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¿Cuál es el precio de la paz?

¿Cuál es el precio de la paz?

Santos eligió el camino políticamente más difícil: buscar un acuerdo negociado.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
07 de septiembre 2013 , 07:15 p. m.

La relación entre paz y justicia es, desde hace tiempo, tema de un arduo y conflictivo debate. Algunos argumentan que el afán de justicia puede ser un obstáculo en la búsqueda de soluciones a los conflictos, mientras que otros (entre ellos Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional) afirman que la justicia es un prerrequisito para la paz.

Esta cuestión debería ser objeto de una cuidadosa consideración de parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en momentos en que dirige las conversaciones de paz más prometedoras que haya habido en su país, tras cinco décadas de brutal conflicto con las Farc.

Un modelo ideal de aplicación de justicia posconflicto puede hallarse en los juicios de Núremberg, celebrados tras la rendición incondicional de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se trata de conflictos que terminan sin vencedores ni vencidos, la tarea del pacificador es más compleja, ya que en estos casos lo que está en juego puede obligar a elegir entre la reconciliación y la búsqueda de responsabilidades.

Desde 1945, la historia nos muestra más de 500 casos de transiciones posconflicto que incluyeron amnistía; y desde los 70, al menos 14 Estados –entre ellos España, Mozambique y Brasil– otorgaron amnistías a regímenes culpables de graves violaciones a los derechos humanos. En Sudáfrica, la amnistía fue clave en el proceso de ‘verdad y reconciliación’ que hizo posible poner fin a más de cuatro décadas de gobierno de la minoría blanca y lograr una transición pacífica hacia la democracia.

Puede citarse también lo ocurrido en el 2003, cuando el Presidente de Nigeria asiló a su homólogo de Liberia, Charles Taylor, con la condición de que se retirara de la política, lo que contribuyó a poner fin a la rebelión en su contra (la justicia llegó en el 2012: la CPI halló a Taylor culpable de 11 cargos de complicidad con crímenes de guerra en Sierra Leona; fue la primera vez después de Núremberg que un tribunal internacional condenó a un ex jefe de Estado por esa clase de crímenes).

Claro que ofrecer una vía de escape a criminales de guerra y violadores de derechos humanos puede ser doloroso, pero a veces la posibilidad de terminar el sufrimiento de la población civil puede más que la búsqueda fundamentalista de justicia. ¿Quién se opondría a amnistiar al presidente sirio, Bashar al Assad, si eso sirviera para terminar la brutal guerra civil que ya causó más de 100.000 muertes y casi 2 millones de refugiados en apenas dos años?

Tal es el dilema que enfrenta ahora Santos. Las atrocidades cometidas por las Farc hacen que la idea de dejarlas sin castigo sea difícil de aceptar. Pero a nadie beneficia prolongar un conflicto que ha producido más de 200.000 muertes y unos 5 millones de desplazados.

El motivo original del conflicto en Colombia quedó resuelto con el reciente logro de un acuerdo de reforma agraria, de modo que ahora la cuestión de la justicia transicional será lo que determine el éxito del proceso de paz. Si la impunidad de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad (por moralmente reprobables que sea) puede servir para poner fin al conflicto y proteger de daños a las posibles víctimas futuras, tal vez dicho resultado justifique sacrificar el objetivo de justicia plena para las víctimas pasadas.

En vez de lanzarse a vencer a los insurgentes como fuera, Santos eligió el camino políticamente más difícil: buscar un acuerdo negociado. Esto es señal de que está dispuesto a hacer lo que se necesite para proteger de más violencia a las comunidades rurales.

Y Santos no sería tampoco el primer jefe de Estado que renuncie a pedir castigo para los culpables. En el 2003, EE. UU. y la Unión Europea consintieron el acuerdo que terminó formalmente la guerra civil en la República Democrática del Congo (que ya había cobrado casi cuatro millones de vidas), aunque el arreglo no incluía ninguna disposición respecto de los responsables de crímenes de guerra. Lo mismo puede decirse del Acuerdo Amplio de Paz firmado en Sudán en el 2005, que puso fin a 22 años de una guerra civil en la que murieron más de 2 millones de personas.

En estos casos –y lo mismo vale para Colombia hoy– no era viable aplicar una idea fundamentalista de justicia transicional; más bien, había que hacer justicia de acuerdo con las condiciones políticas concretas que hicieron posible la transición. Después de todo, la justicia transicional es esencialmente una solución política, un contrato histórico de reconciliación nacional, no un asunto puramente judicial.

Puede ocurrir que el complejo contexto político de Colombia obligue a Santos a buscar fórmulas alternativas para conciliar la paz con la justicia; por ejemplo: reducción de penas, condenas a labores comunitarias, veredictos condicionales o asilo en otros países. Pero todas estas opciones (y mucho más una amnistía) deben estar supeditadas a que los insurgentes desmovilizados cooperen plenamente con los tribunales (lo cual incluye confesar todos los crímenes cometidos).

Siguiendo este razonamiento, ‘Pablo Catatumbo’, uno de los líderes de las Farc, reconoció que las guerrillas provocaron “dolor” y ejercieron “crueldad”, y pidió una amnistía general que incluya tanto las violaciones de los derechos humanos cometidas por su grupo como las debidas a las fuerzas de seguridad estatales. Además insistió en que un prerrequisito para la paz y la reconciliación nacional es que se identifique y compense a las víctimas.

Cuando está en juego la solución de un conflicto, pensar solamente en castigar a los culpables suele ser una mala decisión. El arzobispo Desmond Tutu, líder de la transición democrática sudafricana, describió una alternativa (la justicia restauradora) que hace hincapié en “crear puentes, reconstruir equilibrios perdidos y restaurar relaciones”.

Esta idea de justicia, constructiva y orientada al futuro, también puede ayudar a Santos a garantizar el futuro pacífico y seguro que los colombianos se merecen.

SHLOMO BEN-AMI
Historiador. Exministro de Seguridad Pública (1999) y Asuntos Exteriores de Israel (2000-2001). Hoy es vicepresidente del Centro Internacional Toledo por la Paz.

© Project Syndicate

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