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¿Por qué conducir borracho no va a ser delito? / Análisis

¿Por qué conducir borracho no va a ser delito? / Análisis

Pese a los más de 5 mil comparendos al mes, muchos sectores siguen rechazando la idea.

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Elevar a delito la conducta de conducir en estado de embriaguez es una posibilidad que parece alejarse cada vez más del ordenamiento jurídico colombiano. La sociedad y las autoridades están divididas.

Pese a los casos recientes de conductores sorprendidos manejando bajo el influjo del alcohol (con un alto índice de víctimas fatales, casi 8 por semana), Gobierno, Fiscalía, congresistas y académicos se resisten a que los borrachos al volante vayan a la cárcel.

La idea, plasmada en un proyecto de ley que radicó la representante a la Cámara del Movimiento Mira Gloria Stella Díaz el pasado 20 de julio, no parece tener ambiente entre el grupo de 11 senadores que tiene la instrucción de proponer una solución a esta problemática antes del próximo 31 de agosto, como lo pidió el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo.

Este rechazo quedó evidenciado la semana pasada en una audiencia en el recinto de la Comisión Primera del Senado, en la cual este grupo de legisladores escuchó las posiciones de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa; el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo; el académico Rafael Velandia, y varios congresistas que se refirieron al tema.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte, solamente entre enero y julio de este año se impusieron 35.400 comparendos a personas que fueron halladas conduciendo en estado de alicoramiento.

Para no ir más lejos, el país todavía tiene frescas las imágenes de la tragedia que causó Fabio Salamanca, el joven de 23 años que el pasado 12 de julio ocasionó la muerte de las ingenieras Diana Bastidas y Ana Torres y heridas al taxista Holmann Cangrejo, cuando conducía ebrio por la calle 26 con carrera 30, en Bogotá, por lo cual fue enviado finalmente a prisión.

Luego de estar recluido unos días en la Clínica Montserrat por un supuesto cuadro de estrés agudo, Salamanca tuvo que comparecer ante la juez 67 de garantías quien lo había dejado en libertad porque, según ella, “no representaba un peligro para la sociedad”.

Esto fue controvertido esta semana por el juez 20 penal del circuito de conocimiento, Wilson Cadena, quien derrumbó los argumentos de la jueza Carmen Gaulteros y envió a Salamanca a prisión. El conductor ebrio se entregó en la mañana de este miércoles en la Fiscalía.

El pasado lunes, la Secretaría de Movilidad le suspendió la licencia de conducción a Salamanca por 10 años, en momentos en los cuales, según Manuel Alarcón, abogado defensor, se llegó a un acuerdo indemnizatorio con los representantes de las tres víctimas que dejó el joven, el cual ascendería a los 800 millones de pesos.

O el caso de Jhonatan Cabrera, otro joven de 24 años, quien manejando en las mismas circunstancias produjo la muerte de un peatón el pasado sábado 27 de julio en el sector de Modelia, en el occidente de la capital del país.

Cabrera está recluido en la cárcel La Modelo y la Fiscalía pidió para él una condena de más de 17 años de prisión por estos hechos.

El pasado fin de semana Luis Carreño mató con su volqueta, en Girón (Santander) a dos ciclistas, por lo que fue enviado a la cárcel. Estos hechos ocurren día tras día, semana tras semanas, con un balance promedio de ocho muertes por semana. A estos sucesos se suman los 1.568 borrachos que, según la Dirección de Tránsito y Transporte, regularmente son detectados cada fin de semana en todo el país.

Agotar vías administrativas

Para el Gobierno, la vía más adecuada para castigar a los conductores ebrios sigue siendo la administrativa. Aunque no manifestó de forma expresa su desacuerdo con la idea de la congresista Díaz, la ministra de Justicia afirmó que “son como siete actores institucionales” que deben moverse si manejar borracho se eleva a delito.

“Cada judicialización de una persona implica que exista un fiscal, un funcionario de Medicina Legal, un juez de conocimiento, un juez de control de garantías, otro de ejecución de penas, un funcionario de la Procuraduría y otro de la Defensoría”, afirmó la funcionaria.

Correa se mostró más favorable de “sanciones pecuniarias más drásticas” para castigar esta conducta, y del “decomiso definitivo” del vehículo del conductor borracho como manera de frenar el fenómeno.

“El decomiso puede ser transitorio o temporal, caso en el cual puede ser por uno o dos años, pero igual puede ser de carácter definitivo en caso de reincidencia”, dijo la Ministra.

En medio del balance de su gestión, el fiscal General, Eduardo Montealegre, también rechazó el planteamiento de la congresista del Movimiento Mira: “No vamos a participar de ese festín de aumentos punitivos o creación de nuevos tipos penales con aras de hacerle creer a la opinión pública que se está trabajando verdaderamente en la lucha contra la criminalidad”, dijo.

Y su segundo, el vicefiscal Perdomo, fue mucho más allá y cifras en mano desaprobó la idea. Según él, “solamente” el 6,5 por ciento de las lesiones y homicidios en accidentes de tránsito se producen por conducir en estado de embriaguez.

El funcionario afirmó que para atender este nuevo tipo penal se necesitarían 151 nuevos fiscales seccionales, “que son los que conocerían de ese delito”, y 140 fiscales nuevos para las URIS, “que son las que recepcionan esas denuncias y acogen los actos urgentes cuando una persona es capturada en flagrancia, como serían estos casos”.

Llamó la atención también que complejos judiciales como el de Paloquemao (en Bogotá) tendrían que atender alrededor de “700 audiencias” durante un fin de semana. “Tal vez necesitaríamos unos tres paloquemos”, solo en la capital del país, advirtió.

“Y esto tiene costos. La Fiscalía ha identificado que (…) se necesitarían 100.000 millones de pesos al año, sin pensar lo que significa para las autoridades judiciales y jueces de control de garantías y de conocimiento”, dijo Perdomo.

El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, es partidario de aumentar los castigos pecuniarios. Es decir, establecer multas muy altas. Inclusive sugirió que fueran algo así como 30 y 50 millones de pesos para los conductores ebrios reincidentes.

Ante la arremetida de críticas a la propuesta, el senador Carlos Baena, presidente del Movimiento Mira, defendió la idea de su copartidaria y afirmó que “el Congreso debe penalizar a quienes consumen licor y manejan”.

“Decir que el derecho penal no se debe ocupar de este tema es un acto irresponsable”, afirmó el congresista, quien admitió que la iniciativa de Díaz podría tener los días contados.

El senador agregó que “no basta” con lo que está proponiendo la Ministra de Justicia, “sino que hay que trabajar el tema penal”.

“Los políticos tenemos que dar ejemplo y si algún político conduce en esas condiciones se arriesga a las consecuencias, pero no podemos exponer a la sociedad a que tenga más asesinos en potencia”, dijo.

El profesor Velandia, doctor en sociología jurídica de la Universidad de Zaragoza (España) y especialista en ciencias penales y criminalísticas de la Universidad Externado de Colombia, afirmó que los choques de tráfico “no son la principal causa de mortalidad en Colombia, según cifras de Medicina Legal”.

Velandia, quien advirtió que hay “muchas carencias de información sobre este tema”, dijo que la incidencia de los choques de tráfico como causa de mortalidad en los últimos diez años “no es algo novedoso, no es un fenómeno que se esté presentando recientemente”.

El senador Luis Carlos Avellaneda, elegido por el Polo pero de la tendencia de los Progresistas, dijo que el Congreso “tiene que darle una respuesta” a la sociedad ante este tema, pero que “más cárcel” para los borrachos que manejan no es la solución.

“Nos vamos a llevar a una persona que no tiene el prototipo del delincuente para una cárcel para que se convierta en uno”, afirmó el congresista tras manifestar que las prisiones se han convertido en “universidades de la delincuencia”.

Como ejemplo de hasta dónde puede llegar la justicia contra los conductores ebrios está la condena que impuso el pasado jueves el juez segundo penal del circuito de conocimiento a Jesús Alberto Pinzón Ariza, quien manejando en estado de embriaguez arrolló a cuatro menores de 3, 4, 5 y 8 años de edad, el 11 de agosto del año pasado en el barrio El portal, de la localidad Rafael Uribe.

El juez condenó a Pinzón, quien está recluido en la Cárcel Distrital, a 15 años de prisión por el delito de lesiones personales con dolo eventual, castigo que lamentablemente no es frecuente en la justicia colombiana.

El debate sigue abierto. El Congreso, en la legislatura que avanza, tendrá que determinar el tipo de penalización que se imponga para tratar de disuadir a los conductores ebrios que, aunque algunos digan que su acción no es tan grave, sí deja cientos de víctimas fatales cada año.

REDACCIÓN POLÍTICA

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