En noviembre del año 2010, la Policía de Tránsito inmovilizó la motocicleta de Jorge Rodríguez, por no tener el certificado de revisión técnico mecánica. Arreglar la moto, pagar la multa y obtener el certificado le costaba cerca de dos millones de pesos. Rodríguez optó por una solución ‘más barata’: compró una moto nueva y dejó ‘perder’ la otra en los patios de tránsito.
Este es solo un caso. En los patios de Álamos de Bogotá hay hasta la fecha 4.924 motos que llevan más de dos años a sol y agua; en las mismas condiciones hay 2.447 automóviles; 4.189 bicicletas, y otro tanto número de vehículos, que van desde camiones, camionetas y camperos, hasta bicitaxis y zorras, que nadie ha reclamado y seguramente sus dueños no reclamarán.
Este es un problema con dos importantes aristas. La primera es que lo que adeudan los propietarios por concepto de multas y costos de parqueaderos es una cartera casi irrecuperable, como probablemente también lo es el estado de los vehículos. A junio del 2011, propietarios de 15.882 automotores le debían a la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín más de 41 mil millones de pesos. En Bogotá esa cifra superaba los 10 mil millones de pesos (Ver Las cifras de otras ciudades).
La segunda es el grave problema ambiental que causan estos vehículos abandonados al medio ambiente. Sus fluidos y otros elementos contaminantes van directamente a la tierra pues la mayoría están en lotes o terrenos, que popularmente se conocen como ‘patios’ y que los organismos de tránsito denominan ‘parqueaderos’. (Ver ¿En qué va la Ley de Chatarrización de carros particulares?
Por estas razones, en el Congreso de la República está en trámite un proyecto de ley del representante Iván Darío Agudelo –aprobado ya en primer debate– que busca poner fin a esta situación.
El proyecto otorgaría facultades a los organismos de tránsito del país para que puedan disponer de los vehículos que lleven más de dos años inmovilizados y no hayan sido reclamados, para que sean vendidos.
El mecanismo contemplado es el de remate o ‘martillo’, o en todo caso, un procedimiento que garantice una “adecuada concurrencia de oferentes”.
La venta se haría sobre la base de un avalúo previo del automotor. Para sacarlos a remate, los organismos de tránsito deberán efectuar el último día de cada mes dos “publicaciones a través del medio más eficaz, en las que informe al público qué vehículos se encuentran incautados, de tal manera que se permita la identificación de los mismos”, dice el texto del proyecto.
Con los recursos obtenidos por la venta de cada vehículo se pagará la deuda en su totalidad, y en caso de que haya excedentes, esos dineros se consignarán en una cuenta especial para la devolución a sus propietarios. Y en caso que se presenten los propietarios de los vehículos enajenados, se procederá a la devolución del precio obtenido con la venta, debidamente actualizado.
La deuda de los inmovilizados, en otras ciudades
A junio 30 de 2011 este era el número de vehículos inmovilizados y la deuda acumulada:
Medellín, 15.882 vehículos. 41.175’407.600 pesos.
Bucaramanga, 1.450 vehículos. 8.614’172.265 pesos.
Cúcuta, 2.195 vehículos. 9.212’801.050 pesos.
Manizales, 3.298 vehículos. 296’774.937 pesos.
Pereira, 1.350 vehículos. 3.043’759.180 pesos.
Bogotá, 13.556 vehículos. 9.582’446.083 pesos.
Barranquilla, 6.033 vehículos.
Otros problemas que causan los inmovilizados
El alto ‘stock’ de vehículos inmovilizados no reclamados genera altos costos para las administraciones públicas que deben disponer de elevados recursos públicos para la custodia, administración y vigilancia de los patios y de los vehículos.
Al mismo tiempo se eleva de manera ficticia la cartera de esas entidades por parqueo e impuestos municipales y departamentales, además de mantener ‘infladas’ las cifras reales del parque automotor del país.
Entre más años dure la inmovilización de un vehículo, menor es su probabilidad de ser reclamado, riesgo que se hace cercano a cero a partir del tercer año de inmovilización, convirtiéndose así los parqueaderos en depósitos de vehículos viejos y abandonados, cerca a zonas residenciales que generan contaminación visual, ambiental y son foco de proliferación de zancudos y de otras plagas.
¿En qué va la ley de chatarrización de carros particulares?
Desde el pasado 27 de mayo empezó a correr el plazo de seis meses que tienen los ministerios de Transporte y de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para reglamentar la Ley 1630 que agiliza los trámites para la desintegración (chatarrización) voluntaria de carros particulares.
Esta Ley 1630 exonera del pago de impuestos y elimina la exigencia de la revisión técnico mecánica y el Seguro Obligatorio de Accidentes (Soat), a los propietarios de vehículos inservibles que se acojan en los siguientes dos años al proceso de desintegración física de sus carros.
Transcurridos dos meses, el Ministerio de Transporte reporta que se crearon mesas de trabajo para discutir el tema y que la resolución final estaría lista en septiembre. Esa resolución debe fijar las disposiciones para la cancelación de la licencia de tránsito. En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el tema no se ha movido.
A este le corresponde fijar las condiciones y requisitos ambientales que deberán cumplir las entidades desintegradoras o centros de tratamientos de vehículos fuera de uso, interesados en desarrollar el proceso de desintegración.
