Alta tensión entre las cabezas de la Fiscalía y órganos de control

Alta tensión entre las cabezas de la Fiscalía y órganos de control

Inspección de la Fiscalía a sede de la Contraloría, último capítulo de una serie de choques.

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14 de septiembre 2013 , 10:51 p.m.

Dos magistrados de la Corte Suprema tumban, al fallar una tutela interpuesta por el Fiscal General, el juicio de la Contraloría contra tres magistrados de la Judicatura salpicados por el escándalo del ‘carrusel’ de pensiones.

La Fiscalía se toma dos veces la sede de la Contraloría para investigar denuncias de supuestos sobrecostos en el arriendo del edificio (2.500 millones de pesos al mes), y si ese organismo tenía aparatos para ‘chuzar’ comunicaciones. Simultáneamente, el vicefiscal Jorge Perdomo le abre una investigación a la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda por haber archivado el proceso disciplinario contra la secretaria de la Judicatura Yira Olarte, una de las fichas claves del ‘carrusel’. Y el fiscal Montealegre le advierte a la Comisión de Acusación que actuó contra las pruebas al cerrar el caso contra los magistrados mencionados en ese escándalo.

Todo esto pasó en la última semana. Aunque el país se ha acostumbrado a las publicitadas polémicas ideológicas y jurídicas entre el fiscal Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez por temas como el proceso de paz y el matrimonio gay, lo cierto es que esas diferencias son menores comparadas con las que tienen el fiscal Montealegre y la contralora Sandra Morelli.

Desde abril del año pasado, cuando el Consejo de Estado se pronunció en el caso del ‘carrusel’ de las pensiones y dijo que la Contraloría podía investigar fiscalmente (si los funcionarios cuidan o no la plata del Estado) a los magistrados, Montealegre advirtió que por esa vía se podría llegar incluso a destituir al Presidente de la República. Precisamente, su tutela apuntaba a que el fuero de los altos funcionarios era integral y a que solo la Comisión de Acusación puede procesar a magistrados, Presidente, y al propio Fiscal. Es un punto que comparten muchos constitucionalistas pero que en la práctica conduce a que a los altos funcionarios nadie los ronde, por la conocida ineficiencia de esa Comisión.

La Contraloría inició un proceso sancionatorio contra Montealegre porque supuestamente se demoró en entregar información sobre la gestión económica de su entidad. El caso se cerró, pero la tutela siguió adelante.

Relación protocolaria

Morelli se ha quejado de que el ritmo de las investigaciones de la Contraloría no se refleja en las de la Fiscalía, a pesar de que se trata de los mismos hechos. El proceso de Saludcoop, que tiene en juicio fiscal por dos billones de pesos a Carlos Palacino, cabeza de esa EPS, es uno de esos casos. Otro capítulo de las diferencias entre los dos altos funcionarios se dio en octubre del año pasado, cuando el Fiscal pidió públicamente perdón al exdiputado Sigifredo López por los tres meses que estuvo preso, señalado de participar en su propio secuestro.

Morelli dijo que ese acto de perdón, aunque loable, “seguramente será utilizado el día de mañana para condenar a la Nación”. Y remató diciendo que los responsables del error debían buscar una conciliación, “pero con sus propios recursos y no con los del Estado”.

Fuentes cercanas a los dos altos funcionarios señalan que sus relaciones se limitan a “saludos protocolarios”. Paradójicamente, aunque las dos instituciones comparten la hipótesis de que en el ‘carrusel’ de pensiones hubo actuaciones irregulares de magistrados, la tutela de Montealegre tumba la investigación más adelantada en ese caso, que era la de la Contralora. La Fiscalía avanza en los procesos contra exmagistrados auxiliares que multiplicaron irregularmente sus pensiones y contra Yira Olarte, la ficha de la Judicatura absuelta por la viceprocuradora Castañeda en una decisión que, dice la Fiscalía, podría constituir un delito.

La inspección judicial del miércoles al edificio de la Contraloría, realizada por más de 30 miembros de la Fiscalía, calentó de nuevo el enfrentamiento. Una de sus conclusiones fue que “no se hallaron equipos aptos para interceptar comunicaciones”. El viernes, la Fiscalía volvió a la sede, a recoger videos de seguridad, al parecer para establecer si en los últimos días sacaron de allí equipos electrónicos.

Polémica
‘Taxímetro’ de carrusel de pensiones va en 15.000 millones

A solo cuatro días de que arrancara el juicio fiscal contra dos magistrados titulares y varios exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el escándalo del ‘carrusel’ de pensiones, dos magistrados de la Corte Suprema frenaron en seco ese proceso.

La polémica decisión la tomaron Gustavo Enrique Malo y Luis Guillermo Salazar, quienes le ordenaron a la Contraloría que se abstenga de iniciar o proseguir procesos fiscales contra funcionarios con fuero.

La Contraloría le acaba de remitir sus actuaciones a la Comisión de Acusación, que hasta ahora no ha movido los procesos penal y disciplinario por el escándalo.

Mientras tanto, el ‘taxímetro’ del carrusel va ya en casi 15 mil millones y sigue contando, porque las pensiones conseguidas por los auxiliares que estuvieron apenas semanas en la Judicatura no han dejado de pagarse.

Esta semana, Yira Olarte se negó a informarle a la Contraloría la situación laboral de varios magistrados auxiliares que también corresponderían al ‘carrusel’, y lo hizo esgrimiendo la tutela decidida por Malo Fernández y Salazar. Ahora, la Corte Constitucional debe decidir si la Contraloría es o no competente.

REDACCIÓN JUSTICIA

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