Vivimos en un país de desconfianza creciente. No solo en la relación entre las personas, sino entre los ciudadanos y sus gobernantes. Las pruebas que debemos presentar para validar nuestra existencia legal, las diligencias que debemos hacer para demostrar que no somos el que ha robado nuestro documento de identidad, sino el titular; cada uno de estos rituales confirma que los colombianos vivimos bajo un permanente estado de sospecha.
Uno de los nuevos absurdos manda que para recibir el pago de honorarios de entidades públicas o privadas no solo debemos dar el nombre del banco y número de nuestra cuenta, sino un certificado en el que se diga que esa cuenta es nuestra, que el nombre del titular es el mismo que figura en otros documentos exigidos: copia de la cédula, del RUT y aporte a salud y pensiones.
Al principio reaccionaba indignado cuando iba a pagar en algún establecimiento y la dependienta (o el dependiente) tomaba el billete y lo levantaba de manera ostensible a la altura de sus ojos para “certificar” si era falso. Podrían inventarse un método menos agresivo, algo que no convirtiera al cliente en sospechoso de poner en circulación billetes falsos.
Tuve que aceptar que esta grosera muestra de desconfianza, aceptada por casi todo el mundo, no era tan humillante como parecía. Todos, en principio, somos estafadores en potencia. Y lo que sucede con la autenticación manual de los billetes no es diferente de lo que sucede con la autenticación notarial de documentos y firmas.
Alguien me decía que la desconfianza había prosperado porque, con nuestra conducta personal, montada sobre un código de picardías, habíamos probado no ser merecedores de confianza. Lo mismo ha sucedido con las instituciones. Por una paradoja abominable, quienes imparten justicia en nuestro país están amarrados políticamente a aquellos que mayor desconfianza producen entre los ciudadanos.
Existe una corriente de rechazo o indiferencia que separa a estos ciudadanos de las instituciones públicas y de los gobernantes, a los trabajadores de los sindicatos y a los electores de los partidos. ¿En quién confiamos, entonces? ¿Cuándo se rompió el contrato social que inspiró alguna vez la confianza entre las personas y la credibilidad en la buena fe de los gobernantes?
Llevamos un tiempo viviendo relaciones de sospecha mutua. Y este tejido de sospechas no hace más que cantar su “cambalache”, el tango que grita la decepción universal. En todos los órdenes de la vida (entre los gobiernos y entre los negocios privados), las conductas ejemplares son opacadas por el escandaloso apogeo de la corrupción o la estafa.
¿Qué ocurre en la cabeza del colombiano honrado que ve pasar impunemente los vagones de la corrupción pública y privada, que debe pagar con sus impuestos las estafas de gánsteres de estrato 6, amigos de ministros y presidentes, llámense Hermanos Nule o Socios de Interbolsa?
A mayor desconfianza, mayores exigencias de seguridad. Las tecnologías de control y espionaje son asunto de Estado y de comercio entre particulares. El futuro que nos presentan no es distinto del de un mundo basado en la desconfianza y la vigilancia, apéndices de un monstruo mayor llamado seguridad.
Estoy seguro de que los colombianos merecedores de confianza son muchos más que aquellos que ganan nuestra desconfianza y repudio. Y aunque los malos hagan más bulla que los buenos, si no se tiene la seguridad de que los escandalosos malos van a ser castigados ejemplarmente, la desconfianza cristalizará aún más en el pesimismo colectivo.
Óscar Collazos
collazos_oscar@yahoo.es
