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Se cae ponencia que salvaba la investidura de Eduardo Merlano

Proyecto de la magistrada Buitrago consideraba que lo sucedido fue un acto espontáneo del exsenador.

REDACCIÓN JUSTICIA
Un vuelco dio el proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado contra el exsenador Eduardo Merlano por negarse a una prueba de alcoholemia en un retén de tránsito en Barranquilla.
La sala plena del alto tribunal, por mayoría, derrotó una ponencia de la magistrada Susana Buitrago, de la sección quinta, que pedía absolver al congresista.
Ella consideraba en su proyecto de fallo que lo sucedido fue un acto espontáneo de Merlano y que no hubo la intención de aprovecharse de su dignidad para eludir el control de las autoridades, lo que desvirtuaba el supuesto tráfico de influencias por el que fue denunciado.
Es probable que una nueva ponencia sea presentada a consideración de la Sala Plena en la sesión de mañana martes.
La ponencia de Buitrago iba en contravía de una decisión de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó 10 años para ocupar cargos públicos. En esa misma línea, el Ministerio Público pidió en audiencia pública a los magistrados del Consejo de Estado decretar la muerte política de Merlano.
Los hechos ocurrieron en mayo del 2012. Merlano fue detenido en el retén y su actuación fue grabada por uno de los policías en su celular. En las imágenes se observa al político cuando intentó justificarse con los "50 mil votos" que consiguió para llegar al Congreso como recurso intimidatorio y salvarse del requerimiento de tránsito.
Según narraron después los uniformados, Merlano les solicitó los números de los chalecos presuntamente para denunciarlos con sus superiores.
Allegados al proceso confirmaron a EL TIEMPO que, después de un intenso debate, los colegas de Buitrago consideraron que, en este caso, el senador sí era consciente de que, al negarse a la prueba de alcoholemia valiéndose de su investidura no podía determinarse, como finalmente sucedió, si estaba embriagado.
Ajuicio de los magistrados que cuestionaron la ponencia inicial, la conducta que desplegó en el retén el político demostraba que si hubo dolo (intención) lo que configuraba una posible causal de pérdida de investidura.
El caso fue asignado a la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, de la Sección Tercera, para que elabore otro proyecto de fallo con las consideraciones hechas por el bloque mayoritario de la sala.
Según el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Alfonso Vargas, el cambio de ponente no significa aún que exista un sentido de fallo y hay que esperar a lo que decida la magistrada Conto.
REDACCIÓN JUSTICIA
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