Mucho se ha escrito sobre las argucias jurídicas usadas por los abogados de Riopaila para acceder a más de 40.000 hectáreas de tierra en Vichada, lo que a la luz de la adquisición fraudulenta de tierras es vergonzoso y denigrante.
Los medios lo comentan, porque un grupo económico de renombre queda en la palestra por el afán de conformar latifundios para desarrollar sus proyectos agroindustriales. Pero sorprende que el Estado también incurre en esas prácticas.
Bioenergy, socia de Ecopetrol, en Puerto López adelanta un proyecto de producción de alcohol carburante, que para su desarrollo, además de adquirir gran cantidad de hectáreas tiene en arriendo otras tantas, sobrepasando la UAF que la Ley permite. Lo insólito es que esta empresa ha comprado tierras sobrepasando la UAF, usando la figura de patrimonios autónomos, es decir a través de fiducias, donde el beneficiario o fideicomisario es Bioenergy.
Vale la pena que se verifiquen las fiducias mercantiles registradas en los últimos tres años y ver si Ecopetrol, empresa mixta industrial y comercial del Estado, a través de Bioenergy, le hizo trampa a la ley agraria y si los organismos de control van a castigar estas argucias.
