Secciones
Síguenos en:
'Solución a ebrios al volante no es solo penal': Fiscal

'Solución a ebrios al volante no es solo penal': Fiscal

Eduardo Montealegre dice que se necesita más prevención y más sanción social.

notitle

En medio de la polémica por la decisión de una jueza de garantías que tiene libre a Fabio Salamanca, el conductor ebrio que provocó la muerte de dos jóvenes en un accidente de tránsito en Bogotá, el fiscal Eduardo Montealegre es contundente: la cárcel no es solución para el problema de los choferes borrachos. En entrevista con EL TIEMPO, Montealegre dice que el “populismo punitivo”, como en otros casos, no funciona y plantea además la posibilidad de diferenciar las penas para los “enfermos” por el consumo de alcohol que causen accidentes.

Conducir borracho no es un delito. ¿Debería ser castigable así no se generen accidentes?

Las experiencias comparadas muestran que, en el caso de los conductores ebrios, la prisión no es tan persuasiva como podría pensarse. Hay varios ejemplos al respecto. En EE. UU., en donde la persecución policial y las penas son supremamente drásticas, cada 53 minutos una persona muere en accidentes causados por personas que conducen ebrias, según datos de las Madres contra la conducción en estado de embriaguez (MADD). En España el simple hecho de conducir en estado de alicoramiento es un delito y a pesar de eso las cifras de personas que conducen bajo el efecto del alcohol aumentaron en casi un 20% entre el 2011 y el 2012. Por esa razón la Fiscalía de España propuso un cambio para suspender las penas de prisión de los infractores, condicionada a programas de recuperación o de desintoxicación.

¿Y si hay accidentes fatales?

Para quienes cometen delitos por conducir bajo los efectos del alcohol la situación es diferente. Frente a ellos es necesario que haya una pena, pero esta puede variar según las circunstancias de la persona y los hechos. Así, por ejemplo, penalmente puede ser diferente el caso de personas que padecen de adicción, y que por ese hecho no pueden controlar la bebida, de otras personas que sabiendo que pueden incurrir en conductas delictivas, conducen bajo los efectos del alcohol. Pero el efecto persuasivo que se le pretende atribuir al aumento de las penas, como una medida para resolver este problema, no tiene sustento empírico. Frente a este tipo de situaciones, el Estado debe responder de manera sensata y no dejarse llevar por el que se ha denominado “populismo punitivo”, ya que esto solo agrava la situación y no contribuye a enfrentar las causas reales de los problemas.

¿Cárcel normal o especial para los conductores ebrios que ocasionen muertes?

Al variar la pena, también puede variar el sitio de reclusión. Si el delito se considera culposo y la pena que se impone es baja, el infractor puede acceder a beneficios, como la casa por cárcel. Pero si se comprueba que hubo dolo, entonces deberá ser privado de la libertad. Al respecto es importante recordar que de acuerdo con la ley colombiana, es posible que haya centros de reclusión de naturaleza diferente en función del tipo de delito y del sujeto activo.

¿Por qué los fiscales no acusan en estos casos por homicidio doloso, aunque la ley lo permite?

No es posible determinar en abstracto por qué clase de delito se debe castigar a una persona. Es necesario examinar cada caso, y así poder establecer por qué conducta punible se les debe juzgar. Aunque dos personas ocasionen la muerte con un vehículo a un peatón, las consecuencias penales en cada caso pueden ser disímiles. Fíjese usted que en un evento tan doloroso como el accidente ferroviario ocurrido la semana pasada en Santiago de Compostela no se impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad al maquinista imputado. Esto demuestra que a pesar de la gravedad de los hechos, en particular de la cantidad de fallecidos y heridos en un eventual escenario de imprudencia, la imposición de esta medida no compromete en absoluto la labor de judicialización.

Entonces, ¿qué hacer?

El problema de los conductores ebrios al volante es de salud pública y sumamente grave a nivel global. Debe ser abordado desde diversas perspectivas y necesita involucrar a toda la sociedad. Es la única manera de darle una solución integral. Debe haber un trabajo fuerte de prevención que siga concientizando a la gente sobre los efectos y consecuencias del uso irresponsable de alcohol, no solo para sí mismos y sus familias, sino para la sociedad en su conjunto. La solución no está única ni prioritariamente en la justicia penal. Como yo lo veo, se necesitan, además de la sanción que corresponde conforme a la legislación vigente, más prevención, concientización y, sin duda, más censura social para quienes combinen licor con conducción. Los primeros en reprochar conductas que ponen en peligro a otras personas deben ser los allegados, los familiares, amigos, compañeros de trabajo, quienes deben alertar sobre los riesgos de este tipo de comportamiento.

¿Qué otras medidas se podrían aplicar para contrarrestar este problema?

Para establecer medidas alternativas a las sanciones privativas de la libertad, es necesario entender estas conductas desde una perspectiva de salud pública. En ese sentido, y de acuerdo con la Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre el alcohol y la seguridad en carretera, el accidente de tránsito a causa del alcohol también debe ser considerado un problema particular del alcoholismo. En consecuencia, la implementación de centros de rehabilitación podría contribuir a contrarrestar este tipo de conductas. Así mismo sería posible involucrar y comprometer a las personas que han cometido este tipo de delitos en campañas de sensibilización como parte de un trabajo social y de una sanción alternativa, así como medidas que pueden ser aún más disuasivas que las penas privativas de la libertad, como la suspensión prolongada de la licencia de conducción y el pago de una suma elevada de dinero.

¿Está de acuerdo con la posibilidad de embargar los vehículos involucrados en accidentes viales vinculados al consumo de alcohol?

Conforme a los derechos constitucionales de las víctimas, en particular a la reparación y restablecimiento del derecho, el Código de Procedimiento Penal ya establece diferentes medidas cautelares, entre las que se destacan las medidas patrimoniales a favor de las víctimas, el embargo y secuestro de bienes y la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro durante los seis meses siguientes a la imputación.

¿Qué responsabilidad les cae a los sitios de expendio de licor que no hacen ningún control a las cantidades que venden a las personas?

Sería conveniente comprometer a los dueños de estos establecimientos en la participación en campañas de sensibilización de los riesgos y consecuencias que el abuso del alcohol podría ocasionar. Pero a los sitios de expendio de licor no se les puede atribuir responsabilidad penal alguna en el homicidio cometido por una persona que voluntariamente se excedió en el consumo de licor e imprudentemente salió a conducir su vehículo.

¿El hecho de que una persona sea responsable de la muerte y no vaya a la cárcel, porque arregla con dinero, no manda un mensaje equivocado a la sociedad?

Antes que nada, es necesario recordar que este tipo de acuerdos está permitido en la legislación. Ahora bien, en el derecho penal contemporáneo ha cobrado especial relevancia la participación de las víctimas en el proceso penal y en la sanción de su victimario. La atención y satisfacción de las necesidades de las víctimas es una prioridad básica del proceso penal.

Gobierno y Congreso preparan proyecto de ley

El debate sobre los conductores ebrios tomó fuerza esta semana luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunció que el Gobierno prepara un proyecto de ley para castigar esta conducta, que cada día deja más víctimas en el país.

El pasado miércoles, Santos se pronunció ante las recientes muertes ocasionadas por borrachos al volante y propuso “incautar” hasta por 10 años sus vehículos.

Este hecho, sin duda, elevó la altura del debate y abrió la puerta para que una iniciativa en este sentido sea aprobada por el Legislativo, que la ha negado dos veces.

El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, anunció el pasado jueves que una comisión de 11 congresistas tiene la misión de elaborar un proyecto de ley que unifique todas las iniciativas que existan en este sentido para que “antes de terminar el año podamos tener” una legislación “que mande un mensaje claro a la sociedad”.

La idea es radicar un proyecto “consensuado” con todos los partidos y que recoja las propuestas del Gobierno para aumentar las sanciones a los ebrios, pero aún no se conocen detalles de su contenido, el cual debe estar listo para presentarse ante el Congreso el próximo 31 de agosto.

La representante a la Cámara Gloria Stella Díaz, abanderada de esta causa, no dudó en manifestar que con el impulso del Gobierno y el Congreso la iniciativa tiene todas las de ganar.

“En este tema soy la primera en invitar a que no se le ponga tinte político ni colores, pero que tampoco sea aprovechada la tragedia de las víctimas como una bandera electoral”, pidió la congresista del Movimiento Mira.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, también entró en el debate y propuso que los dueños de bares y discotecas sean “corresponsables” en los accidentes que provoquen los ebrios.

Para Otálora, quienes organizan fiestas deben asegurarse de que los borrachos no se vayan manejando y puedan causar muertes o lesiones.

SAIR BUITRAGO MEDINA
Redactor de Justicia

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.