En dos meses, una institución educativa de Bogotá y la Secretaria de Educación Distrital deberán abrir una investigación por las denuncias de una alumna sobre un supuesto caso de matoneo escolar de un profesor a sus alumnos.
El fallo es de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que con ponencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve, ordenó a las entidades educativas del Distrito determinar cuál es la situación académica y de convivencia de la alumna dentro del establecimiento educativo.
La tutela fue interpuesta por la madre de la menor y describe la forma cómo su hija se ha afectado por los malos tratos de un docente. Ella denuncia agresión verbal y “mala fama” en el colegio.
El Alto Tribunal señaló que aunque no se encuentran denuncias al respecto ante la rectoría del colegio y la Secretaría de Educación, tampoco se ha creado el comité escolar de convivencia que, por ley (Ley 1620 de 2013), debió crear el colegio para investigar situaciones como la que aquí se debate.
Señala además que aunque los casos de acoso escolar que se presenten al interior de las instituciones educativas representan una clara amenaza contra los derechos fundamentales de los menores y sus familias, las autoridades educativas no pueden presumir dichos actos, por lo que es necesaria la colaboración de las posibles víctimas para demostrar tal situación.
“La Sala accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda de tutela, bajo el entendido de la necesidad de iniciar el procedimiento necesario para el esclarecimiento de la verdad respecto a sus afirmaciones, y teniendo en cuenta que ningún proceso formal se ha iniciado por parte de la Institución Educativa o la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá”, señala la decisión.
En la sentencia, la Corporación reitera que con la Ley 1620 de 2013 se dotó a las autoridades públicas, instituciones educativas, directivos y docentes, de las herramientas necesarias para enfrentar, entre otros problemas, los actos de acoso y violencia escolar.
Sin embargo, “tal tarea incumbe en igual medida a las familias de los estudiantes, pues solamente a partir del trabajo mancomunado entre éstos y aquéllos, es posible lograr una intervención efectiva en las causas de las violaciones de derechos fundamentales que eventualmente tengan lugar al interior de los establecimientos educativos”.
REDACCIÓN JUSTICIA