El 'ventilador' de Camilo Bula en el escándalo de Estupefacientes

El 'ventilador' de Camilo Bula en el escándalo de Estupefacientes

Testificará contra Myriam Paredes, Elmer Arenas, una exfiscal antimafia y funcionarios de la DNE.

16 de septiembre 2013 , 12:00 a.m.

Luego de casi cuatro meses de negociaciones, la Fiscalía aceptó concederle un principio de oportunidad a Camilo Bula Galiano, exliquidador de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y ahora potencial testigo contra presuntos implicados en el saqueo de esa entidad, encargada de manejar los bienes incautados a la mafia.

En el acuerdo, que debe ser avalado en nueve días por un juez de garantías, Bula se comprometió a entregar evidencia que compromete a 26 personas, entre ellas a la senadora conservadora Myriam Paredes y a los exsenadores Javier Cáceres y Luis Elmer Arenas.

Bula, preso actualmente en La Picota, dice tener pruebas de cómo los tres se beneficiaron de las asignaciones o ventas de narcobienes, directamente o a través de terceras personas.

Al exsenador de ‘la U’ Elmer Arenas –a quien menciona por primera vez– lo acusa de tráfico de influencias, peculado y concierto para delinquir. Según dice, habría recibido 80 millones de pesos para la asignación de un contrato a Seviconi, una reputada empresa de seguridad barranquillera que incluso le ha prestado sus servicios a la Fiscalía.

“Bula pidió que se revisaran las entradas del excongresista Arenas a la sede de la Dirección de Estupefacientes”, le dijo a EL TIEMPO uno de los investigadores.

A la senadora Paredes –cuyo caso está en la Corte Suprema, por ser aforada– también la involucra con el cobro de comisiones por la instalación de rejas en el hotel El Prado, de Barranquilla, y por un contrato con una firma a la que identifica como América Air.

“La representante legal de esa firma es Issa María”, le dijo Bula a la Fiscalía. Incluso, se atrevió a decir que parte de esa plata –200 millones de pesos– fue utilizada por Paredes para pagar compromisos electorales.

La ‘nómina’ de Cáceres

“A ese tipo no lo conozco, y tampoco a esa firma. Eso raya en la infamia, y detrás de esas declaraciones hay un interés político”, le dijo a EL TIEMPO la senadora Paredes. Y agregó que va a acudir a la Fiscalía a denunciar a Bula: “Es un delincuente que quiere obtener beneficios mancillando a otras personas”, dijo.

Bula también asegura que el exsenador Cáceres –preso por ‘parapolítica’– recibía un porcentaje mensual por un contrato de seguridad con la empresa Superior.

Además, que manejaba una nómina paralela en Promocom, firma a través de la cual Bula administró los narcobienes del clan Nasser, quienes también son mencionados en el principio de oportunidad.

El siguiente en la lista de señalados es el exdirector de la DNE Carlos Albornoz, a quien la Procuraduría acaba de inhabilitar por 14 años por irregularidades en la entrega de narcobienes.

De él, asegura que obtuvo jugosas comisiones derivadas de la venta y asignación de narcobienes, como las haciendas Casa Blanca y Cuba y las empresas Farmacoop y Coopservir (ligadas con el cartel de Cali).

Lo involucra, además, con la asignación irregular de varios bienes del clan Grajales, incluidos dos gigantescos locales en Bogotá.

Bula pidió la revisión de las cámaras de seguridad del apartamento de Albornoz y de un banco, como evidencia de que la compradora de uno de esos bienes –a quien identifica como Isabel Cristina Vega– le habría entregado 200 millones de pesos.

Y agregó que el ingeniero David Neira, amigo de Albornoz, participó en esos negocios y que debe ser investigado por lavado de activos y tráfico de influencias.

Hace 20 días, cuando EL TIEMPO reveló la mención de Neira en este escándalo, este admitió su amistad con Albornoz y nexos con personas vinculadas a la DNE.

Pero –al igual que Albornoz– negó cualquier delito o irregularidad relacionada con narcobienes.

La depositaria y la fiscal

Sin embargo, reconoció que les había sugerido a varias personas presentarse como depositarias de narcobienes. Entre ellas a la abogada Claudia Betancourt, a quien conoció como asesora del congresista Germán Varón (cuando fue personero) y del exsenador Luis Humberto Gómez Gallo.

La Corte Suprema ya había indagado a Betancourt –dentro del expediente que le archivó al senador Eduardo Enríquez Maya–, pero ahora Bula dice que ella era “la caja mejor de Albornoz”.

La Fiscalía verifica la veracidad de ese señalamiento, así como del que Bula hizo en contra de una destacada exfiscal antimafia que luego pasó a la Contraloría General: Marcia Rodríguez.

Dice que Albornoz le dio un contrato a un cuñado de la Fiscal para que ella lo ayudara a librarse de un proceso instaurado por un contradictor: Isidoro Medina.

“El propio Bula me asignó ese caso cuando coordinó la Unidad de Lavado. Pero simplemente tienen que auscultar en qué terminó ese proceso y cómo fue fallado en derecho. Dicté un inhibitorio a favor de Medina, y si quieren lo pueden entrevistar”, dijo la exfiscal, quien ya sabía que la habían mencionado.

Y agregó que esta es una cacería de brujas y que hace años no tiene ninguna relación directa con su cuñado.

Al respecto, una fuente de la Fiscalía señaló que aún hay muchas cosas de las que dijo Bula que no cuadran y que si miente u oculta cómplices perderá beneficios.

Por ahora, según el vicefiscal Jorge Perdomo, si un juez acepta el principio de oportunidad, al exdepositario no se lo procesaría por delitos menores. Pero seguirá siendo investigado por concierto para delinquir.

La hija del senador Cáceres dijo que no sabía quién defendía a su papá. Y el exsenador Arenas no respondió los mensajes.

Otros en la lista del exdepositario

Aunque el listado oficial que conoció EL TIEMPO solo menciona a personajes con alguna dignidad o cargo, la colaboración de Camilo Bula involucra a 26 personas en total. Fuentes de la Fiscalía accedieron a dar otros nombres, por ejemplo, el de Edwin Lubo, revisor Fiscal de Promocom. De Lubo dice que nunca le objetó los estados financieros ni las ventas de bienes que ahora investiga la Fiscalía. Además, que estampó su firma aceptando y avalando la contabilidad.

Al respecto, EL TIEMPO estableció que Lubo denunció a Bula por esos manejos. En el principio de oportunidad, tal como lo reveló el vicefiscal Jorge Perdomo, también figuran varias inmobiliarias, incluida la reputada Salomón Sales. Sobre esta empresa, Bula asegura que subastó un bien de los Nasser a bajo precio y que el clan logró recuperarlo a través de testaferros. En ese capítulo menciona a la particular María Chalela.

Entre las inmobiliarias bajo la lupa, también aparece mencionada Gavel. De esta, Bula dice que le pagaba comisiones de venta a Carlos Albornoz, y exige que se investigue a su representante, Jorge Iván Velásquez, a quien además acusa de quedarse con bienes de la DNE. De hecho, el exdepositario dice que puede probar que Velásquez le vendió una casa en el antiguo camino de Suba que administró la entidad. Por las mismas conductas señala al representante legal de Araújo y Segovia, Luis Hoyos, y al de la inmobiliaria Bienco, César Giraldo. En la lista también está un actual funcionario de la DNE: Orlando Melo quien dice haber hecho nombrar durante la administración de Omar Figueroa. “Las imputaciones iniciales van a ser contra los representantes de las inmobiliarias Araújo y Segovia, Salomón Sales y Gavel. Los delitos por los que vamos a imputar son de cohecho y concierto para delinquir. La mayoría tiene su actividad en la región Caribe”, indicó Perdomo. Y agregó que están valorando la necesidad de dictar o no medidas de aseguramiento. Desde la semana pasada, EL TIEMPO intentó hablar con el penalista Iván Cancino, abogado de Bula, para conocer a quién más está señalando y qué pruebas tienen en cada caso. Pero no ha sido posible ubicarlo.

Lo que ya está claro es que Bula no solo se ha comprometido a servir de testigo en varios procesos sino que, además, va a devolver algunos bienes que ha recibido de forma irregular, ubicados en Cartagena, Cundinamarca y en el condominio El Peñón, cerca de Girardot.

UNIDAD INVESTIGATIVA
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