Más razones de peso para vender

Más razones de peso para vender

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03 de agosto 2013 , 06:48 p.m.

Gran alboroto se ha formado con el anuncio del Gobierno de vender las acciones de su propiedad en Isagén, la tercera más grande generadora de energía eléctrica en el país. Se escuchan críticas muy fuertes y con voces muy altas pero con muy poca argumentación de peso. Algunas por posición ideológica, muy respetable pero no tan lógica, y las más por simple oposición al presidente Santos, tan poco finas como oponerse a lo que hace cuatro años querían hacer. Casi todas con atrevido desconocimiento del tema.

Y resulta que además de la esgrimida por el Gobierno –la obtención de recursos para apoyar el desatraso del país en materia de infraestructura vial– existen otras razones importantísimas a favor de esa decisión. Todas de orden institucional, pero que a su vez revierten en mayor seguridad de suministro y en menores tarifas para la energía. Veamos por qué.

El argumento central que les he escuchado al expresidente Uribe y a su exvicepresidente es que el Gobierno debe mantener la Empresa bajo su control para acometer proyectos de generación que considere necesarios y que el sector privado no quiera emprender. Debo advertir que durante los primeros años de vida de la Isagén recién escindida de ISA, operación que me correspondió formalizar y poner en vigencia como ministro de Minas y Energía, sostuve similar posición: que debería permanecer en manos del Estado, para asegurar el suministro de energía en los primeros años del nuevo régimen legal-institucional del sector eléctrico.

Pero era precisamente bajo esa premisa: mientras nacía, crecía, se desarrollaba y se fortalecía el régimen de mercado, de competencia entre generadores, principalmente privados, esquema totalmente nuevo, nacido en 1994. Pero ya la cosa es bien distinta: cerca de 20 empresas generadoras, con imperfecciones de mercado, sí, pero en competencia abierta, tanto en contratos directos como en la bolsa de energía, con reglas de juego técnicamente establecidas, dos agremiaciones, una superintendencia que vigila su desempeño, y planes de expansión en cabeza de los participantes actuales y otros por entrar.

Con los niveles de desarrollo que tiene ya el sector, hablar de la posibilidad siquiera, y peor, de la necesidad, de que el Estado tenga una empresa que desarrolle proyectos con criterios gubernamentales, de conveniencia política, es incalificable. Es destructivo de todo lo construido en 19 años sin requerir recursos fiscales ni endeudamiento público, gran parte con sólo inversión privada, la que saldría ahuyentada con semejantes amenazas. Y más grave al recordar que Isagén tiene 11 por ciento de sus acciones en manos privadas. Y ¿cómo sería la cosa? ¿A hacer con la plata de ellos lo que no es óptimo? ¡No! Eso hay que respetarlo.

Por otro lado, el tamaño de la empresa le da posición dominante en el mercado, lo que con propiedad mayoritariamente del Estado central resulta más inconveniente, menos controlable que siendo independiente, una de tantas oferentes, sin los tratamientos bastante preferenciales que su actual característica le da y que bastante distorsionan el funcionamiento del mercado.

Final y adicionalmente, Isagén cuenta para su desarrollo de Sogamoso con los tratamientos privilegiados que se inventó el gobierno anterior: zona franca especial con cero aranceles, cero IVA y 15 por ciento de impuestos contra 33 de los competidores. Y al venderla, buena parte del valor presente de esos privilegios se puede y se debe incluir en el precio de las acciones. Se recauda más y las tarifas de su energía deben resultar más equitativas.

Jorge Eduardo Cock L.

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