Lo que tiene a Petro en la 'cuerda floja'

Lo que tiene a Petro en la 'cuerda floja'

En el pliego de cargos de la Procuraduría se menciona 24 veces la palabra "improvisación".

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22 de junio 2013 , 07:32 p.m.

Mientras el alcalde Gustavo Petro y sus asesores se reunían el viernes con algunos embajadores acreditados en el país y los ponían al tanto de una veeduría internacional para la revocatoria, en la Procuraduría se alistaba un pronunciamiento más trascendental, que puede llegar a terminar con la salida del mandatario del Palacio Liévano, y sin necesidad de votación alguna.

En un duro pliego de cargos de 259 páginas, el organismo de control señaló a Petro de ser el “determinador” de las irregularidades en el nuevo esquema de recolección de basuras, puesto en marcha el 18 de diciembre del año pasado, y catalogó sus faltas de “gravísimas” y a título de “dolo”, los calificativos más graves para valorar las actuaciones de los funcionarios públicos. (Lea también: Petro generó caos en basuras de Bogotá, dice la Procuraduría)

Durante esta misma semana, la Procuraduría ya le había formulado cargos, por los mismos hechos, al exgerente del Acueducto Diego Bravo y al exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) Henry Romero.

Lo que todos se preguntan es qué pruebas tiene la Procuraduría para poner en la ‘cuerda floja’ al hombre que ocupa el segundo cargo público más importante del país. En esencia, lo que puso a tambalear a Petro son tres presuntas irregularidades en las que él habría actuado como una especie de motor.

No en vano, en el pliego de cargos se menciona 24 veces la palabra “improvisación” y 10 veces la expresión “falta de planeación”. Los investigadores no consideraron válidas las explicaciones que dio el mandatario, en una versión libre el 27 y 29 de mayo.

La primera posible falta, según el pliego, fue la de haber decidido en el segundo semestre del 2012 “que las empresas del Distrito asumieran la prestación del servicio público de aseo”, tradicionalmente en manos de los operadores privados a través de una concesión.

Esta medida tuvo dos consecuencias: la Uaesp firmó el convenio interadministrativo 071 del 11 de octubre del 2012 con el Acueducto para que esta última empresa asumiera la prestación del servicio de aseo, “sin que contara con la más mínima experiencia y capacidad requerida”. Luego, el 4 de diciembre de ese año, el Acueducto le trasladó dicha responsabilidad a Aguas de Bogotá. En este punto, la Procuraduría advirtió lo mismo: dicha empresa tampoco tenía experiencia ni capacidad.

Decreto ‘contrario’ a la ley

La segunda presunta irregularidad se fundamenta en el Decreto 564, que firmó el mandatario el 10 de diciembre del año pasado, faltando ocho días para el arranque del esquema. Para la Procuraduría, dicho decreto es “totalmente contrario al ordenamiento jurídico” al impedir que otras empresas, distintas a las del Distrito, prestaran el servicio público de aseo en Bogotá.

“El señor Alcalde Mayor y sus funcionarios directivos, so pretexto de que debía ser una entidad pública la que debía asumir la prestación del servicio de aseo y para cumplir con el plan de la inclusión de la población recicladora, siempre mantuvieron la posición, de manera inexplicable, de que las empresas del Distrito debían prestar el servicio, a sabiendas de que no se contaban con los equipos mínimos requeridos”, afirma el documento, firmado por los procuradores Juan Carlos Novoa Buendía y Carlos Arturo Ramírez Vásquez.

La tercera presunta falta tiene que ver con el uso de volquetas para la recolección de basuras, ante la falta de compactadores, y cuyo uso se autorizó con el Decreto 570, firmado el 14 de diciembre del año pasado, a solo cuatro días del arranque del nuevo modelo. “Con dicha autorización se violaron disposiciones constitucionales y legales referentes a la protección del medioambiente, con lo cual se originó un riesgo grave para la salud humana de los habitantes (...) y para el medioambiente”, dice la Procuraduría. Finalmente, a diferencia de lo que ha manifestado el alcalde Petro, el organismo de control dice que “no está de acuerdo” con que “los culpables de la crisis ocurrida los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2012 hayan sido los operadores privados”.

El principal argumento que expone la Procuraduría es que “si se hubiesen acatado las recomendaciones de todas las entidades del orden nacional y diferentes organismos de control, el Distrito se hubiese abstenido de contratar con sus mismas entidades públicas, las cuales no contaban con la experiencia y capacidad requeridas para prestar este importante servicio público”.

En los próximos días, Petro será notificado en la Procuraduría de los cargos en su contra y podrá pedir todas las pruebas que considere pertinentes para desvirtuarlos. Esto tomaría meses.

Al final, el organismo de control decidirá si las explicaciones son suficientes para absolverlo o, por el contrario, las actuaciones del Alcalde ameritan una sanción, que puede ir desde una suspensión hasta la destitución.

Frente a privados

El pliego señala: “Se tuvo que volver a contratar con los operadores privados, cuando ya el Distrito, sin atender la más mínima recomendación de otras entidades y organismos de control, había invertido significativos recursos en los contratos interadministrativos y en todos los trámites contractuales para solventar la incapacidad de las entidades del Distrito”.

YESID LANCHEROS
Redactor de EL TIEMPO
yeslan@eltiempo.com

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