Sigue incierto futuro de cuestionados biciclos para la Policía

Sigue incierto futuro de cuestionados biciclos para la Policía

Procuraduría solicitó a esa institución dictamen técnico para saber si estos vehículos son útiles.

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21 de junio 2013 , 06:13 p.m.

En una bodega del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), en el sur de Bogotá, siguen almacenados los 50 biciclos eléctricos que la entidad distrital compró a finales del 2011 y que la Policía Metropolitana no recibió, porque no cumplieron con los requisitos técnicos.

Tal como lo denunció EL TIEMPO en marzo del año pasado, la gerencia del FVS de ese entonces, a cargo de Polo Ávila Navarrete, advirtió un presunto sobrecosto cercano a los 900 millones de pesos y supuestas irregularidades en el proceso de licitación durante la gerencia de Mauricio Solano, que favoreció a la firma Autoexpress Morato.

El contrato se hizo por más de 1.262 millones de pesos, y el 23 de diciembre del 2011 el Distrito pagó la mitad, es decir, 631 millones de pesos.

Sin embargo, el FVS inició una conciliación prejudicial ante la Procuraduría 55 Administrativa, en busca de la nulidad del contrato, de la devolución del anticipo y de regresar los biciclos (vehículos transportadores autobalanceados) a Autoexpress Morato.

Esto podría darse siempre y cuando la Policía Metropolitana de Bogotá rechace definitivamente los biciclos, pues la Procuraduría le solicitó a esa institución un dictamen técnico para saber si estos vehículos son o no útiles para el desarrollo de sus actividades. No obstante, altas fuentes de la Policía dijeron a EL TIEMPO que, aunque estos elementos serán probados, no creen que les puedan servir para sus labores de vigilancia y control de la ciudad. Aún no se ha dicho la última palabra.

Dado el caso en el que el organismo de seguridad decidiera recibir los vehículos, el FVS se vería obligado a pagar el saldo de 631 millones de pesos, pues es su obligación contractual, aunque en el proceso que lleva la Procuraduría 55 Administrativa se podrían tomar medidas en un futuro, de acuerdo con los hallazgos de las investigaciones.

Igualmente, una acción popular que cursa desde abril del año pasado en el Juzgado 44 Administrativo del Circuito de Bogotá pretende establecer cuál fue la utilidad real del contratista en la venta de los autobalanceados, con el ánimo de determinar si se presentó un sobrecosto y un eventual detrimento patrimonial.

REDACCIÓN BOGOTÁ

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