Pocas cosas son tan definitivas para un sistema de salud y el bienestar de la población como el precio de los medicamentos y el acceso de la gente a estos. Lo que cruza, necesariamente, por el ineludible papel de un Estado que vigile y regule un mercado que mueve miles de millones de dólares en el mundo.
En Colombia, esta cuestión ha atravesado los debates sobre el sistema de salud. No es para menos: al alto costo de tales insumos no solo se le ha atribuido gran parte de la responsabilidad en su quiebra; también, un alto porcentaje de las quejas por la mala calidad de los servicios.
A raíz de estas discusiones, los colombianos tienen claro que el precio de los fármacos que se comercializan en el país se cuenta entre los más altos del planeta. Y no se trata solo de productos innovadores o monopólicos, sino de los de uso común.
La regulación de los precios se ha movido entre dos aguas: el enfoque que propone la desregulación completa, para que sean fijados por la dinámica del mercado, y el de la regulación parcial o total por el Estado.
Cabe anotar que los sistemas de control de precios de fármacos ya están inventados. Para la muestra, el del Reino Unido, que, a través de su Ministerio de Salud, ha intervenido los valores de todos los medicamentos innovadores, fundado en la relación que hay entre el precio que acepta por un producto y el beneficio que otorga al paciente que lo utiliza.
En Colombia, infortunadamente, esquemas de este tipo parecen no tener acogida. El sector ha visto desfilar varias iniciativas para controlar los precios, pero la complejidad de la metodología adoptada, la carencia de información veraz y las presiones de terceros para evitar cualquier regulación han dado al traste con todas ellas.
Basta analizar los recobros para medir el impacto de dicha situación en el sistema de salud: mientras que en el 2000 su monto ascendía a 4.244 millones de pesos, en el 2010 la cifra alcanzó los 2,4 billones de pesos. Hoy ya nadie pone en duda que el desborde esté relacionado con la desregulación total, que ha desembocado en toda suerte de abusos.
El panorama está más que claro; queda insistir en que el país necesita llevar este mercado a sus justas proporciones.
Ello requiere que cualquier iniciativa de control de precios se centre en aquellos productos con desequilibrio en las fuerzas del mercado o que constituyan monopolios otorgados por el Estado o los que son únicos, como ocurre con muchos biotecnológicos.
También hay que poner la lupa sobre los que, si bien tienen competidores, no son suficientes para generar una autorregulación.
Útil sería fijar precios iguales para todos los principios activos –moléculas que son la materia prima– y evitar así el inequitativo control sobre las marcas, lo mismo que la eliminación de los incentivos perversos generados por los recobros al Fosyga.
Hay que reconocer que la última circular emitida por el Ministerio de Salud, que busca fijar precios de fármacos a partir de referencias internacionales, es una medida positiva si se tiene en cuenta que Colombia viene de la desregulación total. Sano sería extenderla a los canales comerciales.
Está fuera de discusión que la calidad y los beneficios tienen que ser factores determinantes en la fijación de precios, así como la necesidad de garantizar el acceso real y equitativo a toda la población. Ese es, al fin y al cabo, el objetivo último de este mercado.