A partir de la sentencia T-760 del 2008 se han puesto en marcha medidas para evitar que a los ciudadanos se les viole este derecho.
Entre ellas están la actualización del POS, la eliminación de zonas grises para aclarar si un servicio está incluido o no, la igualación de los planes de beneficios entre el subsidiado y el contributivo, la refinanciación del sistema, las leyes antitrámite, los giros directos a hospitales y hasta una reforma (Ley 1438).
Todo indica que esto no ha sido suficiente, y para la muestra está que tanto los problemas como los supuestos responsables siguen siendo los mismos.
Que a la gente se le nieguen, de manera sistemática, servicios que están cubiertos por el POS, evidencia que sus causas no fueron abordadas por esta marea de medidas.
Queda claro que hay que revisar e intervenir las estructuras del sistema, con una reforma a fondo, que toque las bases de un modelo en el que, al parecer, la negación de los servicios está fundada en la contención del gasto, que produce grandes rendimientos financieros a muchos actores.
CARLOS F. FERNÁNDEZ
Asesor médico de EL TIEMPO
