Habrían gastado $387 millones en obras que no existen en Sitionuevo

Habrían gastado $387 millones en obras que no existen en Sitionuevo

Denuncia del presidente del Concejo tiene en líos al alcalde de ese municipio del Magdalena.

21 de junio 2013 , 05:27 p.m.

La suscripción de 42 contratos de menor cuantía con recursos del Sistema General de Participación y de libre inversión para realizar obras como arreglo de colegios rurales, limpieza y canalización de caños y cambio de acometidas del acueducto, que se habrían cancelado en su totalidad sin que se hubieran ejecutado, tiene metido en líos al alcalde de Sitionuevo (Magdalena), Omar Alfonso Díaz Gutiérrez.

Estas presuntas irregularidades por malos manejos de los recursos públicos fueron denunciadas en abril pasado por el presidente del Concejo de Sitionuevo, Aníbal Silvera Altamar, y otros cinco concejales de la oposición, ante la Contraloría General de la República, la Contraloría General Departamental del Magdalena y la Procuraduría General de la Nación.

“En nuestro municipio se viene llevando a cabo una práctica de contratación ficticia de obras que únicamente aparecen en papeles, pero en la práctica no hay nada”, dijo Silvera, quien además aseguró que la mayoría de los contratos fueron adjudicados a personas que nunca han visto en el municipio.

Según un informe técnico de la Contraloría General Departamental del Magdalena, conocido por EL TIEMPO, la alcaldía de Sitionuevo habría incurrido en un presunto detrimento patrimonial por 387 millones de pesos por pagarles a contratistas obras inexistentes.

Así se pudo constatar en la inspección realizada del 20 al 31 de mayo pasado por dos comisiones encabezadas por el jefe de Planeación de la Contraloría, Carlos Pérez Espeleta, y el profesional de la oficina del contralor auxiliar del Control Fiscal, Carlos Alvarado Bello, quienes visitaron los sitios donde supuestamente se ejecutaron las obras contratadas en la vigencia 2012.

Entre los hallazgos más llamativos están un contrato para la reparación y mantenimiento con acabados del colegio central de la isla de Pensilvania, en el corregimiento de Palermo, por casi 10 millones de pesos, que no se ejecutó porque sencillamente el plantel no existe.

Según testimonios de residentes de ese sector, la institución educativa fue destruida hace más de cinco años por la creciente del río Magdalena y nunca han visto por allí al contratista Pedro Múñoz Vásquez. Hoy, el sitio donde estuvo ubicado el colegio es un terreno enmontado sin ningún tipo de construcción.

Hay más contratos

En otro contrato cuyo objeto era jornales de trabajo con recolección de la maleza en canoa para el mejoramiento del flujo de agua del Caño Banderilla, se comprobó que dicho caño está seco desde hace más de 15 años y además está localizado en un predio privado.

El mismo caso se presentó con el contrato de limpieza y canalización del caño El Coco, en el tramo que comprende desde La Arena hasta El Salitral, en zona rural del municipio. Por esto, la Alcaldía canceló 12 millones de pesos sin que se hubiera realizado ningún tipo de trabajo.

Otra irregularidad fue un contrato de limpieza, reposición de tubería y cambio de acometidas domiciliarias para el mejoramiento de servicio de agua de las carreras 4, 5, 6 y 7 del pueblo, por un valor de 9 millones de pesos.

El representante de la alcaldía dijo que el alcance de los trabajos fue la instalación de las acometidas, pero el concejal que acompañó la diligencia manifestó que esas acometidas habían sido instaladas por Aguas del Magdalena, a través de un contrato de optimización del acueducto, lo cual se comprobó al revisar dicho contrato.

La alcaldía también contrató la reconstrucción y mantenimiento de trailer de su propiedad, con la finalidad de utilizarlos en la recolección de basuras, por un valor de 7 millones de pesos, pero esto nunca se hizo. Los trailer objeto de reparación están dañados y tirados en el patio de la Alcaldía.

El secretario de Planeación Municipal, Ederlides Gutiérrez, le dijo a los representantes de la Contraloría que hicieron la inspección que este contrato estaba suspendido porque los recursos eran insuficientes y estaban a la espera de hacerle una adición, sin embargo, no se encontraron documentos que soportaran esa versión. Además, se halló un acta de recibo final del contrato.

Pero las irregularidades no solo tienen que ver con la no ejecución de las obras sino también con el proceso contractual. La mayoría de los contratos no tenían soportes de la etapa precontractual y no fueron publicados en el Portal Único de Contratación Estatal. Todos estos hallazgos, según el informe de la Contraloría, podrían tener connotaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.

El alcalde Omar Díaz le dijo a EL TIEMPO que aún no ha sido notificado del informe de la Contraloría y que una vez lo conozca responderá por sus actuaciones. “Un grupo de amigos concejales que me apoyaron en mi campaña y trabajaron conmigo el año pasado, a partir de este año me están acusando, denunciando. Sé que hubo una visita de la Contraloría, pero no tengo conocimiento de los resultados”, manifestó.

Un pueblo sumido en el abandono

El municipio de Sitionuevo, situado a orillas del río Magdalena, tiene presupuesto de 14.000 millones de pesos anuales. Sin embargo, la mayoría de su población está sumida en la pobreza, no hay servicio de agua potable y las vías son trochas intransitables.

La violencia también golpeó a esta tierra, en donde los paramilitares montaron aquí sus fortín militar y político.

“Aquí no se ve ninguna inversión, el progreso se ve solo en ellos (los alcaldes). El pueblo está sumergido en la miseria, somos bendecidos porque tenemos costa del río Magdalena y el mar Caribe, una Sociedad Portuaria (en el corregimiento de Palermo), pero no vamos a salir adelante con unos mandatarios como los que tenemos hoy”, dijo el concejal Silvera.

El alcalde Omar Díaz fue separado del cargo luego que en septiembre del año pasado el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró nula su elección. La Gobernación del Magdalena expidió un decreto convocando a elecciones atípicas para el 10 de marzo pasado; sin embargo, el Consejo de Estado, en un fallo de tutela, amparó el derecho al debido proceso del mandatario y ordenó su reintegro.

PAOLA BENJUMEA BRITO
Corresponsal de EL TIEMPO
Santa Marta

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