Embriaguez e ingenuidad

Embriaguez e ingenuidad

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18 de julio 2013 , 05:01 p.m.

No sabe uno de qué espantarse más. Si de la proliferación ‘in crescendo’ de los borrachos al volante, o de la candidez con que los medios abordan el peligroso asunto en sus comentarios y aun en sus informaciones.

Las estadísticas señalan que a diario hay, en la capital y en el país, víctimas de conductores embriagados, y que la policía aplica sin cesar las leves sanciones que la ley contempla para quienes violan las disposiciones que prohíben conducir bajo los efectos del alcohol, así su consumo haya sido mínimo. Todavía se recuerda el caso del agresivo senador que conducía pasado de copas y que insultó a un agente de la policía que quiso tomarle la prueba de alcoholemia. Aunque tras las denuncias de la prensa y la tormenta desatada sobre el senador que se creía intocable, fue por fin despojado de su investidura, los borrachos no aprendieron la lección.

La última tragedia ocasionada por un conductor embriagado ocurrió hace pocos días. Un muchacho de familia rica, al volante de una de esas camionetas poderosas que cuestan entre doscientos y trescientos millones, a una velocidad de ciento setenta kph, se pasó un semáforo en rojo y arrolló un taxi, en el que iban dos jóvenes pasajeras, ingenieras de profesión. Ambas ingenieras perecieron al instante y el conductor del taxi se encuentra en coma. El joven conductor de la camioneta no sufrió daño físico alguno, y la prueba de alcoholemia, según dictamen oficial, demostró que se encontraba en alto grado de embriaguez.

¿Cómo catalogar a los que conducen bajo los efectos del licor, que perturban por completo las facultades mentales? ¿Qué tipo de sanción debe aplicarse a esos individuos?

‘El Espectador’, en una bien intencionada, pero asaz ingenua nota editorial (18 de julio de 2013, página 24), se inclina por “más sanción social”. Se queja, con razón, de que nada ha funcionado para controlar a los conductores ebrios, cita las estadísticas, y se muestra en desacuerdo con la Corte Suprema de Justicia que, dice el diario citado, “profirió una cuestionable tesis hace un par de años: que el hecho de manejar un automóvil en estado de embriaguez y matar a alguien en el proceso era una causal de homicidio doloso por la figura del dolo eventual. La dogmática penal clásica sin embargo está lejos. El mismo código penal es muy claro en su definición de dolo eventual: ‘cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar’. Pero los conductores ebrios no se suben al carro dejando al azar el hecho de matar a alguien. Nadie podría afirmar eso. Sin embargo, el precedente está dado, mucho más por el malestar de las víctimas que por el mismo respeto a la lógica jurídica. Pasamos de un homicidio culposo a uno doloso por arte de birlibirloque”.

No es fácil desentrañar qué quiso decir el editorialista con lo del malestar de las víctimas y el respeto a la lógica jurídica, en un párrafo que hace honor al clásico leguleyismo santanderista. La lógica jurídica no sería lógica si no estuviera encaminada, primero, a remediar el dolor (no el simple malestar) de las víctimas; y segundo, a sancionar con la drasticidad que lo amerite a los culpables infractores, en este caso a los conductores embriagados.

Se entiende por homicidio culposo aquel que es cometido sin intención, como un accidente, por ejemplo. Y por homicidio doloso, aquel que se comete con intención, como un asesinato. ¿Podemos considerar que la tragedia ocasionada por el joven que embistió contra el taxi fue un accidente, un homicidio culposo? Si el conductor hubiese estado en su sano juicio, sin haber probado gota de alcohol ni de sustancia alguna que incidiera sobre su capacidad para conducir un vehículo, cabría el homicidio culposo; pero el muchacho estaba embriagado. Bajo los efectos del alcohol, movió su vehículo a una velocidad tres veces superior a la permitida, se pasó un semáforo en rojo, se llevó por delante un taxi que tenía la vía, y mato a dos jóvenes que viajaban en él, y que apenas comenzaban su camino por la vida, además de sumir en el dolor más intenso a las familias de las víctimas. Un dolor intenso, imposible de describir, no un simple malestar de las víctimas, como lo denomina con cierto desprecio por las víctimas, y velada conmiseración por el victimario, la nota editorial que comento.

Puede alegarse que aquí no hay homicidio doloso porque nadie está en capacidad de demostrar que el conductor tenía la intención de matar a las dos ingenieras y dejar al taxista ad portas de la muerte. No, desde luego que no tenía esa intención; pero al ingerir licor embriagante, él debía saber por fuerza que su deber era entregar las llaves del vehículo a alguien y solicitarle que después lo llevaran a su casa. Eso tenía que saberlo bien sabido (no se trata de una persona de baja condición social ni económica) y sin embargo no lo hizo. Se emborrachó, se montó en su costosa camioneta, y causó la tragedia. Aquí encaja sin duda alguna la figura del dolo eventual, como lo determinó con sabiduría la Corte Suprema. El conductor no ignoraba que manejar borracho podría conducir a una tragedia.

Las sanciones a veces contienen a los infractores, pero no solucionan el problema. La raíz está en la educación que debe impartirse a los niños desde su primer año de escolaridad, hasta el último; pero pasarán muchos años antes de que esa educación obre en el cambio de las mentalidades. Mientras tanto, se debe sancionar a los infractores y sancionarlos con dureza. No puede ser que las familias vivan ahora con el credo en la boca rogando por que no les llegue la noticia de que sus hijos, sus esposos, sus parientes fueron asesinados por un conductor borracho.

‘El Espectador’ sugiere que haya más sanción social: “Ya va siendo hora de que la sociedad colombiana no espere a que el Estado promulgue la cadena perpetua para estos hechos sino que, más bien, empiece por casa con la tarea de no tolerar esa conducta en ninguna persona que conozca. Negarse a subirse al carro de alguien que ha bebido, sancionarlo socialmente, no celebrar las historias que cuenta, no ofrecerle trago insistentemente a alguien que se niega a hacerlo porque tiene que manejar”. Esas recomendaciones, que no están descaminadas, serán ingenuas mientras el Estado colombiano no implemente una política educativa que las enseñe a los educandos. Ahora mismo debería estarse debatiendo en los colegios, en todas las aulas, del grado primero al once, lo sucedido con el joven embriagado y las dos ingenieras a las que mató. O analizándolo, no como una noticia sensacionalista, sino como una lección imborrable de por qué el respeto a la vida evita que ocurran tales tragedias.

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