Los datos son casi incontrovertibles. En Colombia los precios de los medicamentos son relativamente altos; en particular, los precios de los medicamentos de marca son mayores que en muchos países en desarrollo, e incluso mayores que en algunos países desarrollados, situación que es reportada consuetudinariamente por los medios de comunicación. De una muestra de 59 medicamentos con altas frecuencias de uso, 55 tienen precios más altos en Colombia que en España.
Las causas de los mayores precios son varias y variadas. Cabe mencionar, por ejemplo, la menor competencia, los altos márgenes de intermediación, la ausencia de una regulación efectiva y el bajo gasto de bolsillo de los hogares, que les permite a los laboratorios cobrar precios más altos sin esperar una reducción sustancial en los volúmenes vendidos. A esto se suma la resistencia al uso de medicamentos genéricos derivada de una percepción errónea que asocia unos precios más altos con una mejor calidad y viceversa.
Sea cuales fueren las causas del problema, una mayor intervención por parte del Estado está plenamente justificada, por razones de equidad y por razones fiscales: los altos precios de los medicamentos, casi sobra decirlo, son una amenaza para la viabilidad financiera de nuestro sistema de salud.
Hasta comienzos del año 2002, el mercado de medicamentos estaba fuertemente regulado. Entre 2002 y 2006, la regulación comenzó a desmontarse parcialmente. A partir de 2006, la libertad de precios se convirtió, con contadas excepciones, en la norma general. Durante la segunda mitad de la década anterior, los recobros al Fosyga, representados en su gran mayoría por medicamentos de alto costo no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), aumentaron de manera explosiva, pasando de $247 mil millones en 2006 a $2,4 billones en 2010. Los medicamentos recobrados fueron pagados por el Estado a cualquier precio, por alto que fuera. La libertad de precios se llevó a un extremo casi absurdo: el Estado pagaba dócilmente lo que el vendedor decidía cobrar. Fue una fiesta cuyas consecuencias todavía estamos viviendo; o padeciendo, para decirlo más claramente.
Desde 2010, el entonces Ministerio de la Protección Social estableció topes obligatorios o valores máximos de recobro a los precios pagados por el Estado para 8.705 medicamentos no incluidos en el POS. Esta medida le puso coto a una de las peores formas de abuso que había traído la libertad de precios decretada en 2006 y le ahorró al menos $300 mil millones anuales al sistema de salud. La medida frenó el crecimiento explosivo de los valores recobrados y le puso fin a la fiesta de la libertad absoluta de precios.
Pero no frenó todos los abusos. Conscientes de la persistencia del problema y de sus consecuencias para la salud financiera de los colombianos, el Ministerio de Salud y Protección Social ha puesto en marcha una serie de medidas para incrementar la competencia, que amplíe la oferta y baje los precios de los medicamentos. En agosto de 2012, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la nueva Política Farmacéutica Nacional, que sienta las bases conceptuales para el estímulo a la competencia y la regulación de precios, así como para el fortalecimiento de la rectoría y la vigilancia.
En mayo de este año, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos aprobó una nueva y ambiciosa regulación de precios. Esta impone topes estrictos en mercados monopólicos o concentrados con base en los precios observados en un conjunto de 17 países de referencia, incluyendo a varios latinoamericanos y europeos. Para decirlo de manera sucinta, la nueva regulación garantiza que el precio de los medicamentos regulados no superará el que se cobra en los cuatro países más bajos del conjunto de referencia. Las primeras decisiones se anunciarán la próxima semana. La regulación no es letra muerta. Todo lo contrario.
La ley estatutaria de salud, aprobada por el Congreso de la República el pasado mes de junio, ordenó el control de los precios de medicamentos en el espíritu de la regulación descrita anteriormente. Ya la regulación no dependerá de la voluntad del gobierno de turno. Ahora es un mandato de nivel casi constitucional. Si, como se ha rumorado recientemente, un agente de una compañía multinacional argumenta que los controles de precios violan los compromisos internacionales del país en los tratados de libre comercio, Colombia podrá argumentar, de manera enfática, la existencia de una norma que vincula el control de precios al derecho fundamental a la salud. La ley estatutaria no es una burla a la gente, como se ha dicho de manera ligera.
El Gobierno, luego de un año y medio de intenso debate, está próximo a expedir un decreto que permite la entrada de competidores al mercado de los medicamentos biotecnológicos, que representan el mayor gasto al sistema de salud. Por falta de competencia, estos medicamentos tienen, en muchos casos, precios muy altos, incluso exorbitantes. La competencia, hasta donde sea posible, y la regulación, hasta donde sea necesaria. Este es el criterio rector de la nueva política de medicamentos.
Las medidas no terminan con la regulación. La ley ordinaria de salud, que continuará su trámite en la actual legislatura, propone que la aprobación de nuevas patentes médicas tenga que estar mediada por un concepto del Ministerio de Salud y Protección Social y que toda la información sobre uso y precios de medicamentos sea de interés público. En conjunto, estas medidas estimulan la competencia y la transparencia en mercados usualmente concentrados y turbios.
Todavía faltan cosas por hacer. Necesitamos garantizar que los controles de precios lleguen hasta el canal comercial y que se traduzcan efectivamente en un alivio para la gente. Necesitamos asimismo medidas adicionales para lidiar con la llegada de nuevas tecnologías, que cuestan cinco o diez veces más y no son necesariamente mejores (en la nueva medicina existe un divorcio conocido entre valores y precios). Hemos ido más allá de la indignación; tenemos método, voluntad y claridad para enmendar los errores del pasado y acabar, de una vez por todas, con los abusos del presente.
ALEJANDRO GAVIRIA URIBE
MINISTRO DE SALUD
ESPECIAL PARA EL TIEMPO