López Michelsen y la controversia con Nicaragua

López Michelsen y la controversia con Nicaragua

Según el autor, al país le hacen falta opiniones del presidente López Michelsen en estos momentos.

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09 de julio 2013 , 07:31 p. m.

A propósito del centenario del nacimiento del doctor Alfonso López Michelsen (1913-2007), escritor, político, estadista e internacionalista, es justo hacerle un merecido homenaje a su memoria recordando su posición frente a las pretensiones territoriales de Nicaragua.

Cuando ese país centroamericano desconoció por primera vez el Acta de Canje de los Instrumentos de ratificación 1930 del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 en que se acordaba una frontera marítima entre los dos Estados; y Nicaragua otorgaba concesiones petroleras al oriente del meridiano 82 de Greenwich; el entonces Canciller del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, López Michelsen, ordenó a nuestro Embajador en Managua, Luis Alfonso Angarita, protestar y rechazar las pretensiones de Nicaragua sobre un área reconocida como Colombiana en el acta de 1930.

La protesta quedó protocolizada en la extensa Nota diplomática 092 del 4 de junio de 1969.

En esta forma Nicaragua iniciaba el camino de la violación al principio Pacta sunt servanda o cumplimiento de buena fe de los compromisos adquiridos, la cual cristalizaría definitivamente en 1980 cuando declaró unilateralmente la nulidad del Tratado de 1928.

Sin embargo, hay quienes pretenden sostener que por esa circunstancia, la tesis del meridiano 82 de Greenwich como límite marítimo, fue iniciativa del presidente López Michelsen.

No es cierto. Esa fue la posición oficial del gobierno de Managua y del parlamento nicaragüense que exigieron como requisito sine qua non para aprobar el Tratado de 1928 la inclusión de dicho meridiano.

Fue el mismo gobierno y los congresistas de Nicaragua los que se encargaron de reafirmar el carácter del meridiano 82 como límite marítimo, que hora niegan. En medio del debate parlamentario se oyeron expresiones como la que ese meridiano “fijaba ‘los límites del archipiélago de San Andrés’, ‘demarcaba una línea divisoria’, era ‘la delimitación acordada’ ” y otras en el mismo sentido, que indicaban a lo menos, una división de áreas.

La posición del presidente López fue todo lo contrario. Siempre expresó dudas sobre el carácter del meridiano 82 como límite marítimo y por ello, lo mismo que el presidente Ernesto Samper, pretendieron negociar con Nicaragua, aunque tuvieron que desistir ante la reacción implacable de ciertos sectores de opinión; cuando era desde entonces lo acertado. Por más concesiones que tuviera que hacerse a Nicaragua, a Colombia le hubiera ido mejor en una negociación que con el fallo de la Corte del 19 de noviembre de 2012.

Más tarde, en su misma condición de Canciller, le correspondió iniciar la negociación sobre la situación de los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana. En respuesta a lo sugerido por los Estados Unidos sobre Quitasueño, en el sentido de que ningún Estado podría ejercer soberanía por estar permanentemente sumergida en la alta mar; sostuvo acertadamente que “en lugar de declararse como alta mar esta porción del archipiélago, que desde el descubrimiento español hacía parte de los dominios de la corona de Castilla y luego del Virreinato de la Nueva Granada, para formar parte del territorio de Colombia, se reconozca (…) que los títulos colombianos a que se refiere el canje de Notas de 1928 siguen siendo válidos…”

Infortunadamente, el nuevo Canciller de la administración Pastrana Borrero, Alfredo Vásquez Carrizosa, suscribió el controvertido Tratado de 1972 que lleva su nombre, en el que se incorporó en una de sus anexos la misma posición de los Estados Unidos, rechazada por la administración Lleras Restrepo. Tan perjudicial fue la interpretación americana para Colombia, que en el proceso ante la Corte de la Haya, Nicaragua pretendió impedir con ese argumento, que se aceptara la condición de isla a Quitasueño.

Al presidente López Michelsen se le debe reconocer no solo por la suscripción de los acuerdos de delimitación marítimos con nuestros vecinos, sino como uno de los de los pioneros del derecho del mar al haber expedido la Ley 10 de 1978 antes de firmarse la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, en la que se determinan nuestras zonas marinas y ordena trazar las líneas de base rectas entre todas las formaciones insulares del Archipiélago de San Andrés. De haberse hecho, podríamos estar reivindicando a San Andrés como archipiélago oceánico o de Estado, como lo vengo sosteniendo, con el aliciente del concepto generoso del presidente López Michelsen que calificó mi tesis como la “Doctrina Gaviria”. Sigo pensando que es la única salida decorosa que todavía tiene Colombia, incluso frente al fallo de la Corte.

De haber presenciado el presidente López la incertidumbre en que está el país, no solo respecto del fallo de la Corte, sino frente a las nuevas pretensiones de Nicaragua, estaría sugiriendo estrategias y alternativas. No sería menor su sorpresa al constatar que el argumento central de la Cancillería sea el de ufanarse de que Colombia no ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982, con el argumento de que por ello no la obligan las decisiones de la Comisión de Límites de la plataforma continental respecto de las desmedidas aspiraciones de Nicaragua, cuando sus decisiones son simples recomendaciones.

La falta de ratificación de la Convención no es por estrategia, sino porque se ignoran los beneficios que tiene para Colombia pertenecer a ella. Lo más paradójico de todo es que ya nos la aplicaron como derecho consuetudinario. Al país le hacen falta las autorizadas opiniones del presidente López Michelsen en estos momentos.

El frente internacional

En política internacional, López sostuvo reuniones con el expresidente Carlos Andrés Pérez, de Venezuela; Omar Torrijos, de Panamá; y con los presidentes Gerald Ford y Jimmy Carter, de los Estados Unidos. En 1977 participó en una conferencia hemisférica de mandatarios con motivo de la firma del nuevo Tratado del Canal de Panamá. Recibió al presidente de México, José López Portillo; al de Jamaica, Michael Mandley; al secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger; y al rey Juan Carlos de España. Se firmaron tratados de delimitación de áreas marinas y submarinas con Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Haití.

ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO
Especial para EL TIEMPO

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