Mientras en La Habana continúan las negociaciones de paz para la terminación del conflicto, el país vive una escalada de protestas sociales que van desde el Catatumbo, pasando por las regiones cafeteras del interior hasta las zonas mineras del Pacífico.
En principio esta situación parece contradictoria, pues a una negociación debe venir un proceso de armonía e equilibrio social. Pero justamente la discusión sobre la paz hace que las contradicciones sociales del país afloren con más fuerza y vigor. La caja de Pandora en el país se abrió y están comenzando a salir todos los males que aquejan a nuestra sociedad.
La culminación del conflicto no solo se define en La Habana, sino que se decide, en última instancia, en el país. Si se quiere, mientras en La Habana se vive un mundo ideal, el país vive el mundo real de la injusticia e inequidad social.
Por esta razón, el gobierno de Santos no solo debe apostarle al éxito de las conversaciones de paz en La Habana, al mismo tiempo debe dar soluciones concretas a las protestas sociales que hoy se extienden en el territorio nacional.
La paz no se resuelve con la firma formal de un acuerdo, sino que debe ir acompañada de una serie de reformas económicas y políticas que profundicen nuestra democracia. Y justamente a esto es a lo que le teme el gobierno de Santos.
Si el Presidente quiere pasar a la historia como el gobernante de la paz, debe ‘darse la pela’ y escuchar las voces de los campesinos del Catatumbo, de los caficultores y de los mineros artesanales para realizar una serie de reformas liberales que siguen pendientes en el país.
Las protestas sociales en cada región son diferentes, pero todas están unidas por el derecho, la reglamentación y el uso de la tierra. En el caso del Catatumbo, los campesinos luchan por las zonas de reserva campesina, que el Gobierno solo acepta en el papel. Si en el Catatumbo se implementara esta experiencia, no solo se daría solución a una región que ha sido abandonada por el Estado y víctima de los grupos al margen de la ley, sino que sería modelo para implementarlas en el resto del país. Los cafeteros, por su parte, reclaman mayor atención e incentivos del Gobierno, para una economía que, siendo emblemática, ha venido en ruina.
En cuanto a la minería, el Gobierno debe diferenciar entre la minería a gran escala, la minería ilegal y la minería artesanal, reglamentando la explotación del subsuelo y poniendo en cintura a los monopolios internacionales y las nuevas mafias mineras que están destruyendo la geografía del país (se dice que el negocio del oro hoy es más rentable que el de la coca).
Si Santos quiere pasar a la historia como el presidente de la paz, debe implementar una serie de reformas económicas y políticas, que hoy reclama el pueblo colombiano. De lo contrario, pasará a la historia como sus colegas anteriores, que gobernaron para las grandes multinacionales y para las compañías nacionales que hoy se están quedando con la tierra, así sea contorneando la ley.
