A familias desplazadas las reubicaron sin agua en Viterbo (Caldas)

A familias desplazadas las reubicaron sin agua en Viterbo (Caldas)

A estas personas el Incoder las trasladó del Quindío a Caldas, pero los predios no tienen agua.

23 de junio 2013 , 09:59 a.m.

"Bienvenidos a Santa Helena de las tristezas”, dice Ramiro Nova, mientras camina por los predios que están en la zona rural de Viterbo (Caldas), donde el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) reubicó a 12 familias desplazadas, entre ellas, la suya, conformada por su esposa y sus dos hijos.

“¿Por qué le digo así a este sitio? No más mire pa’ todos los lados. ¿Cómo vive uno sin agua”, dice Nova, de 51 años, y asegura que es un campesino pero hace “lo que sea por conseguir comida”, más ahora que ya van para cuatro años viviendo sin agua ni servicios de alcantarillado, y en una tierra donde no crece nada de lo que siembran.

En el 2009, este grupo de desplazados del Valle, Cauca y Santander salieron del Quindío, donde ya habían sido ubicados una vez, pero por una tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo de este departamento se le ordenó al Incoder reubicarlas, pues unas estaban ocupando predios de protección ambiental, y otras, en alto riesgo de deslizamiento.

Entonces, esta institución los llevó al sector de Santa Helena, en Viterbo, donde se adjudicó un lote de un área cercana a las 81 hectáreas. Y aunque en la sentencia, el Juzgado Segundo de Familia de Armenia ordenó la reubicación en un predio “habitable, con agua potable, vocación agropecuaria que asegure el autosostenimiento y la estabilización socioecónima de las familias y les permita su subsistencia”, en la Defensoría del Pueblo de Caldas, que acompaña el caso desde el 2010, se constató que lo anterior no se ha cumplido.

Pero en el 2012, otra esperanza surgió para las familias. En un Comité de Justicia Transicional, con presencia de la Alcaldía de Viterbo, la Gobernación de Caldas, la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades, se lograron gestionar recursos por 10 millones de pesos para construir una red que pudiera surtirlas de agua.

Sin embargo, luego de tener un kilómetro y medio listo para la conducción de la tubería, y a 250 metros de llegar a Santa Helena, los dueños de la red (vecinos que viven en condominios cercanos a ese predio), se opusieron.

“Esas conducciones son privadas. Empocaldas (Empresa de Obras Sanitarias de Caldas) solicitó permiso para pegarse a esa red, pero esas personas interpusieron un derecho de petición y no lo permitieron”, explicó el jefe de Operación y Mantenimiento de la empresa, José Luis Arias.

El ingeniero añadió que también buscaron otras opciones, pero en todas se hacía necesario que la tubería pasara por el predio del condominio El Remanso, y el permiso fue negado.

“Eso no los va afectar para nada, pero ellos no se están condoliendo del dolor ajeno de estas familias que tienen que tomar del río y los enferma”, dijo el alcalde de Viterbo, Félix Alan Gaspar García.

El mandatario local agregó que dentro de su administración “ya se hizo lo que se podía, pero tampoco podemos destinar todo nuestro presupuesto a este problema, cuando hay 650 familias (unas dos mil 500 personas) en la zona rural que llevan muchos más años sin agua”.

EL TIEMPO intentó comunicarse con la administración de este conjunto residencial, pero no tuvo respuesta.

A pesar de que la Defensoría del Pueblo ha acudido a instancias municipales, departamentales y nacionales para dar a conocer la situación, hoy es la misma: no hay agua.

Nelcy Muñetón, desplazada del Caquetá, y una de las líderes en Santa Helena, dice que ellos no solo están enfermos por el agua que consumen (que según un informe de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, “tiene riesgo sanitario”), sino también por el rechazo de la comunidad, y las condiciones que los han ido alejando más de una vida digna. “Nosotros solo queríamos una tierrita para cultivar, pero no aguantamos más”.

Tienen más problemas que soluciones

Además de la falta del agua, sistema de alcantarillado y posos sépticos, por ser un predio declarado en extinción de dominio, cuando las 12 familias llegaron a Santa Helena se encontraron con deudas acumuladas, una clasificación de estrato 6, conflictos con personas que decían ser propietarios de partes del lote, áreas declaradas como reserva y hacinamiento en sus casas.

Pero a la Defensoría del Pueblo, la respuesta que llegó del Incoder es que ellos “ya cumplieron”. EL TIEMPO intentó hablar con dicha institución, pero al cierre de esta edición no había tenido respuesta.

Proyecto productivo “fue un fracaso”

A pesar de que a las 12 familias también se les ayudó con un subsidio para que iniciaran sus propios proyectos productivos agropecuarios y sembrar cacao, maíz, plátano, fríjol, entre otros, ellos aseguran que “fue un fracaso”.

Ramiro Nova es uno de los pocos que ha logrado ‘despegar’ con sus cultivos de fríjol y plátano, “pero esto por acá es puro ‘arrieral’ porque hay muchas vacas, entonces al tiempito eso se estanca, y ahí quedo yo”.

Una fuente de la Defensoría del Pueblo de Caldas, y que ha estado al tanto del caso, le informó a este medio que “el proyecto no funcionó porque no hubo acompañamiento”. “Es verdad que el Incoder, Acción Social, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Gobernación de Caldas y todas estas entidades vinieron y vieron el proyecto productivo, les dieron semillas, en fin. Pero después de eso, los dejaron solos”, indicó.

Hacinamiento

En Santa Helena hay 11 casas, sumando las cuatro que ya habían cuando las familias llegaron, y las siete que ellos construyeron con materiales de sus antiguas viviendas.

Los pisos son de tierra, las paredes en esterilla o latas, hay ventanas de plástico y techos improvisados con guadua y palos.

Allí viven más de 50 personas (según el censo de la Defensoría del Pueblo en Caldas), pero sus habitantes aseguran que son 80, 30 niños y 50 adultos que viven en hacinamiento.

Mónica Arango Arango
Corresponsal de EL TIEMPO
Viterbo (Caldas)

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