Editorial: Un fallo inaplicable

Editorial: Un fallo inaplicable

10 de septiembre 2013 , 07:25 p.m.

 Han pasado diez meses desde cuando se conoció la sentencia de la Corte de La Haya, originada en la demanda instaurada por Nicaragua a comienzos del siglo y referente a la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia. Como es bien conocido, la determinación del alto tribunal ratificó el dominio colombiano sobre islas, islotes y cayos, pero significó la pérdida de cerca de 70.000 kilómetros cuadrados de mar de zona económica exclusiva.
Desde ese entonces es mucho lo que se ha escrito en torno a lo sucedido. Buena parte de los análisis se han concentrado en llorar sobre la leche derramada y en debatir qué habría pasado si en su momento se hubieran tomado caminos diferentes. Si bien tales ejercicios son interesantes desde el punto de vista académico, lo importante ahora es definir la hoja de ruta para lo que viene.

En eso consistió precisamente la aplaudida intervención del presidente Juan Manuel Santos la noche del lunes. En forma pausada, el mandatario presentó los cuatro ejes de la que denominó una “estrategia integral”, en la cual se incluyen las acciones en manos del Gobierno con respecto a la sentencia de la Corte. Cada uno de esos elementos fue diseñado con el apoyo de especialistas en la materia, tras escuchar las opiniones de expertos locales y extranjeros. También, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores tuvo la oportunidad de comentar en profundidad el asunto.

El nuevo esquema –que generó múltiples expresiones de apoyo– parte de reconocer una verdad de a puño: el fallo es inaplicable, dadas las restricciones que impone la Constitución. Esta especifica que los límites de Colombia solo pueden ser modificados por tratados aprobados por el Congreso y avalados por el Ejecutivo. Por tal motivo, a menos que se llegue a un acuerdo con Managua y que se surta el trámite correspondiente, es obligación de las autoridades hacer respetar las que Bogotá considera sus fronteras legítimas.

Adicionalmente, se debe destacar la expedición de un decreto que establece el criterio de zona contigua integral, existente en el derecho del mar. Con base en este, a las 12 millas náuticas de mar territorial que genera cada isla, islote o cayo, se les debe adicionar otro tanto, gracias a lo cual se preserva la unidad del archipiélago y se permite ejercer jurisdicción en la zona en lo que atañe a materias de seguridad, fiscales, aduaneras, ambientales, de inmigración y sanitarias.

No menos trascendental es el propósito del Gobierno de proteger la biodiversidad en el área y particularmente la reserva Seaflower, declarada por la Unesco como zona protegida. Dadas las intenciones de Nicaragua de permitir la búsqueda de hidrocarburos, es necesaria una reacción que incluiría a otros países, como Panamá, Costa Rica y Jamaica.

Por último, también es clave la medida que une las plataformas continentales de San Andrés y Cartagena, con lo cual queda claro que el territorio colombiano es uno solo y no se puede fraccionar. Dicha postura era necesaria, dada la intención nicaragüense de volver a La Haya con el fin de buscar aún más mar.

Así las cosas, Colombia puede afirmar que no desconoce lo dicho por la Corte, pero se encuentra impedida para ponerlo en práctica. En consecuencia, la manera de proceder es buscar un diálogo con Managua para que, en un escenario de cooperación, se pueda llegar a esquemas que reconozcan las realidades de ambas naciones y el bienestar de la población sanandresana, algo que, si se persevera en la línea trazada, acabará sucediendo.

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