El descubrimiento de presuntas irregularidades en contratación administrativa, otorgamiento de subsidios, pagos extemporáneos, entre otros trámites, obligaron a la Contraloría Departamental del Meta a iniciar procesos de responsabilidad fiscal en siete municipios.
Así lo dio a conocer la contralora seccional, Doris Segunda Gómez Rivero, a través de un comunicado en el que además informó que las supuestas anomalías detectadas afectarían el patrimonio público en más de mil millones de pesos.
El caso más relevante, según el análisis del ente de control fiscal, se registra en Guamal, donde en el 2011 habrían otorgado subsidios para la construcción de unidades sanitarias rurales a personas que no cumplían con los requisitos para acceder a los beneficios.
La Contraloría halló que la afectación patrimonial en Guamal sería de 904 millones de pesos.
Las averiguaciones de la Contraloría también determinaron que en Guamal concedieron subsidios para construcción de vivienda de interés social por valor de 69 millones de pesos a personas que no solo ya tenían casa sino que vivían en otros municipios.
De otra parte, las Contraloría busca verificar la responsabilidad del detrimento de 45 millones de pesos en Puerto Lleras por gestión ineficaz en el contrato 135 del 2009. El objeto del contrato era la asistencia técnica en la revisión y ajustes del esquema de ordenamiento territorial, pero pagaron el valor sin la revisión y aprobación de la Alcaldía y del Concejo.
Las otras investigaciones tiene que ver con deficiencias en diseños y estructura en viviendas de interés social rural en Puerto Rico, por un valor de 31 millones de pesos.
Además, la Contraloría halló que el Concejo de Acacías evadió el pago de aportes a seguridad social y realizó pagos extemporáneos en cuantía de 18 millones.
Las otras anomalías por valores entre los 6 y 10 millones pesos sucedieron en Barranca de Upía, Restrepo y Uribe.
