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Mitos, peligros y oportunidades

Mitos, peligros y oportunidades

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 Están atacando sin piedad y sin razón los tratados de libre comercio que esta administración ha logrado negociar para aumentar el acceso de los productos colombianos a los principales mercados y atraer inversión. Se está pidiendo que se desmonte lo que se ha construido con mucho trabajo, sin contar con evidencia sólida para respaldar esas exigencias, que, sin embargo, han hecho carrera porque coinciden con los prejuicios populares y con intereses particulares de gremios poderosos.

Decir que apertura, tasa de cambio y TLC han sido devastadores para el campo es por lo menos una exageración y es una declaración temeraria a la luz de los datos agregados o de argumentos como los que presenta la nota de Luis Guillermo Vélez Álvarez y Juan Felipe Vélez Tamayo, de Eafit (‘El paro agrario: los precios, los quejosos y los buscadores de renta’), citada en mi columna de Portafolio de esta semana.

La balanza comercial del sector agropecuario ha sido positiva en los últimos años, con pocas excepciones. Entre el 2008 y el 2012 han crecido significativamente las importaciones de productos agropecuarios, pero, al mismo tiempo, han crecido pari passu las exportaciones de productos agropecuarios. La producción del sector ha aumentado aún más porque el grado de apertura del campo (importaciones y exportaciones como proporción del valor agregado sectorial) ha disminuido en los últimos años a pesar de la revaluación.

Sería muy arriesgado adquirir el compromiso de modificar los TLC sin contar con evidencia concreta de que les están haciendo daño a los sectores productivos rurales. Productos como el arroz o el fríjol tienen aranceles del 80 y el 60 por ciento, respectivamente, y períodos de desgravación de 19 y 10 años, pactados en los acuerdos de libre comercio.

En el caso del arroz, las importaciones que lo afectan provienen de países del Pacto Andino y nada tienen que ver con tratados de libre comercio, excepto porque Perú exporta a Colombia el arroz que produce y consume el que le llega barato de los Estados Unidos gracias a su TLC. El elevadísimo arancel del arroz en Colombia es lo que facilita esa maroma arbitral. El ingreso de papa del Ecuador o los precios de los fertilizantes en ese país no son atribuibles al TLC, sino a ventajas de producir en ese país.

Otra campaña que puede traer consigo funestos resultados se ha montado contra la inversión privada en la altillanura por razones políticas e ideológicas, suscitada por cuestionadas adquisiciones de terrenos que fueron baldíos. El desarrollo de la agricultura en esa región es la mejor oportunidad que tiene Colombia para hacer crecer más aceleradamente el sector agrícola y sumarle uno o dos puntos al crecimiento anual de la economía.
El Gobierno no tiene los recursos para hacer eso solo con suficiente rapidez y por eso se ha pensado en atraer inversión extrajera y local. Supongamos que el Gobierno les venda a inversionistas nacionales y extranjeros entre un millón y dos millones de hectáreas de baldíos en esa región sin ponerles limitaciones de asociación a los lotes adquiridos por su valor comercial.

La sola venta de esta tierra pondría a disposición del Gobierno los recursos necesarios para construir la carretera a Puerto Carreño y las obras de infraestructura que se necesitan, y para apoyar el establecimiento de pequeños productores en la región. Esta cantidad de hectáreas produciendo cereales y dando empleo reducirían notablemente las importaciones de alimentos. Convertirían a la región en un formidable polo de desarrollo. No podemos dejar que se desbarate esta oportunidad insistiendo en que millones de hectáreas sean exclusivamente para campesinos o para ricos. Hay para todos.

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