Tras fallar una demanda interpuesta por el exmagistrado Jaime Araújo, el Consejo de Estado ordenó el martes devolverle la personería jurídica a la Unión Patriótica, movimiento que la había perdido en el 2002 por decisión del Consejo Nacional Electoral, luego de no presentarse a los comicios que tuvieron lugar ese año. El alto tribunal, de manera acertada, consideró que dicha entidad debió haber tenido en cuenta las razones que explicaban su ausencia.
Para entenderlas conviene recordar que en ese entonces la UP, que surgió en 1985, durante el proceso de paz que sostuvo el gobierno de Belisario Betancur con las Farc, ya se encontraba bastante diezmada por la atroz campaña de exterminio de la que fue objeto y en la cual, según lo han determinado numerosos fallos, participaron agentes estatales, además de narcotraficantes y organizaciones paramilitares.
Es importante rememorar el saldo que dejó tal persecución, que se hizo más intensa a finales de los 80 y comienzos de los 90. Alrededor de 5.000 de sus militantes murieron, entre ellos dos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, en 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990; además de 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes.
Estamos, pues, ante un hecho positivo, que no es ajeno y, al contrario, refuerza un ánimo creciente y loable de reconstruir la verdad histórica y de reparar a quienes fueron víctimas del que hoy es aceptado por un sector mayoritario de la opinión como un capítulo nefasto que no puede bajo ninguna circunstancia llegar a repetirse.
Todo esto ocurre, además, mientras en La Habana se discute el segundo punto de la agenda, que es justamente la participación política. Una coincidencia positiva, que viene acompañada de otra en sentido contrario. Y es que, tal y como están las reglas, el resurgir de la UP corre el grave riesgo de ser breve, pues hoy estaría obligada a superar el umbral en las elecciones legislativas de marzo, lo que implicaría, según estimativos, alcanzar unos 400.000 sufragios.
En cualquier caso, no está de más recordar aspectos del pasado con miras a aprender de los errores por todos cometidos. Remitirse, por ejemplo, a aquellos años en que la UP existió sin que las Farc renunciaran a las armas dentro de la denominada combinación de todas las formas de lucha –que contó, en un primer momento, con aval gubernamental–, terreno confuso e inconveniente para el ejercicio de la política.
Semejante escenario de grises hoy no puede repetirse. Aquí es oportuno traer a colación las palabras recientes de Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, para enfatizar que la política solo puede ejercerse con argumentos e ideas, nunca más en combinación con las armas.
Con esto claro, la siguiente pregunta es por la ruta que tomará el renovado movimiento. En el horizonte asoman varios caminos: el de la autonomía, el de un previsible acercamiento al proceso de paz o el de buscar un lugar entre los partidos minoritarios que hoy coinciden en la necesidad de asegurarse su espacio, bien sea a través de coaliciones o de reformas de la ley. Y estas últimas tienen nombre propio: estatuto de la oposición, que bien merece ser discutido.
Cualquier garantía legal será buen complemento de la reparación. Solo así sería posible reconciliarse definitivamente con una página oscura de la historia reciente. El esfuerzo debe dejar claro también cuáles son los límites que no se pueden volver a cruzar, unos mínimos comunes que deben congregar a todos los actores.
