Culpas compartidas

Culpas compartidas

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24 de junio 2013 , 05:09 p.m.

 Una vez más, el Congreso de la República termina su período legislativo con más pena que gloria. Cuando se esperaba que los congresistas rectificaran su conducta después del irrepetible trámite de la reforma de la justicia, los resultados un año después son aún más desalentadores. Cambios que no benefician a los ciudadanos. Y una proliferación de normas inocuas que, lejos de ordenar, confunden.

Pero la responsabilidad no es solo de los congresistas. También el Gobierno tiene una parte importante de ella. Por una parte, no se vio una agenda gubernamental estructurada en torno a un proyecto de reformas. Con excepción de la tributaria, las demás anunciadas por el Presidente se quedaron sin presentar. Por otra, no todos los ministros supieron acompañar el trabajo de los legisladores, así como desde la Presidencia tampoco se gestionó la coalición parlamentaria de apoyo al Gobierno.

Pareciera que entre este y los congresistas de su bancada hubiese una especie de pacto, en el que el primero no contribuye a una mayor calidad en los proyectos, y los segundos, a una mejor gestión gubernamental. La escasa calidad y pertinencia de los debates de control político evidencian esa especie de arreglo.

Otra vez son los ciudadanos los que terminan pagando los costos de esa irregular cohabitación. Solo dos ejemplos. Uno, las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que, sin razón, quedaron incluidas en la ley estatutaria que reforma el fuero militar, esto es, una ley que regula la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos en servicio, pero que incorpora en su articulado delitos que, como estas ejecuciones, no lo son. Aquí lo que hace es abrir una puerta que no se sabe a dónde va a conducir. Lo cierto es que Congreso y Gobierno perdieron la oportunidad histórica de haber estructurado una justicia penal militar independiente y capaz de dar garantías a todos. En la reforma del artículo 116 de la Constitución, el Congreso bien pudo crear un tribunal conformado por exmilitares retirados y civiles con excelente conocimiento, que funcionara como una sala de lo penal militar en la Corte Suprema de Justicia, como en España.

El otro caso es el que afecta a los usuarios de la telefonía celular. En la legislación que termina, el Legislativo y el Ejecutivo dejaron hundir el llamado “proyecto antimonopolio”, que buscaba poner en cintura a las empresas de telefonía celular para garantizar la competencia en los mercados de este servicio. Se trataba de poner límites a las cuotas de los operadores y fortalecer la capacidad de control que asegure “la calidad del servicio y atención a los más de 40 millones de usuarios que hay en el país”. Aquí, el ministro tampoco ayudó. De nada valieron los reclamos del presidente Santos, que lo había requerido para que “tomara cartas en el asunto de la desesperante y creciente mala calidad”. Y lo peor es que esta vez se recurrió a lamentables maniobras para desbaratar el quórum aprobatorio en el Senado.

Una vez más, el Congreso y el Gobierno han conspirado para impedir una legislación fuerte y de calidad. De nuevo, todo en aras de la “gobernabilidad”. Como en el pasado, unos y otros han eludido sistemáticamente legislar sobre asuntos tan claves como las elevadas tasas que cobran los bancos a los usuarios por sus servicios, o el aumento de los impuestos al licor, especialmente a la cerveza, que contribuiría a mejorar las rentas departamentales.

Ojalá que en lo que queda de gobierno, el equipo de Santos se aplique para cerrar bien el cuatrienio. Sobre la mesa están, ni más ni menos, que la ley estatutaria que desarrolla el marco jurídico para la paz, la que reglamenta la reforma de la salud y las reformas del régimen de pensiones. El problema es que en marzo del 2014 son las elecciones para Congreso. Y si en condiciones normales no trabajan, en campaña electoral, mucho menos.

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