El 7 de agosto, cinco cubanos fueron sorprendidos en aguas del golfo de Urabá cuando intentaban llegar a Panamá en una lancha que había salido de la playa La Martina, entre Turbo y Necoclí. Cinco días después, el CTI halló en una casa de Turbo a nueve africanos que esperaban su turno para emprender camino hacia Centroamérica.
Detrás de esos migrantes, que tenían como objetivo Estados Unidos, estaba una red comandada por dos africanos: Gebrehiwet Adhanom Kibrom y Seblen Asseminew Tilahuan, quienes esta semana fueron capturados en una operación del CTI, la Armada Nacional y Migración Colombia. (Vea la infografía: En 8 años, 3.733 migrantes ilegales han sido detectados)
Los dos, oriundos de Etiopía, llegaron a Colombia en el 2009. Según la investigación, eran fichas de una red internacional de tráfico de personas que usa a Colombia, por su estratégica posición geográfica, como una de sus principales bases.
La operación coincidió con el informe ‘Dimensión del Delito de Tráfico de Migrantes en Colombia’, realizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU (UNODC), que evidenció que el país sigue siendo una “plataforma de tránsito” usada por organizaciones ilegales que prometen llevar a extranjeros hacia Estados Unidos y Canadá.
Según cifras de Migración Colombia, desde el 2006, 3.733 extranjeros han sido detectados en territorio nacional cuando pretendían pasar a Centroamérica de manera clandestina.
Esa misma ruta la quiso hacer en el 2009 la etíope Seblen Asseminew Tilahuan. Sin embargo, tras la caída de la red que la llevaba optó por quedarse en el país. Su decisión, dice el CTI, fue dedicarse a coordinar a los ‘coyotes’ (transportadores) que la red internacional tiene en Colombia y en Ecuador.
La Fiscalía asegura que esta organización tenía a su servicio al menos a 16 colombianos (capturados en la redada), que se dedicaban a transportar a los extranjeros hasta los puntos de salida, como las playas de Urabá.
Al igual que la mayoría de las redes que actúan en el país, la banda de estos dos africanos movía a sus víctimas desde las fronteras con Ecuador y Venezuela. Desde allí las trasladaban en buses hasta Medellín y de allí a Urabá, para salir por mar.
Si bien la entrada ilegal por vía terrestre es la más común, también usaban falsos contratos de trabajo, que les permitían a los extranjeros entrar al país con visa. Tras llegar en vuelos comerciales al aeropuerto El Dorado de Bogotá y estar uno o dos días en la capital, salían después por tierra hacia el noroccidente.
El CTI calcula que cada semana esta red movía entre 15 y 20 migrantes. De los cerca de 20.000 dólares que recibían por llevar a cada una de sus víctimas a Norteamérica, entre 2.500 y 3.000 dólares correspondían al paso por Colombia. Ese valor les cubría el transporte de punta a punta y dormir en las llamadas ‘casas seguras’ que la red alquilaba en decenas de pueblos.
Investigadores del caso señalan que en Bogotá o Medellín permanecían no más de tres días, y en Turbo podían esperar hasta 12, mientras la red completaba el cupo: no menos de 30 personas, que zarpaban, usualmente a la medianoche, de cualquier playa de Urabá.
Esta red las llevaba hasta Acandí (Chocó), donde migrantes recibían botas de caucho para la siguiente etapa de su búsqueda del ‘sueño americano’: caminar tres días para llegar a Panamá y seguir atravesando Centroamérica por tierra.
Ilegales traficados son víctimas
El tráfico de migrantes le cuesta cada año al Estado al menos 1.500 millones de pesos. Ese es el rubro que Migración Colombia destina para brindar asistencia a los extranjeros ilegales que son detectados en el país. La norma dice que esa entidad es la que los debe recibir en calidad de víctimas y garantizarles un techo mientras se tramita la deportación hacia el país de origen o hacia el último que pisaron antes de ingresar a Colombia. Además, los tiquetes del envío corren por cuenta de los países que hacen el control. Cada uno puede costar desde un millón hasta 8 millones de pesos, dependiendo del destino.
Construirán siete centros de custodia
Migración Colombia construirá siete salas transitorias migratorias, donde los extranjeros podrán permanecer hasta 36 horas, el tiempo en que las autoridades deben definir la deportación.
Sergio Bueno, director de esa entidad, explicó que las primeras cuatro estarán listas este año en La Guajira, Cartagena, Medellín y Pasto. El plan incluye que para el 2016 estén funcionando salas similares en Bogotá (programada para el 2014), Cúcuta y una más en Pasto. En la capital de Nariño estará la más grande, pues este es el punto de mayor entrada de migrantes ilegales, procedentes de Ecuador.
El director de Migración asegura que la construcción de esas salas busca brindar garantías y asistencia a los migrantes, que la legislación colombiana reconoce como víctimas de las redes de tráfico de personas.
REDACCIÓN JUSTICIA
