estado tendrían menos ingresos)

¿La razón? Varias normas y sentencias que daban aval a esos pagos ponían de referente los ingresos de los congresistas para fijar ingresos de otros altos funcionarios y de allí para abajo en la escala salarial.

Eso pasa, por ejemplo, con los magistrados de las altas cortes y las cabezas de los principales órganos de control. Por esa primera referencia, el fallo se extendería directamente a unos 1.900 funcionarios que reciben las remuneraciones más altas y que rondan o superan los 20 millones de pesos.

El problema es que los ingresos de las cabezas de cada Rama del Poder son la base, además, para fijar los salarios de funcionarios de niveles altos y medios en las diferentes instituciones.

El paro judicial que afectó la administración de Justicia el año pasado, por ejemplo, tuvo entre sus motivaciones el no pago de una nivelación salarial de miles de trabajadores con respecto a los ingresos de los magistrados de las altas cortes. Por esa vía, la sentencia podría afectar a entre 20 mil y 40 mil empleados públicos y de allí las alarmas disparadas en todo el Estado.

¿Qué caminos le quedan al Gobierno? Desconocer la sentencia no es posible, porque esta se ciñe a la ley y corrige una práctica irregular: las dos primas solo se pagarían cuando se demostrara su necesidad (de hecho no necesariamente todos los congresistas las perderían), pero el Congreso decidió hace años incluirlas como un pago normal más. Eventualmente, interpretar las normas para fijar como ingresos de referencia los de los congresistas que demuestren que sí requieren las primas, que son los que vienen de las regiones más alejadas y que no tienen vivienda en Bogotá, podría abrir un margen de maniobra.

Quedaría el camino legislativo, con dos dificultades: por un lado, tramitar una ley que mantenga los actuales ingresos, pero con los costos políticos y eventualmente jurídicos que esto tenga: muchos podrían interpretar que se está legislando en beneficio propio. Otra opción sería una ley que desamarre los ingresos de los otros funcionarios de los de los parlamentarios, derogando de paso normas que establecen que ningún funcionario, salvo el Presidente y los embajadores, pueden percibir más que un congresista. Sería una opción viable pero con poco futuro político en el Congreso.

El hecho es que la nueva bomba estalla porque, como sucede con las megapensiones que tumbó la Corte Constitucional en mayo, el Congreso se construyó un régimen de privilegios que después se fue extendiendo a otros sectores (especialmente a las altas cortes) y cuya corrección genera y generará traumatismos como el que se deriva de la orden de no pagar primas salariales no justificadas.

REDACCIÓN JUSTICIA

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