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Congreso, Fiscal y Corte defienden Marco para Paz; Ordóñez arremete

En audiencia, el Presidente admitió que Estado ha sido responsable de graves violaciones a DD. HH.

El presidente Juan Manuel Santos asistió a la Corte Constitucional como voz del Gobierno para explicar el impacto y los alcances del Marco Jurídico para la Paz, norma que está demandada ante ese tribunal por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). (Lea también: 'En Marco Jurídico para la Paz privilegian a los victimarios': Ordóñez)
Es un hecho poco común que el mismo Presidente sea el representante del Estado en una audiencia de este tipo. Santos defendió la reforma constitucional que establece que, ante la imposibilidad de investigar y juzgar a todos los responsables de delitos durante el conflicto, es necesario concentrarse en los máximos responsables.
Al principio de la audiencia, el magistrado Jorge Pretelt, afirmó que en agosto se emitirá la decisión y que, a pesar de que ya hay una ponencia, lo que se diga en la audiencia “no serán palabras al viento”.
En su intervención, el presidente Santos dijo que se está en un momento de decisiones en el proceso de paz que se lleva con las Farc en La Habana. “Estamos ante una oportunidad real de ponerle fin al conflicto armado interno. Estamos en un momento de decisiones, en una situación que se nos presenta una vez en la vida”, dijo el Jefe de Estado.
El presidente Santos afirmó que el Marco Jurídico para la Paz “no abre espacios a la impunidad, sino satisface de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas de un conflicto tan prolongado”.
Ante los magistrados, el mandatario agregó que la norma “no pretende investigar ni juzgar a todos los responsables, sino que se creó una estrategia realista y transparente” para enfrentar 50 años de conflicto armado. E insistió en que hay una política integral de víctimas, que están en el primer punto y que se han creado mecanismos normativos para proteger sus derechos.
“No se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia" y agregó que la Ley de Víctimas y el Marco Jurídico para la Paz brinda la reparación de todas las víctimas. Y reiteró: “No tenemos garantías de éxito. Si fracasamos, tengan la seguridad de que vamos a utilizar todos los mecanismos del Estado para proteger a todos los colombianos. Vamos para adelante con o sin las Farc, con o sin el Eln”.
“No exagero al señalar que este es el proceso de constitucionalidad más importante de la década. Estamos abriendo de manera transparente la justicia transicional para hacerle frente a 50 años de conflicto”, dijo el Presidente, quien reconoció la responsabilidad del Estado en el conflicto.
“El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto armado interno”, dijo.
En la audiencia, también se pronunció el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien aseguró que el trabajo que se hizo con el Marco Jurídico fue “muy cuidadoso”. Sobre la demanda, afirmó que esta “supone muchas cosas que no aparecen en la norma porque esa ley no se ha desarrollado”.
Por su parte, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, dijo que el Marco Jurídico para la Paz no tiene vicios. “Esto demuestra el rigor del Congreso”, dijo el senador.
El congresista afirmó que en caso de que la Corte avale el acto legislativo y los resultados de la Habana se den el Congreso tendrá como guía defender la defensa de las víctimas. “Este instrumento es indispensable para negociar con las Farc y el Eln”, dijo Cristo.
Fiscal apoya, Procurador arremete
Contrario a estas posiciones, el procurador General, Alejandro Ordóñez, arremetió contra el Marco Jurídico y llamó a la Corte a tumbar la norma. "Espero que impidan que aquí campee la impunidad y se sacrifique el derecho de las víctimas", dijo. Y agregó: "La paz no lo justifica todo".
Por su parte, el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, defendió los principios de la norma e insistió en que, en términos de investigación y juzgamiento, se debe atacar las estructuras criminales y los aparatos de poder de las organizaciones criminales.
Corte Suprema apoya el Marco Jurídico para la Paz
Por su parte, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, el magistrado Leónidas Bustos, pidió a la Corte que declare ajustado a la Carta Política la reforma constitucional.
En su intervención, el magistrado Bustos dijo que "observa con beneplácito la expedición del Marco Para La Paz" y lo catalogó como “un inicio responsable y serio que reafirma el precepto constitucional de la paz”.
Según el magistrado, en un proceso de paz el derecho no puede ser un obstáculo infranqueable.
Un ejemplo de justicia transicional, agrego Bustos, es la Corte Penal Internacional que limita su accionar a los crímenes más grandes y sus actuaciones se dirigen a los máximos responsables.
"El Estado sí puede entrar a investigar a la máximos responsables", reiteró el Presidente de la Sala Penal y aseguró que este caso lo que hace es reconocer la imposibilidad de someter a todos los implicados en el conflicto armado pero sin renunciar a su obligación de aplicar justicia.
‘No puede haber impunidad’: demandante
En la misma audicencia, Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, le solicitó a la Corte Constitucional que corrija la norma “porque no reconoce adecuadamente los derechos de las víctimas y las obligaciones internacionales sobre derechos humanos”.
Gallón reiteró que el Marco Jurídico para la Paz “resucita el abominable espectro del estado de sitio que la Carta de 1991 decidió conjurar”. De igual manera, aseguró que la Corte debería dejar en claro que “los mecanismos de justicia transicional deben aplicarse, no para brindar impunidad, sino para garantizar el máximo nivel de justicia posible”.
El demandante afirmó que se valore la decisión de demandar como “una contribución al importante proceso de paz en curso” y dijo que “conciliar el derecho a la paz y el derecho a la justicia no consiste en un perdón mutuo entre los combatientes, sino que deber partir del reconocimiento del daño causado por todos los guerreros a las víctimas civiles y la petición genuina de perdón”.
Esta intervenciones, sumada a las de la Fiscalía, la Procuraduría, las organizaciones de víctimas y la academia, servirá como insumo para que los magistrados tomen una decisión sobre la constitucionalidad de la reforma constitucional.
REDACCIÓN ELTIEMPO.COM Y REDACCIÓN JUSTICIA
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