¿Y para qué las leyes?

¿Y para qué las leyes?

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08 de julio 2013 , 06:45 p.m.

Si en Colombia se gastara menos tiempo en promover leyes y se dedicara más a que las existentes se cumplieran, todo iría mejor. No se desperdiciarían tiempo y dinero en hacer normas magníficas por su intención y elocuencia, que luego nadie hace valer. Y, sobre todo, se le quitarían peso y valor a esa especie de democracia extorsiva que le han impuesto los congresistas al Gobierno.

Sin embargo, los que gobiernan se empeñan en hacer leyes, aunque luego no solo no se cumplan, sino que afecten los objetivos de política. Uno de los ejemplos más ilustrativos es el que le está ocurriendo a la administración Santos con la Ley 1565, del 31 de julio del 2012, por medio de la cual “se dictan disposiciones y se fijan incentivos para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero”. Es una de esas normas grandilocuentes que muy rápido se desvanecen.

Su propósito no puede ser más noble. Establece incentivos tributarios, aduaneros, financieros, laborales y de acompañamiento psicológico para quienes quieran retornar a su patria. Puede tratarse de un retorno solidario (en caso de que sea una víctima del conflicto armado), un retorno humanitario o por causa especial, un retorno laboral porque quiere emplear en Colombia los saberes y capacidades que adquirió en el exterior, o un retorno productivo cuando se trata de hacer empresa en el país.

Pues bien, a esa ley se pueden acoger quienes hayan permanecido por lo menos tres años fuera de Colombia y quieran beneficiarse de la exención de los aranceles de importación por concepto de menaje doméstico, hasta 62 millones 517 mil pesos; por utensilios y bienes para actividad productiva, hasta por 442 millones 833 mil pesos (incluyendo vehículo), y hasta por 892 millones 500 mil pesos si se traen ahorros o por la venta de un inmueble. Además, establece una serie de incentivos financieros, laborales y de apoyo institucional sin precedentes.

En las páginas web de las instituciones públicas y privadas se promueve como una ley que “fortalece los vínculos con los colombianos que viven en el extranjero” y hace parte sustancial de los objetivos de la política exterior que se ha fijado el actual gobierno.

En un momento en que la crisis en Europa y Estados Unidos está llevando a que muchos colombianos quieran regresar a su país, este tipo de normas ofrece una evidente oportunidad para los expatriados, bien porque quieren llevar sus inversiones, hacer empresa y contribuir al desarrollo de las universidades, o simplemente porque las condiciones son mejores aquí que en el extranjero.

Y todo podría ser si el Gobierno cumpliera con el artículo 11, que le fija un plazo no mayor de 90 días para su reglamentación, contados a partir de su fecha de sanción y publicación.

El próximo 31 de julio se cumple un año de expedida y el Gobierno todavía nada que la reglamenta, de manera que nadie puede acogerse a ella.

Si algún colombiano quiere regresar a su país, debe someterse a un complejo proceso, que no solo le determina qué muebles y enseres puede traer y cuáles no y en qué cantidad (de un listado que en lo esencial es el mismo de hace 25 años), sino que le impone el pago de un impuesto del 15 por ciento sobre el valor que declare por todos y cada uno de los artículos que traiga de afuera.

Las consecuencias no pueden ser diferentes. Si los expatriados quieren regresar, van a tener que pagar un precio alto. Y todo porque alguien en alguna oficina gubernamental no se ha percatado de que tiene que cumplir con lo que le manda la ley.

Lo dicho: si el Gobierno se empeñara más en dejar de promover nuevas leyes y se dedicara a hacer cumplir las existentes, todo iría mejor.

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