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Editorial: Los taxis necesitan un revolcón

Editorial: Los taxis necesitan un revolcón

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
05 de julio 2013 , 06:54 p. m.

 Los anuncios recientes, tanto del presidente Juan Manuel Santos como del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sobre la mejora de las condiciones de seguridad para los usuarios del servicio de taxi se convirtieron en un plebiscito de conductores y pasajeros para que se revise a fondo la manera en que opera actualmente este complejo sector de la economía nacional.

Esta ha sido otra de las consecuencias del asesinato del agente de la DEA James ‘Terry’ Watson –víctima del ‘paseo millonario’–, al tiempo que siguen aflorando historias de ciudadanos que han sufrido la misma situación, nada distinta de un secuestro. De ahí que el asunto no dé espera. Cada cinco días se presenta una denuncia por este delito en Bogotá.
En el encuentro de los dos mandatarios se acordó revisar propuestas en un plazo de 90 días que permitan la formalización del oficio de los conductores de taxi, con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros y la de ellos mismos, también víctimas de la delincuencia.

El Jefe del Estado sugirió, adicionalmente, hacer un mayor uso de las tecnologías que se vienen imponiendo para tranquilidad de los usuarios, mientras que el Alcalde propuso el pago, junto con la Nación, de una seguridad social para los taxistas, estimada en 60.000 millones de pesos al año.

Todo lo que se haga en aras de combatir sin contemplación el crimen a bordo de un taxi merece el respaldo de la sociedad. Sin embargo, mucho tememos que las medidas que finalmente se adopten puedan quedarse cortas ante la apabullante realidad y no ataquen la raíz del problema: el esquema por el cual se rige hoy el gremio de los llamados ‘amarillos’, que, como ha ocurrido con el resto del sistema de transporte colectivo –buses, busetas, colectivos y demás–, ha estado al garete.

Y lo ha estado precisamente porque su funcionamiento se sustenta en un triángulo perverso de propietario, empresa afiliadora y conductor, donde al primero solo le importa el producido; al segundo, la cantidad de afiliados, mientras que el tercero solo quiere emplearse al mejor postor. Se trata de una cadena que termina por romperse por el lado más frágil, el usuario, que puede terminar siendo víctima de un chofer con antecedentes que nadie detectó: ni el dueño del carro, ni la compañía que lo registró y ni siquiera las autoridades en sus operativos de rutina.

Es en este escenario en el que hoy conviven 60.000 taxistas –la mayoría de ellos alquilados–, que trabajan 14 horas al día; medio centenar de compañías y 50.000 vehículos, que libran una batalla diaria por los pasajeros, pese a que solo atienden al 5 por ciento de la población, según cifras de un reciente estudio de la Universidad de los Andes.

Por eso, la cuestión no es fácil. Cualquier solución que se intente debe contemplar –además del asunto crítico de la seguridad– otros aspectos no menos importantes, como la responsabilidad que atañe a cada actor del sistema, que suele pasar de agache en casos lamentables como el de Watson. El mismo estudio sugiere, por ejemplo, la pérdida de derechos de empresas y propietarios de taxis involucrados en acciones criminales, sin contar la lucha frontal que hay que dar contra las mafias que rondan al gremio, que ‘gemelean’ vehículos, falsifican placas y expiden ilegalmente tarjetas de operación.

Las zonas amarillas que recientemente ha propuesto el alcalde Petro pueden ayudar, pero no garantizan la seguridad del pasajero, y su éxito depende, sobre todo, de este y del taxista.

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