Editorial: Mantener la buena senda

Editorial: Mantener la buena senda

22 de junio 2013 , 08:10 p.m.

El acuerdo general para la terminación del conflicto, hoja de ruta de los diálogos con las Farc, incluye en su sexto punto, denominado ‘Implementación, verificación y refrendación’, el subtema ‘Mecanismo de refrendación de los acuerdos’. Palabras más, palabras menos, este ítem compromete a las partes a que, una vez terminadas las negociaciones, pongan a consideración de los colombianos su resultado.

A medida que han avanzado las conversaciones, tal asunto ha ido cobrando especial relevancia. Transcurridos ya siete meses y diez ciclos de once días, cada uno de intercambio entre los voceros, diversos observadores coinciden en que ha llegado la hora de abordar el que, a causa de la dinámica misma que han tomado los diálogos, se ha convertido en uno de los más sensibles desafíos para los negociadores.

En dicho orden de ideas, mientras los más optimistas ven en este hecho una señal inequívoca de que se avanza por buen camino, otros más cautos prefieren advertir que se asoma una crucial prueba de fuego. En lo que todos están de acuerdo es en la importancia de este punto, del que se puede concluir que, si se supera, se habrá dado quizás el más decisivo de los pasos hacia la anhelada paz.

Al respecto, el Gobierno ha sido enfático en que la refrendación debería hacerse mediante un referendo. Por su parte, las Farc, cada vez con más insistencia, han defendido la necesidad de una asamblea constituyente como mecanismo para dotar de suficiente legitimidad a lo firmado.

La organización insurgente propone una asamblea entendida como “máxima expresión de la participación política de la sociedad”, que debería producirse como resultado de “un gran acuerdo político nacional”. Su misión sería “perfeccionar diseños actuales inconclusos, incorporar nuevos y contener, en todo caso, cláusulas pétreas en materia de derechos fundamentales”. Sus integrantes no serían elegidos por voto directo, sino tras “eventos democráticos internos de las organizaciones sociales, políticas y gremiales”, según explicaron el pasado viernes.

Es claro que en el hipotético caso de que se aceptara esta propuesta, las Farc aspirarían, directa o indirectamente, a una cantidad mínima de curules que las convierta en fuerza decisoria en su seno. Aspecto sensible, pues, como ya lo advirtió el jefe del equipo negociador del Gobierno Humberto de la Calle en la revista Semana, una constituyente así expuesta entraña un enorme riesgo de ser leída como una “autoamnistía”, de mal recibo en instancias supranacionales, entre ellas la Corte Penal Internacional.

No sobra precisar que, tal y como ha sido planteada esta improbable constituyente, tendríamos por delante un escenario que se parece mucho al de ciertos modelos de Estados corporativos, en los que prevalece el interés de las minorías organizadas sobre el de las mayorías.

Pero estas son solo dos entre muchas razones por las que no puede aceptarse tal propuesta. La fundamental tiene que ver con que si algo se le ha reconocido a este nuevo intento de lograr la paz es que cuenta con un marco claro. Una agenda acordada previamente, que sirve de antídoto contra las dilaciones nocivas de experiencias anteriores, en las que elucubraciones sin norte, debates sobre lo divino y lo humano, impidieron un intercambio de argumentos a partir del cual construir consensos para resolver problemas concretos. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir alejarse de esta ruta y aquí acierta el presidente Juan Manuel Santos, quien el viernes recordó dicho inamovible. Y es que desviarse implicaría perder, seguramente de manera definitiva, un rumbo que hoy, con altas y bajas, continúa claro y es fuente de confianza en el proceso para propios y extraños.

Otra objeción tiene que ver con que, por más talanqueras que se fijen previamente, es muy difícil garantizar que, al añadir una instancia de este tipo, lo ya pactado no termine sometido a revisión: dicho coloquialmente, que se decida barajar de nuevo. Aquí se estaría configurando un auténtico salto al vacío con diversos desenlaces posibles, incluidos muchos en las antípodas del modelo de sociedad que nace del proyecto político de las Farc.

Nadie cuestiona, pues, que un acontecimiento tan trascendental como este deba ser refrendado en las urnas. Pero aquí hay que recordar que estamos en una democracia representativa, por lo cual quienes están hoy sentados a la mesa están ahí porque unas instituciones les han permitido representar a los ciudadanos.

Las Farc, a su vez, se proclaman como ejército del pueblo. No obstante, es bien sabido que es ínfimo el porcentaje de colombianos que se sienten identificados con su causa.

En este orden de ideas, les corresponde a quienes están en La Habana trazar el camino que conduzca hacia un futuro mejor. Al terminar, el turno será para que la ciudadanía avale o no lo acordado. Luego el sistema democrático vigente ofrece caminos suficientes para llevar a cabo profundas reformas, inclusive, y si se surten los pasos ya fijados y si se cuenta con el pleno respaldo popular, reformar la Constitución. Lo demás son atajos que no se pueden aceptar.

editorial@eltiempo.com.co

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