Condenan a la Nación por desproteger a soldados en base militar

Condenan a la Nación por desproteger a soldados en base militar

Ejército deberá indemnizar a familiares de 38 soldados muertos en ataque de las Farc hace 14 años.

24 de junio 2013 , 04:57 p.m.

Así lo ordenó el Consejo de Estado en una sentencia de reparación tras considerar que en este caso, ocurrido contra la base militar Gutiérrez (Cundinamarca), el ejército abandonó a estos hombres a su suerte.

Los militares que murieron en ese ataque contaban con armamento en mal estado y jamás recibieron los refuerzos que necesitaban para enfrentar la amenaza guerrillera que existía en esa zona del país.

Los hechos ocurrieron el 8 de julio de 1999. Meses atrás, el comandante de la Batería B había recibido información de inteligencia sobre un posible ataque guerrillero y de inmediato le solicitó al comandante del Batallón ayuda para afrontar la situación, porque no contaba con los medios necesarios para defenderse.

La ayuda, no sólo de refuerzos sino también de armamento adecuado para poder enfrentar las continuas amenazas, incursiones y ataques de los grupos irregulares que operaban en el sector de Gutiérrez, fue solicitada en repetidas ocasiones tanto en forma radial como escrita.

Sin embargo, ante la solicitud, el mayor encargado de atender los requerimientos respondió en burla que el oficial y la tropa que componían la Batería B "tenían mucho miedo" y por ello mandó a comprar las ametralladoras y los proyectiles y todo lo demás requerido al almacén Ley, para que se defendieran.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez, encontró que los mandos superiores del Batallón de Artillería No. 13 no solo omitieron, como era su obligación, prestar el apoyo material y humano solicitado de manera oportuna y reiterada por los oficiales encargados de comandar la Batería B de dicho destacamento militar, sino que además los abandonaron a su suerte en los momentos más intensos de un combate con el enemigo.

“Tal conducta que no puede ser sino calificada de irresponsable, irrespetuosa, negligente y, por demás, burlona, que asumieron los oficiales superiores aludidos frente a la incesante solicitud de apoyo que elevaron los miembros de la Batería B ante la inminencia de un ataque guerrillero, además de colidir abiertamente con los principios de honorabilidad, responsabilidad y solidaridad, inherentes a la disciplina castrense, constituyó una inaceptable falta de respeto y a la vez un abierto desconocimiento a la dignidad humana de los hombres que se encontraban bajo su mando”, indica la sentencia.

La Sala explica que la conducta de los oficiales superiores refleja un desprecio total por el sagrado y fundamental derecho a la vida de todos aquellos soldados, suboficiales y oficiales que con ejemplar disciplina continuaron cumpliendo sus órdenes y con su deber, sin contar con los medios ni el apoyo para ello.

“Resulta inconcebible que oficiales del Ejército, formados y, por lo tanto, en capacidad de dirigir las tropas, defender la soberanía nacional y proteger la vida, la honra, los bienes, los derechos y las libertades de todos los habitantes de Colombia, hayan faltado de manera tan grosera a su más elemental objetivo de escuchar las peticiones y brindar apoyo a sus subalternos, máxime cuando a éstos se les exige el cumplimiento irrestricto de las órdenes que sus superiores emitan”, puntualiza el fallo.

El Ministerio de Defensa y el Ejército deberán indemnizar a las familias de los soldados muertos y heridos. Además, se ordena que la sentencia sea incluida dentro del pénsum académico de todos los cursos de formación y de ascenso correspondientes a todos los grados de oficiales que se programen en cada una de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional durante los tres años siguientes a su notificación, con el propósito de que se efectúe el análisis de los hechos contrarios a los principios y postulados éticos que orientan la Constitución Política y la disciplina castrense.

La Procuraduría General deberá velar por el cumplimiento de las órdenes que da el fallo como medidas de justicia restaurativa y garantías de no repetición.

REDACCIÓN JUSTICIA

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