¿Mero cambio del discurso?

¿Mero cambio del discurso?

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21 de junio 2013 , 06:59 p.m.

 Recientes pasos oficiales y no gubernamentales podrían abrir una transformación de la política de drogas, pero la falta de consenso regional o las presiones en contra podrían reducirla a un mero cambio de discurso.

El más reciente movimiento acaba de ocurrir en la OEA, donde los gobiernos, aunque no examinaron la actual estrategia ni sus alternativas, sí reconocieron la necesidad de concretar una política de drogas basada en el respeto de los derechos humanos, la incorporación de la salud, la educación y la inclusión social en las acciones preventivas, y defendieron una evaluación multilateral, no la de Estados Unidos.

A dar este paso ayudó la solicitud que dirigió la VI Cumbre de las Américas a la OEA, de un informe, que fue entregado días antes de la asamblea. Los documentos de los expertos y el informe de José Miguel Insulza aportan a un debate riguroso y basado en evidencias. Muestran la complejidad de los problemas de la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilegales y legales. Examinan la relación entre ilegalidad, aumento de la criminalidad, encadenamiento de tráficos ilícitos, violencia y debilitamiento del Estado de derecho. Reconocen que la política de drogas no resolvió el problema y sí generó graves efectos. Y los escenarios propuestos revelan fortalezas y debilidades de las alternativas disponibles.

Los actores sociales también contribuyeron a esta evolución. En su décimo foro hemisférico, previo a la asamblea de la OEA, se unificaron en las siguientes propuestas: evitar políticas que exacerben la violencia, debiliten el Estado de derecho o vulneren los derechos humanos y las instituciones democráticas; enfocar los esfuerzos a la prevención, atención, tratamiento y reducción de riesgos y daños; despenalizar el consumo; priorizar tratamientos ambulatorios y atender la salud de consumidores en las cárceles; aceptar la proporcionalidad de las penas; crear alternativas al encarcelamiento para acusados por delitos de drogas, no violentos; reconocer que los problemas de la producción, tráfico y comercialización de drogas competen a la seguridad ciudadana y no a la defensa; coordinar la acción entre Estados colindantes y fortalecer su presencia en zonas marginadas para incluirlas en el desarrollo.

Asimismo, Barack Obama dio un paso en la visita a los presidentes de México y Centroamérica, al reconocer que el gran problema de consumo en su país alienta la narcoactividad, y que no tiene interés “en militarizar la lucha contra el narcotráfico”, sino en un “enfoque renovado e integral”, que incluya acción por la seguridad ciudadana y contra los flujos financieros ilícitos y el contrabando de armas.

Antes de ese viaje, Obama presentó su estrategia sobre drogas, que opta por la salud de los consumidores en vez de encarcelarlos, amplía los fondos para prevención y tratamiento y ofrece oportunidades a los jóvenes. Pero su estrategia no reconoce aún el fracaso de la guerra contra las drogas, que Estados Unidos lideró desde 1971 y cuyos efectos ha soportado el sur. Tampoco examina alternativas, a pesar de que el 56 por ciento de encuestados en ese país pide que la regulación del alcohol y el tabaco se aplique a la marihuana, legalizada ya en dos estados.

La asamblea de la OEA, en febrero del 2014, tendría que ajustar la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y el Plan de Acción a los criterios aprobados. Pero si el gobierno de Brasil y los del Alba no se involucran, o los que han promovido el debate no concretan alternativas ni se apoyan en los sectores que han desbrozado el camino, quienes tratan de entorpecer cualquier cambio pueden volver a ganar la partida. Los pequeños pasos quedarían entonces reducidos a un nuevo discurso para que todo siga más o menos igual.

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