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Editorial: El pacto por el agro

Editorial: El pacto por el agro

 Ayer, tal y como se había anunciado, el propio Juan Manuel Santos puso en marcha la construcción del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, mediante el cual se pretende diseñar una política de Estado que permita el avance del campo colombiano, al igual que una mejora sustancial de la calidad de vida de sus habitantes. Como es bien sabido, la búsqueda de un acuerdo en torno a este asunto fundamental nació de la seguidilla de paros que en los últimos días de agosto impidió el normal desarrollo de las actividades en múltiples puntos del territorio nacional.

Con ocasión de la invitación hecha por el mandatario, en Bogotá se dieron cita decenas de representantes de gremios, asociaciones de productores y ciudadanos del común, aparte de gobernadores y funcionarios del Ejecutivo. Dado el carácter abierto de la convocatoria, la concurrencia bien podría calificarse de variopinta, tanto en su composición como en sus intereses.

Ahora, tras el arranque de las deliberaciones, viene un capítulo menos espectacular y más monótono, como es el de la conformación de las diferentes mesas de trabajo, cuya labor podría tardar meses. Con el fin de que el proceso no termine en una gran frustración, este necesita tener un hilo conductor, así como un liderazgo, que, sin imposibilitar la libre discusión de los temas, debe impedir que el debate se desordene o, peor aún, se politice.

Dicha advertencia es válida en la medida en que más de un dirigente quiere pescar en el río revuelto del descontento. Pero aquí –parafraseando la reconocida sentencia– no se trata de pensar en las próximas elecciones, sino en las generaciones actuales y futuras, que ven cómo el sector rural en Colombia es víctima de un inmenso atraso y una profunda desigualdad, la cual se expresa en tasas de pobreza y miseria que merecen el calificativo de vergonzosas.

En tal sentido, una buena política tiene que partir de un análisis realista de la situación, en el que se ventilen las verdades a medias que se han escuchado. Por ejemplo, no estaría de más que se estudie con cifras el impacto de los tratados de libre comercio sobre la realidad de diversos cultivos, una cuestión que se ha satanizado más por razones ideológicas que de conveniencia.

No menos importante es tener en cuenta lo que viene de atrás. Para citar un par de casos, la administración actual no solo sacó adelante la ley de víctimas y tierras, que es un instrumento poderoso para corregir los casos de despojo, sino que tiene el borrador de un proyecto de ley de desarrollo rural que se ha enredado en la maraña de las consultas previas, pero que debería constituirse en una piedra angular de cualquier política.

Tampoco se puede hacer caso omiso de lo que se ha discutido en La Habana con las Farc. Ayer, el propio Santos reveló los puntos acordados en el tema uno de la agenda con el grupo guerrillero, que abarcan asuntos de sentido común, como un programa de formalización masiva de la propiedad y otro de distribución gratuita de tierras, la formación y actualización del catastro rural y la delimitación de la frontera agrícola.

Así las cosas, es evidente que el camino que empezó a recorrerse ayer puede describirse como una gran oportunidad de pagar la deuda histórica que tiene la sociedad colombiana con el campo y sus pobladores. Debido a ello, hay que hacer votos por que las deliberaciones avancen sin prisa, pero sin pausa, y teniendo como meta hacer de Colombia un país más próspero y equitativo.

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