El pulso del Gobierno y las Farc sobre el tema de participación política en la mesa de La Habana quedó claro esta mañana. El jefe de los negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle, recordó los tres puntos de la agenda en el tema, cuyo eje son las garantías para que las Farc se conviertan en grupo político y la ampliación de la participación ciudadana en la política nacional y local. Y remató diciendo: "Eso es lo que el Gobierno está dispuesto a discutir y nada más".
De la Calle insistió en que nada de lo que se pacte con las Farc para garantizar su participación política se dará hasta que no dejen las armas. "Nunca más políticas y armas juntas. Nunca más combinación de todas las formas de lucha", anotó.
De la Calle fue enfático en afirmar que durante los diálogos solo se tratarán los temas previstos en la agenda y recordó que el punto de partida de las negociaciones es la Constitución de 1991.
Por su parte, Iván Márquez, vocero de las Farc insistió en la realización de una asamblea Nacional Contituyente.
Este nuevo capítulo de las negociaciones, que comenzaron en noviembre pasado entre el Gobierno colombiano y las Farc, será el número once y el segundo del apartado de la participación política.
Las partes cerraron el pasado 26 de mayo que el punto sobre la cuestión de las tierras ya estaba saldado.
Al igual que en anteriores ocasiones, las conversaciones se reanudan en medio de altibajos que surgen en paralelo al proceso de paz.
Uno de ellos es el apoyo de los rebeldes a la protesta que realizan campesinos de la región colombiana del Catatumbo y el rechazo, según las Farc, de la "brutalidad" del ejército en la represión de las marchas.
Más de 10.000 labriegos reclaman desde el pasado 10 de junio al Gobierno que se suspenda la orden de erradicación manual de hoja de coca en la zona, alternativas a esos cultivos ilícitos, la declaración de una Zona de Reserva Campesina y el fin de los grandes proyectos de minería y agroindustria.
Las Farc, desde La Habana, han desgranado otras propuestas adicionales a las primeras diez y que son relativas a las garantías de participación política para campesinos, indígenas, afrodescendientes y otros sectores excluidos, el estímulo a los procesos de integración en América Latina, o el impulso de una cultura política para la paz y la reconciliación nacional.
También insistieron en su demanda de una Asamblea Nacional Constituyente para refrendar los posibles acuerdos a los que se lleguen, punto al que el Gobierno se opone por considerar que no es el mecanismo más adecuado.
Por su lado, el Gobierno del presidente Santos pidió recientemente a las Farc "juego limpio" y que reconozcan a las víctimas.
En su momento, Santos señaló que "no comiencen con los imposibles, con cosas que nadie les va a conceder, que no están dentro de los acuerdos" en una alusión tácita a la convocatoria de una asamblea constituyente.
Santos también pidió a la guerrilla más antigua de América que entregue las armas, a lo que los rebeldes se niegan, porque uno de los fines del proceso es que una vez se firme la paz, las Farc hagan "política sin armas" para lo cual dijo, el estado dará "todas las garantías y todos los espacios".
Según lo expresado por un vocero de la oficina de prensa del Alto Comisionado para la Paz, no se tiene previsto que algún miembro de la delegación haga algún tipo de declaración en Bogotá.
El Gobierno colombiano ha mantenido silencio sobre la nueva fase de las negociaciones que abarca aspectos como derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, acceso de los movimientos que surjan del proceso de paz a los medios de comunicación.
En este punto de la negociación se tratarán también mecanismos democráticos de participación ciudadana, así como medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local.
REDACCIÓN ELTIEMPO.COM
CON INFORMACIÓN DE EFE
