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Militarización, alcaldes y gobernadores

Militarización, alcaldes y gobernadores

Ojalá una vez pase esta coyuntura, se discuta la posibilidad de darle un manejo a la seguridad.

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Del discurso del Presidente el viernes llamó la atención la decisión de ‘militarizar a Bogotá’, la posibilidad de usar este mecanismo en otras partes del país y el llamado que les hizo a alcaldes y gobernadores para que asumieran el manejo del orden público en sus jurisdicciones.

En el primer caso, la Constitución establece claramente las responsabilidades de las Fuerzas Militares y de la Policía en materia de orden público, y de manera precisa el Código Nacional de Policía determina en los artículos 86, 87 y 88 los mecanismos de asistencia de las FF. MM. “cuando la Policía no fuere suficiente para contener grave desorden”. Sin embargo, esto que es un mecanismo excepcional, de utilizar a las Fuerzas Militares para restablecer el orden público interno, se convirtió en una costumbre que prosperó bajo el amparo del estado de sitio y que se mantiene hasta el día de hoy.

En Colombia, por la permanencia y la dinámica del conflicto armado, de manera irregular e inclusive ilegal las FF. MM. han asumido funciones de policía y los policías funciones militares sin que hasta ahora se haya cumplido a cabalidad lo que establecen la Constitución y las leyes respecto a los fines y funciones de estas instituciones armadas.

Desde luego, en palabras del Presidente, la ‘militarización’ suena como una medida extrema, cuando realmente lo que se hizo fue aumentar el pie de fuerza de los militares en las calles de la ciudad. Ojalá una vez pase esta coyuntura violenta y de cara al posconflicto se pueda discutir la posibilidad de darle un manejo civilista a la seguridad de los ciudadanos.

En el segundo caso, también llama la atención el llamado que el Presidente hace a los gobernadores y alcaldes para que asuman el orden público en sus jurisdicciones, en la medida en que esto debería ser lo normal, como lo ordenan la Constitución y las leyes. Pero hoy, 22 años después de promulgada la Constitución, la gran mayoría de alcaldes y gobernadores no se sienten responsables de este tema y algunas autoridades de seguridad y justicia nacionales no los reconocen como tal.

Desde luego, la culpa no es solo de alcaldes, gobernadores y autoridades de seguridad y justicia que desconocen lo que establecen la Constitución y las leyes en materia de orden público y convivencia, también es de los gobiernos nacionales, especialmente el gobierno anterior, que desconoció de manera sistemática a las autoridades locales en esta y otras materias.

Como bien lo plantea el maestro Fernando Cepeda, el desastre que hoy vive el país se debe en gran parte a que los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados han dejado de cumplir las funciones que se les descentralizaron y en el caso del orden público se les delegaron desde finales de los 80 y comienzos de los 90. También se debe a tendencias centralistas de algunos funcionarios nacionales y del Congreso de la República que nunca estuvieron de acuerdo con el proceso de descentralización y que de manera sistemática han venido recortando las autonomías que se les otorgaron a los gobiernos locales.

También en este tema, ojalá tan pronto pase esta coyuntura, se pueda discutir el papel de las autoridades locales en el bienestar, desarrollo, seguridad y convivencia de los ciudadanos. Los alcaldes y gobernadores no pueden seguir diciendo que el Estado los abandonó, cuando ellos son el Estado en sus territorios y los funcionarios nacionales deben entender que sin participación activa de los alcaldes y gobernadores es imposible solucionar los problemas del país.

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