Al tiempo con los profundos cambios ocurridos en la sociedad colombiana en los últimos cincuenta años, que han permitido el tránsito de un país rural a uno urbano, con mejoras determinantes –aunque insuficientes– en la provisión de servicios e infraestructura por el Estado, ha tenido lugar una ampliación no menos significativa en los horizontes educativos de los jóvenes. Cada vez son más los colombianos con acceso a mayores posibilidades de desarrollo personal que las que les correspondieron a sus padres.
Dicho lo anterior, hay que reconocer que no siempre estas demandas logran encauzarse como sus portadores lo anhelan, lo que es fuente de no pocas frustraciones. Y buena parte de estas experiencias amargas se deben a lo insuficiente que todavía resulta el sistema educativo, canal de movilidad social por excelencia. La sanción impuesta esta semana a la Universidad San Martín obliga nuevamente a voltear los ojos sobre tal realidad.
Al respecto, hay pleno consenso en que todos los esfuerzos deben apuntar a que una primaria y una secundaria óptima le garanticen a la mayor cantidad posible de graduandos un conjunto de competencias para acceder al siguiente escalón: una enseñanza universitaria que, a su vez, debe proporcionar herramientas suficientes y pertinentes, en sintonía con el mundo exterior, para permitirles de esta forma hacer realidad sus sueños, cada vez más altos. No obstante los recientes pasos dados en la dirección correcta, que desde estos renglones se han reconocido, tal escenario todavía está lejano.
La realidad muestra cómo son de cuantiosos los casos de colombianos que no logran que se les abran las puertas de la educación superior de calidad, bien sea porque los costos están lejos de su alcance o porque no superaron el estrecho embudo de los procesos de admisión, situación más recurrente en las universidades públicas. Para ellos no queda más alternativa que acudir al abanico de ofertas de instituciones privadas de diverso talante.
Para hacerse una idea de la importancia y magnitud del asunto, conviene mirar las cifras. Estas revelan el crecimiento cuantitativo, mas no cualitativo, de la oferta, que surge como respuesta a la creciente demanda descrita.
Así, mientras que en 1992 existían en el registro del Ministerio de Educación 2.585 programas, este año ya son 10.293 y de ellos, apenas 785 certificados como de alta calidad. Así mismo, de las 288 instituciones de educación superior hoy reconocidas, solo 28 gozan de este mismo estatus. Y, mientras que en el 2003 eran 288 los municipios con instituciones de este tipo, una década después llegan ya a 783.
Es un ramillete tan nutrido como diverso. Hay muchas, por fortuna, con pénsumes tan idóneos como capacitado está su personal docente. Pero, por desgracia, otras tantas están más preocupadas por su contabilidad que por su confiabilidad, por no mencionar aquellas que han sido eficaces plataformas políticas.
Idóneas o no, todas gozan de la autonomía que la Constitución les garantiza, pero siempre dentro del marco regulatorio establecido por el Ministerio. Fue este último el que sancionó a la Fundación Universitaria San Martín cancelándole siete de sus programas académicos, además de imponerle multas por incurrir en publicidad engañosa, por el no pago de salarios a docentes y por obstruir las funciones de vigilancia y control que le competen a esta entidad. Lo ocurrido permitió conocer, además, que son en total 60 las instituciones de educación superior que en este momento están bajo la lupa estatal por razones similares.
En el corazón de dicho debate están los límites tanto del Estado en su control como la independencia de que gozan las universidades y que, no sobra dejarlo claro, acarrea también una serie de responsabilidades, más en un campo con tan altos estándares éticos.
Si el Estado no va a estar en capacidad de ofrecer de manera directa educación de calidad a la cada vez mayor cantidad de bachilleres que la requieren, es su deber garantizar que aquellos privados que están llenando este vacío se mantengan dentro de unos estrictos límites de excelencia. Un desafío que ya lo trazó el más reciente informe del Banco Mundial sobre este campo, en el que hace un llamado a redoblar los esfuerzos para asegurar el rigor y la pertinencia de la educación que se ofrece, ante el hecho evidente de que es aún “demasiado frecuente encontrar programas de dudosa o escasa calidad y poca pertinencia”.
Puesto de otra forma, los entes estatales tienen la obligación de que este servicio no sea uno más, sino uno con amplia repercusión social. Para ello deben contar con suficientes facultades para ejercer plenamente el mandato constitucional de inspección y vigilancia sobre la oferta educativa. Pero dicha labor no es suficiente a la hora de apostarle a la calidad. Es necesario que quienes dirigen estas instituciones, y que por ello obtienen un lucro legítimo, por supuesto, sean plenamente conscientes de la particularidad de su actividad. Que se resume en que, más que clientes, sus beneficiarios son ciudadanos en busca de una realización personal, de la que depende el bienestar material, pero, sobre todo, emocional, de toda la sociedad.