La cárcel no es la solución

La cárcel no es la solución

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25 de junio 2013 , 04:50 p.m.

 Frente a hechos delictuosos protagonizados por adolescentes o menores de edad, suele suceder que aparecen voces que piden aumentar las penas de privación de la libertad y, en algunos casos, seguir bajando la edad de responsabilidad penal de los adolescentes.

Sin embargo, si nos quedáramos discutiendo solo estas propuestas, el debate se reduciría al tema legal en el Congreso de la República, dejando de lado la integralidad de la atención de niños, niñas y adolescentes infractores de la ley penal o que están en la actualidad en riesgo de involucrarse en problemas de violencia y delincuencia.

Para comenzar, es necesario reconocer que el país no ha contado, ni cuenta en la actualidad, con una política criminal que involucre estos asuntos. Aquí se legisla y reacciona de acuerdo con la coyuntura. Cuando aumenta la inseguridad, se legisla para privar de la libertad a los delincuentes y contraventores, para meter a la cárcel a los adultos y a centros de atención especializada a los adolescentes; y cuando estos establecimientos están hacinados y se vuelve a comprobar que no resocializan sino que profesionalizan, se legisla con penas alternativas para deshacinarlos.

En este campo se requiere pensar, estructurar y tener una política criminal de Estado que vaya de la prevención a la represión del delito y que incluya la atención de los menores de 18 años infractores de la ley penal.

Aquí se hace necesario discutir el papel del ICBF en materia de privación de la libertad de los adolescentes. Esta institución restituye y garantiza derechos de niños, niñas y adolescentes, pero no tiene la capacidad y los recursos para manejar centros de privación de la libertad. Lo está haciendo, pero esta es una labor que debería realizar con el concurso del Ministerio de Justicia.

La discusión quedó aplazada hace algunos meses. Mientras tanto, el Instituto, desde la época de la directora Elvira Forero, ha venido fortaleciendo los centros de atención especializada (CAE), con esfuerzos financieros muy altos para la institución. Si se quiere mejorar de verdad la atención y el control en estos centros se necesitan más de 400.000 millones de pesos y la participación del Ministerio de Justicia.

Por otro lado, y en la línea del tratamiento integral de los menores de 18 años infractores de la ley penal, el Gobierno no ha cumplido con el compromiso que le impuso la ley de seguridad ciudadana, expedida a mediados del año 2011 y que en su artículo 50 establece: “Dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la presente ley, el Gobierno Nacional, en coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, elaborará, bajo un enfoque de derechos, la política pública de prevención de la delincuencia juvenil, con la participación integral y concertada de las instituciones que conforman el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y la Procuraduría General de la Nación”. Esta política es necesaria si se quiere abordar esta problemática de manera integral.

En la elaboración de tales políticas se debe evitar la tentación de criminalizar a todos los jóvenes. No se debe confundir la política de juventud con la política criminal juvenil, que debe tener acciones en los campos preventivo, disuasivo y de control del delito. Y hay que conciliar dos posiciones, que, antes que antagónicas, son complementarias. Una que considera que estos problemas se arreglan con acciones fuertes de las autoridades de seguridad y de justicia en el marco del Estado de derecho, y la que piensa que solo con inversión social y prevención se resuelven. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para que el país cuente y ejecute estas políticas? Mientras tanto, la participación de niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos es creciente.

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