Mindefensa busca aumentar el castigo para la extorsión

Mindefensa busca aumentar el castigo para la extorsión

Penas subirán casi al doble, por proyecto de esa cartera. Habrá 'tijera' a rebajas para criminales.

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07 de agosto 2013 , 09:53 p. m.

Con un proyecto de ley que está listo para ser llevado al Congreso, el Gobierno busca ponerle el ‘tatequieto’ a la extorsión, uno de los delitos que siguen creciendo en el país y que cada vez golpea con mayor fuerza a los ciudadanos de a pie.

El proyecto, elaborado por el Ministerio de Defensa y conocido por EL TIEMPO, eleva hasta 32 años de cárcel las penas para esa actividad criminal, que hoy por hoy se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de la guerrilla, las bandas criminales y pequeñas organizaciones delincuenciales.

Tan solo el año pasado hubo 2.316 denuncias en todo el país, pero el número de casos desborda, de lejos, los reportes de las autoridades. De hecho, algunas autoridades y los gremios más afectados calculan en 2 billones de pesos la plata que se paga en ‘vacunas’ cada año.

Las penas actuales van de 8 a 18 años, y lo que plantea el Gobierno es que, en adelante, la mínima parta casi del máximo de la actual legislación. Así, la condena mínima sería de 192 meses (es decir, 16 años) y la máxima, de 288 meses (24 años).

Esas penas podrían a su vez aumentarse hasta en una tercera parte (8 años, en el caso de la máxima pena), cuando el responsable de la extorsión sea pariente de la víctima hasta en cuarto grado de consanguinidad o su pareja; cuando el afectado sea servidor público o cuando ejerza actividades consideradas como de riesgo, como el sindicalismo.

El agravante de la pena aplicará en los casos típicos de ‘vacunas’ que hoy azotan a los colombianos: así, quien extorsione desde las cárceles, el que cometa ese delito para financiar grupos terroristas y el que “amenace de muerte, lesión o secuestro” también será sujeto de la pena máxima de 32 años.

El proyecto también endurece las condiciones para que los extorsionistas reciban beneficios judiciales y para la realización de acuerdos económicos que la legislación actual permite y que les han valido a varios de esos delincuentes para aligerar su situación judicial.

La exposición de motivos señala que ese tipo de beneficios “contribuye a la percepción de desconfianza de las víctimas respecto del sistema de administración de justicia (...), dadas las prerrogativas con las que cuentan los criminales y el poco tiempo que toman en volver a extorsionar luego de las investigaciones penales”.

El Ministerio de Defensa reconoce la amenaza que representa el problema y señala que todos los grupos ilegales “se financian de la ejecución de esta conducta y además la utilizan como herramienta para asegurar el control social en ciertas regiones, siempre de la mano de la coerción de la libertad individual”.

Ante la caída de los cultivos ilegales y de la producción de coca, la guerrilla ha incrementado sus extorsiones en el país. De hecho, la captura de dos desmovilizados de las Farc que pretendían ingresar a Bogotá con 25 kilos del poderoso explosivo anfo muestra cómo esos cobros ilegales potencian la realización de otros delitos, incluso del terrorismo.

Sobre todo en las zonas de incidencia de las llamadas bandas criminales como Nariño y la Costa Atlántica, se disparó en los últimos años el cobro de ‘microvacunas’ a personas que viven de la informalidad, como mototaxistas, vendedores de llamadas de celular y ambulantes.

Los delincuentes además aprovechan que por el monto de esos cobros (a veces mil o dos mil pesos diarios), la mayoría de las víctimas optan por pagar y no denuncian la situación.

‘Vacunas’ de 5 millones a pequeños comerciantes

Una de las ciudades más afectadas por la extorsión en el país es Barranquilla, donde la incidencia de ese delito ha provocado incluso protestas de centenares de personas.

Un informe que acaba de ser elaborado por la Defensoría del Pueblo pide a los Ministerios del Interior y de Defensa implementen medidas más efectivas para combatir las ‘vacunas’, que en Atlántico están asociadas a las bandas criminales. La Defensoría denuncia que ‘los Costeños’, una facción de ‘los Rastrojos’, azota en la región con amenazas, extorsiones y homicidios selectivos “y atenta contra las viviendas y tiendas porque sus dueños no están pagando”. Este año, las bandas han asesinado a 145 personas en Barranquilla y a 254 en su área metropolitana.

Los más vulnerables a las extorsiones son los comerciantes, tenderos, transportadores y vendedores de apuestas permanentes. Mientras que 7 de cada 10 comerciantes reciben llamadas extorsivas en las que les exigen el pago de entre 500.000 y 5.000.000 de pesos, las amenazas contra vendedores de apuestas siguen creciendo. En los últimos meses fueron asesinadas tres vendedoras del chance porque la empresa Uniapuestas se negó a pagar una extorsión de ‘los Costeños’. El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, señaló que la situación es tan grave que este año han encontrado varias víctimas desmembradas.

Condenas más altas para las redes del microtráfico

El mismo proyecto también propone endurecer los castigos para el otro delito que está disparado en el país: el microtráfico.

El proyecto expresamente reconoce que quienes porten la dosis personal de droga no serán perseguidos penalmente y mantiene las penas de cárcel entre 64 y 108 meses para los que sean sorprendidos con pequeñas cantidades de drogas naturales y sintéticas. Los grandes traficantes pueden pagar, según las normas vigentes y el proyecto, hasta 30 años de cárcel.

Sin embargo, aumenta las penas hasta en una tercera parte y las multas para los pequeños traficantes que sean sorprendidos “simulando adicción o porte de dosis personal”, a quienes les vendan estupefacientes a menores de edad o a quienes lo hagan en cercanías o dentro de los centros educativos.

También se exponen al aumento de penas (con lo que la máxima condena podría llegar a los 10 años) quienes vendan droga con la fachada de ser vendedores ambulantes o los que sean reincidentes en esa conducta criminal.

El proyecto señala que el desmantelamiento de los grandes carteles de la droga ha incidido “para que el fenómeno criminal del narcotráfico mute su actividad a los mercados internos y locales, donde se establecen organizaciones y clanes familiares dedicados a comercializar estupefacientes en pequeñas cantidades”.

Una investigación de este diario encontró que la sola venta de marihuana podría estar moviendo en el país un comercio de 700.000 millones de pesos cada año y que al menos una cuarta parte de la cocaína producida en el país se está quedando para el mercado interno.

El negocio es tan rentable que, dice el Ministerio de Defensa, tanto guerrilla como bandas están cada vez más metidas en el microtráfico, surtiendo y controlando las redes locales de distribución. Incluso, los poderosos carteles mexicanos están involucrados.

ONU da radiografía de cultivos de coca

El Sistema de Medición de Cultivos (Simci), adscrito a las Naciones Unidas, entregará este jueves la más reciente radiografía sobre los cultivos ilícitos. Tal y como lo reveló este diario, el reporte muestra en 2012 una histórica caída en los cultivos de coca: la reducción fue del 25 por ciento frente al 2011. Esto se traduce en 48.000 hectáreas sembradas, 16.000 menos que en 2011.

REDACCIÓN JUSTICIA
Justicia@eltiempo.com

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