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El drama de los empleados de la San Martín

El drama de los empleados de la San Martín

Afirman que deben aportes sociales de hasta 15 años. Según el Sindicato hay ilegalidad en contratos.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
13 de agosto 2013 , 12:44 p. m.

A la zozobra que han tenido que afrontar unos 1.500 estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín por la cancelación de siete programas académicos el pasado mes de julio, se suma la de empleados, que aseguran que en la institución de educación superior hay irregularidades laborales y que muchos funcionarios han tenido que interponer demandas para luchar por sus derechos.

Algunos dicen llevar años sin el pago de sus prestaciones, porque según empleados que prefieren omitir su nombre, en 1998 las directivas de la institución propusieron a sus trabajadores con contratos a términos indefinidos, cambiarlos por unos de prestación de servicios, como una solución temporal a una crisis del momento.

“Nos dijeron que era por la situación difícil del país y que era solo por dos años y que nos pedían esa colaboración. Algunos aceptaron un cambio de contrato a uno de prestación de servicios, pero otros continuaron con el mismo indefinido y aún así les dejaron de pagar lo de ley”, cuenta la fuente a este medio.

Hay algunas personas a las que se les deben hasta 15 años de prestaciones sociales y pese a que ha habido decisiones judiciales que ordenan el pago, la universidad no les ha pagado y tampoco se ha podido llevar a cabo un proceso de embargo, porque las cuentas de la universidad no están a su nombre, sino a nombre del Fondo de Fomento para la Educación (FFE), o los bienes están a nombre de otras personas.

Uno de estos casos es el de Jorge Eduardo Mejía, hijo de un exfuncionario de la Fundación, quien interpuso una demanda porque a su papá, Jorge Enrique Mejía Jaramillo, quien era docente y coordinador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, no le pagaron prestaciones sociales en los tres años en los que laboró en la institución.

“Él entró a trabajar en la Fundación el 17 de enero del 2001 y falleció de un infarto fulminante el 7 de agosto del 2003. En el 2004 pusimos la demanda, porque en ese tiempo que trabajó no le pagaron prestaciones sociales, pese a que mi papá estaba con contrato a término indefinido”, dice Jorge Eduardo.

Según Jorge, el fallo ha salido a su favor en tres instancias y aún así no reciben el pago de los casi 473 millones de pesos que ya le debe la institución a la familia. “Actualmente la universidad dice que no tiene plata, que no tiene cómo pagarnos y hemos tratado de llegar a un arreglo, pero tampoco se ha logrado. No se han podido embargar las cuentas y la verdad estamos esperando que la universidad entre en liquidación; así de pronto nos podría pagar”, dice el hijo del exempleado.

Además, agrega que, en vida, su padre también sufría abusos laborales, pues desempeñaba dos cargos que no le reconocían económicamente, prestaba su finca privada en Tabio para que sus alumnos hicieran las prácticas y por si fuera poco compraba de su parte los animales para que los estudiantes pudieran tener prácticas. Nada de eso, asegura Jorge, le fue reconocido a su padre.

Cambios de contratos

Por situaciones laborales como estas, o cambios “ilegales” en los contratos, se creó el 19 de diciembre del 2012 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fundación Universitaria San Martín (Sinaltrafusm), que inició con 27 personas y que hoy cuenta con más de 100 empleados de todo el país.

Según directivos del Sindicato, la universidad maneja unos contratos de prestación de servicios que en realidad son laborales, pues los trabajadores cumplen horarios y están subordinados, y constituyen más del 40% de la planta de personal nacional de la institución, entre administrativos y docentes (tutores). Por eso, más del 90% de demandas que tiene actualmente la universidad, son de carácter laboral.

Lo preocupante, según José Osorio, presidente de Sinaltrafusm, es que al crearse el sindicato para exigir cambios, la Universidad, dos días después comenzó a enviar cartas de terminación de contratos a los miembros fundadores. Como consecuencia de ello, el sindicato instauró diferentes acciones de tutela, que ya tienen fallos a favor en firme y que tienen que ser acatados por la universidad, según el sindicato.

La primera tutela ordenó el reintegro y reubicación de los trabajadores que fueron despedidos, trasladados o a quienes les fueron terminados sus contratos, porque eran fundadores o se unieron al sindicato. Luego se instauró otra acción de tutela, en la cual se ordenó el reintegro de tres personas y el restablecimiento de las funciones de otra que también fue enviado a vacaciones.

Otra decisión cuestionada fue el traslado de unos empleados del departamento de auditoría a los que se les había trasladado ilegalmente a una sede que no existía de la universidad, que era una bodega automotriz y donde se les desmejoraron sus derechos laborales. En este caso, el juez revocó en segunda instancia y ordenó a la universidad que dentro de las 48 horas siguientes, reinstalara a los funcionarios de auditoría en el puesto de trabajo que tenían y en la sede donde estaban.

Adicionalmente, el sindicato presentó pliego de peticiones, con el que la ley obliga al empleador a recibir a una comisión negociadora dentro de las 24 horas siguientes. Eso no fue posible, pasaron casi tres meses sin que los recibieran y los miembros de la agremiación interpusieron otra acción de tutela.

El juzgado penal defendió el derecho de asociación y le ordenó a la universidad recibir a la comisión negociadora. Pero, afirma Osorio, hasta el momento ha sido muy dispendioso lograr que la universidad cumpla esos fallos constitucionales y hasta el momento no ha habido una negociación formal.

Por su parte, la Universidad instauró un proceso en el juzgado segundo laboral del circuito de Bogotá, en el que demandó la disolución y liquidación del sindicato. En su sentencia, el juez declaró que declaró que el sindicato se creó legalmente y que la universidad está en la obligación de respetar la existencia de la agremiación.

EL TIEMPO ha tratado de establecer contacto con Mariano Alvear, presidente de la Fundación, para conocer su posición sobre todas estas demandas y los casos mencionados, pero según la persona encargada de la oficina de prensa, el directivo no quiere hablar con este medio de comunicación sobre estos temas. También se ha intentado dialogar con otros directivos del tema, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. (Lea: 'Decisión de Mineducación es injusta y mezquina': U. San Martín).

¿Cumplimiento a medias?

El pasado jueves se hizo una inspección judicial en instalaciones de la universidad que buscaba corroborar si se han cumplido las órdenes de las tutelas y se han reintegrado, en debida forma y con las funciones que desempeñaban, los empleados retirados. Con esta, se declararon cumplidas las sentencias y se evitó así, que se emitiera una sanción de desacato con la que los directivos de la universidad pudieron haber tenido órdenes de arresto.

José Ricardo Caballero, por ejemplo, representante legal de la institución, tiene en curso una orden de arresto de 10 días y multa de cinco salarios mínimos legales vigentes, la cual se encuentra en trámite de consulta ante el superior jerárquico que emitió dicha sanción.

Por otro lado, denuncia Osorio, hay un seguimiento y discriminación contra los miembros reintegrados y del sindicato, porque las mismas directivas están pidiendo a los empleados que no están relacionados con ellos, tener el mínimo contacto.

“Las malas decisiones administrativas, por parte de las directivas de la institución, han generado la problemática actual en la cual se encuentra la Fundación Universitaria San Martín, pues el no cumplimiento de la legislación laboral, con los docentes, ha impedido que se realicen programas con el cumplimiento de las condiciones de aseguramiento de la calidad”, dice Osorio. (Lea: U. San Martín apeló decisión de Mineducación de cancelar programas).

Sin embargo, el Presidente del Sindicato afirma que estos problemas aún tienen solución, partiendo de la base de una buena administración.

REDACCIÓN ELTIEMPO.COM

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