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Actos de violencia amenazan el éxito de la Ley de Víctimas: HRW

Actos de violencia amenazan el éxito de la Ley de Víctimas: HRW

La ONG revela informe sobre la difícil situación de los reclamantes de tierra en el país.

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Así lo plantea un informe de Human Rights Watch divulgado este martes, según el cual estos hechos pueden “sabotear” la iniciativa más importante en materia de derechos humanos del presidente Santos.

“A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos contra reclamantes de tierras, estas personas seguirán siendo asesinadas, amenazadas y desplazadas por exigir lo que es suyo”, aseguró José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch.

Estas observaciones están contenidas en el informe ‘El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia’ que en 233 páginas documenta asesinatos, amenazas y el desplazamiento forzado contra personas que intentan recuperar sus tierras.

De acuerdo con el documento, buena parte del problema radica en que los abusos contra familias que quieren recuperar sus predios casi siempre quedan impunes, “al igual que los delitos originales de expulsión y despojo de sus tierras”.

El informe de HRW fue elaborado a partir de investigaciones efectuadas entre febrero de 2012 y julio de 2013, que incluyeron cientos de entrevistas, más de 130 de ellas con reclamantes y líderes de restitución de tierras.

En el documento se reconoce el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional para proteger a los reclamantes con medidas como teléfonos celulares y escoltas.

“Pero hemos comprobado que, si bien se trata de medidas importantes, no han sido complementadas por acciones suficientes destinadas a que los responsables rindan cuentas por sus actos, lo cual resulta indispensable para poner freno al origen de las amenazas a la vida de los reclamantes y prevenir ataques”, agrega el reporte.

De acuerdo con el estudio, “la falta de justicia por estos delitos es una de las causas principales de los abusos que se producen actualmente contra reclamantes de tierras: los actores más interesados en conservar el control de las tierras despojadas a menudo continúan en libertad y pueden frustrar mediante actos de violencia el retorno de los ocupantes originarios”.

HRW señala que hasta el momento los grupos sucesores de los paramilitares (Bacrim) han sido los autores de gran parte de las amenazas y los ataques contra reclamantes y líderes de restitución de tierras. Pero también plantea que algunos terceros que se instalaron en las tierras o las adquirieron luego de que fueron expulsados sus ocupantes originarios, al igual que las Farc han atacado y hostigado a reclamantes en respuesta a sus exigencias de restitución.

“A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados reclamantes y consiga avances significativos en la desarticulación de

grupos sucesores de los paramilitares, muchas de estas familias sufrirán nuevas amenazas, episodios de desplazamiento y asesinatos. Y la iniciativa más importante del gobierno de Santos en materia de derechos humanos podría verse irreversiblemente desvirtuada”, señala el estudio.

Además, asegura estos nuevos incidentes de desplazamiento que se han dado “atentan directamente contra uno de los principios fundamentales consagrados en la Ley de Víctimas: las garantías de no repetición”.

Las propuestas

Para Human Rights Watch, si Colombia no adopta medidas adicionales para poner freno a los abusos, es probable que el problema se agrave, pues considera predecible que el nivel de amenazas y violencia aumente a medida que se avance con el proceso de restitución.

Plantea que la Fiscalía debería trabajar más en colaboración con las autoridades que intervienen en la restitución de tierras para perseguir “enérgicamente” los delitos cometidos contra los reclamantes.

“Deberían coordinar sus actividades para poder aprovechar la concentración de denuncias relativas a casos relacionados. Esto permitirá a las autoridades judiciales efectuar investigaciones sistemáticas de los desplazamientos forzados, despojos, amenazas, asesinatos y otros abusos contra desplazados que reclaman tierras”, señala el estudio.

Pero también señala la necesidad de que el gobierno colombiano redoble los esfuerzos por desarticular a los grupos sucesores de paramilitares, especialmente erradicando los vínculos corruptos que mantienen con funcionarios locales de algunas regiones.

De acuerdo con Human Rights Watch durante año y medio realizó investigaciones in situ que incluyeron entrevistas con más de 250 reclamantes y líderes de restitución de tierras y funcionarios públicos. Los investigadores documentaron abusos contra víctimas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, y también de Bogotá, que intentaban recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución.

Agrega que documentó 17 casos de asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras ocurridos desde 2008, en los cuales perdieron la vida 21 personas, y cuyas circunstancias ofrecen evidencias convincentes de que los ataques se debieron al activismo de las víctimas.

También que documentó más de 80 casos de reclamantes de tierras que habían recibido graves amenazas, y más de 30 nuevos casos de desplazamiento, en los cuales los reclamantes debieron abandonar su hogar una vez más tras sufrir abusos vinculados con sus intentos de restitución o activismo.

Las causas

De acuerdo con HRW, Colombia no ha adoptado medidas suficientes en tres aspectos que constituyen la raíz misma de la violencia y las amenazas contra reclamantes de tierras y líderes:

1. La rendición de cuentas por amenazas y ataques dirigidos contra reclamantes de tierras en respuesta a sus iniciativas de restitución ha sido escasa. Por lo tanto, la disuasión respecto de la comisión de tales delitos es escasa.

2. Las autoridades judiciales casi nunca juzgan a los responsables de los incidentes originales de desplazamiento forzado y despojo. Esto expone a los reclamantes a la posibilidad de sufrir ataques, en tanto implica que las personas, los grupos o las mafias delictivas interesadas en mantener el control de las tierras despojadas no están bajo el escrutinio de las autoridades y pueden más fácilmente intentar impedir la restitución mediante actos de violencia e intimidación.

3. El Estado colombiano no ha desarticulado eficazmente a grupos sucesores de paramilitares en distintas regiones del país, lo cual permite que esas organizaciones continúen cometiendo abusos contra reclamantes.

Cifras de HRW

De las más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la principal unidad de la Fiscalía que se ocupa de estos delitos en toda Colombia, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena.

En enero, esta unidad de la Fiscalía había conseguido en total apenas cinco condenas en casos de desplazamiento forzado ocurridos en Antioquia, Bolívar, Cesar, Meta y Tolima, en ese entonces los cinco departamentos de Colombia con mayor cantidad de solicitudes de restitución de tierras, y donde al menos 1,7 millones de personas han sido desplazadas desde 1985, según datos proporcionados por el gobierno.

A través de datos oficiales obtenidos mediante solicitudes de información se observó que estos casos documentados de asesinato, amenazas y nuevos desplazamientos conforman un patrón mucho más amplio.

En agosto de 2013, la Fiscalía General de la Nación informó que estaba investigando 49 casos de asesinatos de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” cometidos en la mitad de los 32 departamentos de Colombia desde el año 2000. Estos casos reportados incluían 56 homicidios.

Desde enero de 2012, más de 500 reclamantes y líderes de restitución de más de 25 departamentos han informado a las autoridades que recibieron amenazas. Las autoridades han determinado que más de 360 reclamantes y líderes amenazados se encuentran en una situación de “riesgo extraordinario” debido a sus actividades vinculadas con la restitución de tierras.

REDACCIÓN POLÍTICA

 

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