La afirmación más rotunda del pronunciamiento del presidente Santos es que el fallo de La Haya no es aplicable. Sin embargo, el Presidente añadió una aclaración complementaria: que el fallo se aplicaría cuando se logre un tratado. Y es allí, a una negociación con Nicaragua, donde tendrá que llegar el país más temprano que tarde.
Con la primera tesis, Santos trató de ponerse en sintonía con el sentimiento de frustración y rabia de los isleños, con la indignación que el fallo ha suscitado en el país, así como con la posición de no acatamiento, asumida por el expresidente Uribe y sus seguidores.
Que los isleños estén inconformes con el fallo es comprensible y justificado. Son los más directa y gravemente afectados, y no fueron tomados en cuenta en todo el litigio. Algo similar se puede decir del resto de colombianos, a quienes los sucesivos gobiernos mantuvieron al margen del proceso y a los que el actual les envió un mensaje triunfalista en vísperas del fallo.
Pero que Uribe haya salido a reclamar el rechazo de un fallo que él mismo se comprometió a acatar en la Cumbre de Río del 2008 –de cara al presidente Ortega y frente a los presidentes y televidentes de América Latina y el Caribe– resulta incomprensible. Tanto más cuanto que, de los once años que duró el proceso, ocho transcurrieron bajo su mandato, y que en el 2007, siendo Presidente, no advirtió al país de tres hechos en los que ya se presagiaba la sentencia final.
En ese año, al fijar los límites entre Nicaragua y Honduras, la Corte desconoció el tratado de límites ya existente entre Colombia y Honduras; asimismo, la Corte negó el carácter de límite al meridiano 82 y se declaró competente para delimitar el mar; y, en respuesta, bajo el mismo gobierno de Uribe, Colombia sugirió trazar una línea media entre el archipiélago y la Mosquitia y dar así por sentado, entre otros, que el meridiano 82 y el banco pesquero Luna Verde estaban en discusión.
¡Y ahora el expresidente y quien fuera su vicepresidente van a las islas a clamar por la recuperación de esa zona por vía militar! Amenaza también el expresidente con que, si se acoge el fallo, el archipiélago se independiza. Parece ignorar que la inconformidad de los isleños tiene otras razones, viene de mucho tiempo atrás, se exacerbó con las delimitaciones y el fallo, y no se aplaca con el desacato.
La tesis que el presidente Santos enfatizó en su discurso, de que el fallo no es aplicable, ha obtenido el mayor eco en la opinión. Pero, al exaltar el nacionalismo, esta negativa altisonante podría arrastrar al Gobierno a la trampa de la “no aplicabilidad absoluta”, léase no acatamiento, predicada por Uribe.
No sobra ponderar los graves efectos que esa posición de desacato acarrearía. No se reducen solamente a los “treinta años de tensión” que anuncia el expresidente en tono displicente. Aleja la posibilidad de garantizar los derechos vitales de los isleños y de resolver los problemas que generó el fallo al fragmentar el archipiélago y la reserva de biosfera.
Traería consigo, además, un costoso aislamiento en la región, como aquel al que su gobierno sometió al país, y sería un golpe al derecho internacional en favor de la fuerza. También prolongaría el diferendo y hasta lo podría convertir en un grave conflicto entre una Colombia cercana a Estados Unidos y la Otan, y una Nicaragua apoyada por el Alba y afín a los intereses de China y Rusia en la zona.
Lo urgente es abrirle paso a lo que el presidente Santos anunció en tono menor: la necesidad de llegar a un acuerdo. El fin del diferendo limítrofe permite defender los derechos nacionales, en especial de los isleños, construir vecindad en el mar, garantizar su protección y aprovechamiento sostenible e integrar el Caribe.
